Desestiman pleito de la Inter contra Manuel Fernós
El Tribunal de Primera Instancia desestimó el jueves una de múltiples controversias entre la Universidad Interamericana y el expresidente de la institución Manuel Fernós, como parte de una sentencia parcial que el abogado de la parte demandante adelantó que apelará.
La jueza superior Iris Cancio González , del Tribunal de San Juan, desestimó la demanda de la Interamericana tras concluir que había prescrito el término para que presentaran causas de acción contra Fernós y Dominique Gilormini, quien fuera director ejecutivo de su oficina. El recurso alega que Fernós y Gilormini violentaron su deber fiduciario al otorgar a MAP Strategies un contrato de servicios con dinero federal para el manejo de la emergencia por el COVID-19 que era innecesario y tampoco se ejecutó adecuadamente.
Según la sentencia, ni Fernós ni Gilormini eran directores corporativos de la institución, por lo que el término para presentar la demanda era de un año, a partir del momento en que la entidad adviniera en conocimiento del daño. La jueza puntualizó que el contrato con MAP Strategies –de $1.4 millones– concluyó el 30 de septiembre de 2021, pero la demanda se radicó el 29 de noviembre de 2022.
“Vamos a acudir al Tribunal de Apelaciones. Creemos que es un error craso en la interpretación y aplicación del Derecho”, dijo ayer Johnny Ocasio , abogado de la parte demandante. La sentencia es parcial, pues aún se mantiene el reclamo contra MAP Strategies por incumplimiento. Según Ocasio, la universidad no podía saber que el contrato había sido violentado hasta terminar una investigación interna, que ocurrió el 15 de septiembre del año pasado.
“El hecho aquí es que yo firmé un contrato para unos epidemiólogos durante la pandemia, con el propósito de salvar vidas de estudiantes y personal docente y no docente. Contrario a lo que ellos reclaman, el trabajo se realizó”, subrayó Fernós.
Fernós y la Interamericana aún están enfrascados en dos controversias legales: una vinculada con el proceso de arbitraje para dirimir los términos de su salida y otra en la que la institución reclama que el académico entregue unas claves de acceso a una cuenta telefónica.