Puerto Rico necesita galenos de excelencia
Aun cuando la intención haya sido la de paliar la crisis por la escasez de médicos que aqueja al país, la solución que propone el Proyecto del Senado 1134 está muy lejos de proveer las garantías que requiere la formación de estos profesionales, lo que pone en riesgo la salud de miles de puertorriqueños, y perjudica aún más la prestación ya deficiente de los servicios médicos.
En vez de profundizar en la raíz del problema, que es la falta de fondos para financiar programas de calidad, acreditados por instituciones reconocidas, y atender los obstáculos que ponen las aseguradoras a los médicos que, desencantados, optan por emigrar, los autores de la pieza legislativa —senadores Carmelo Ríos, José Luis Dalmau y José Vargas Vidot— han recurrido a la salida más fácil y cuestionable: acreditar profesionales médicos a nivel local. A esos fines, proponen enmendar la “Ley de Licenciamiento y Disciplina Médica”.
La movida, que sin duda causaría un disloque en nuestro ya frágil sistema de salud, ha provocado el repudio de prácticamente todas las asociaciones médicas de la isla, a las que se han sumado importantes organizaciones de Estados Unidos mediante cartas a la legislatura. Y es que resulta insólito que, a través de ese proyecto de ley, una Junta local legitime la práctica de médicos cuya preparación académica y entrenamiento para desempeñarse en una especialidad o subespecialidad, siempre estarán en duda. La pieza legislativa no entra en detalles al respecto, lo que es una omisión preocupante.
Advierten asociaciones médicas de Puerto Rico que trabajar por 10 años sin supervisión no sustituye completar un programa adecuado de entrenamiento para validar las destrezas de un emergenciólogo o médico de familia.
En agosto de 2008, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica sustituyó lo que se conoció como el Tribunal Examinador de Médicos, cuya creación, en 1931, ya era totalmente obsoleta. Su ordenamiento había sufrido tantas enmiendas que obstaculizaba y complicaba el otorgamiento de las licencias para trabajar en Puerto Rico.
Sin embargo, hay un detalle fundamental que es el que lo cambiaría todo con el proyecto del Senado: hasta el presente, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica se ha limitado a verificar que las personas que van a ejercer la medicina cuenten con los entrenamientos y acreditaciones debidamente respaldadas por instituciones estadounidenses. Con el Proyecto del Senado 1134, esa Junta se arrogaría el derecho de licenciar a los médicos, sin que estos hayan sido acreditados por las agencias pertinentes. La medida incluso va en contra de esos mismos doctores, jóvenes en su mayoría, que podrán ejercer en Puerto Rico, pero no estudiar especialidades o subespecialidades en Estados Unidos. Tampoco podrán dedicarse a la práctica de la medicina en ningún otro territorio estadounidense. Para todos los efectos, serán médicos de un país extranjero sin garantías de su formación.
Ya hemos tenido una fatídica experiencia con el programa de entrenamiento de neurocirugía en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, cuando perdió su acreditación en 2021, entre otros factores, por no contar los residentes con la supervisión adecuada. ¿Cómo va a garantizar la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica que los programas de residencias estatales cumplirán con parámetros de excelencia, buena preparación académica y entrenamiento que estén a la altura de los actuales programas en Estados Unidos? Además, ¿cómo van a asegurarle a la población que la política partidista, que ha penetrado y envenenado otras instituciones que creíamos intocables, no va a intentarlo manipulando el programa?
Por décadas nuestro país se ha preciado de contar con los mejores profesionales en la ingeniería, la arquitectura y también en la medicina, entre otros campos. No es momento de optar por la ruta fácil ante circunstancias complejas como la insuficiencia de galenos.
Puerto Rico necesita servicios de salud de excelencia para toda la población y es imperativo procurar la máxima calidad en el campo de la salud. La medida considerada en la legislatura no promueve ese objetivo.
Los legisladores deben actuar para promover una clase médica sin limitaciones de desarrollo profesional en nuestro país. Si el proyecto no garantiza ese medular asunto, es preciso retirarlo.