Defienden la pericia de los planificadores
Proyecto que autorizaría a arquitectos e ingenieros a dirigir las entidades municipales fue aprobado por ambos cuerpos legislativos, pero al recibir enmiendas regresó a la Cámara
Un proyecto de ley que permitiría –entre otras cosas– que profesionales sin formación especializada en planificación dirijan las Oficinas de Ordenación Territorial ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones locales, que advierten que, si se aprueba, la medida tendría consecuencias “desastrosas” para el país.
Permitir que personas sin preparación en planificación asuman estos roles podría, según Marisol Rodríguez, vicepresidenta de la Junta de Directores de la organización ¡Planifiquemos!, facilitar un desarrollo desmedido y no sostenible, debilitar la participación comunitaria en los procesos e incrementar los riesgos de corrupción.
“Las voces de nuestras comunidades, académicos y profesionales de la planificación han sido claras: esta medida podría tener impactos perjudiciales duraderos”, subrayó Rodríguez.
El Proyecto de la Cámara 1034, de la autoría del representante popular Domingo Torres y suscrito también por su homólogo Ángel Fourquet, busca que los municipios tengan “las herramientas y la autonomía fiscal necesaria para el desarrollo urbano, social y económico”.
El Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) dispone que el puesto de director de las Oficinas de Ordenación Territorial de los municipios sea ocupado “únicamente” por planificadores licenciados. Pero, de aprobarse la medida tal y como está redactada, se eliminaría este requisito y se abriría la puerta a que los ayuntamientos recluten “a profesionales en disciplinas con experiencia en el campo de la planificación y urbanismo”, como lo serían arquitectos e ingenieros licenciados con cinco años o más de trabajo en este campo.
SOLO PLANIFICADORES “CAPACITADOS”
En su versión original, la pieza legislativa proponía ocho años o más de experiencia en el área de planificación para los ingenieros y arquitectos interesados en el cargo, pero se enmendó a cinco años ante los reparos de ciertos grupos e individuos, como el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres, según surge del trámite legislativo.
En la actualidad, 12 de los 78 municipios han logrado obtener la transferencia de jerarquías de ordenación territorial mediante convenios firmados con la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
La Oficina de Ordenación Territorial, según la Ley 107, tiene la responsabilidad de preparar, revisar y supervisar el desarrollo y cumplimiento de los planes de ordenación. Asimismo, debe celebrar vistas públicas relacionadas con esos procesos.
“Esta medida es irresponsable y, sin duda alguna, tendría consecuencias desastrosas para el futuro de la planificación y el desarrollo sostenible en Puerto Rico”, sostuvo David Carrasquillo, director ejecutivo de ¡Planifiquemos!, una entidad sin fines de lucro que promueve la planificación comunitaria participativa.
Carrasquillo recordó que los planificadores, como parte de su formación, adquieren una serie de conocimientos que los capacitan para considerar no solo los aspectos físicos del desarrollo, sino también sus dimensiones sociales, económicas y ambientales. “Ciertamente, no estamos hablando de carreras ni cerca relacionadas. Un arquitecto e ingeniero está dirigido a la construcción, y un planificador busca sostenibilidad y balance entre los demás elementos”, expuso.
Al igual que Rodríguez, teme que abrir esta puerta provoque situaciones en las que las decisiones sobre el uso del territorio se basen más en modelos de desarrollo económico a corto plazo, que apuestan a un desarrollo desmedido y no sostenible, “ignorando las necesidades reales de las comunidades y poniendo en peligro nuestros valiosos recursos naturales y culturales”.
“NO AMERITA UN HURACÁN”
Tanto la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado como la Comisión de Autonomía Municipal de la Cámara favorecieron la medida. El proyecto de ley recibió el aval de ambos cuerpos legislativos, pero sufrió enmiendas en el Senado, por lo que regresó ante la consideración de la Cámara.
“Me sorprende un poco que estemos haciendo un huracán en algo que yo creo que no lo amerita, porque aquí no se le está restando méritos a su profesión, sino buscando alternativas en un momento histórico”, opinó el representante Torres.
“Aquí no estamos buscando menoscabar la capacidad del planificador. Estamos buscando cómo, colectivamente, adelantamos las causas del país”, abundó el autor de la pieza.
El representante indicó que el proyecto de ley se presentó a solicitud de los alcaldes que han
“Aquí no estamos buscando menoscabar la capacidad del planificador. Estamos buscando cómo, colectivamente, adelantamos las causas del país”
DOMINGO TORRES AUTOR DE LA PIEZA
señalado retrasos en el proceso de reconstrucción en sus municipios ante la ausencia de un planificador para dirigir la Oficina de Ordenamiento Territorial. “Entre algunos alcaldes, tampoco hay voluntad para pagar bien y remuneradamente estas plazas”, señaló, por su parte, Carrasquillo.
En el Senado, votó en contra de la medida la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), compuesta por Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, así como los novoprogresistas Thomas Rivera Schatz y Juan Oscar Morales, el independiente José Vargas Vidot y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.
Mientras, en la Cámara, los votos en contra fueron de los representantes del MVC, Mariana Nogales y José Bernardo Márquez Reyes; el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, y de su homóloga de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos.
Torres no anticipó inconvenientes con la aprobación final de la medida.
LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN SE OPONE
Por su parte, la Junta de Planificación, a través del memorial explicativo presentado por su presidente, Julio Lassuz Ruiz, durante el proceso de evaluación legislativa, se opuso a los cambios propuestos, no solo por los posibles conflictos de interés que las modificaciones pudieran generar, sino porque las otras profesiones propuestas en la medida “no tienen la formación para anticipar conflictos”.
“Las demás profesiones lo ven todo desde un punto de vista unilateral, mientras el planificador lo hace de forma holística”, recoge el informe de la Comisión de Asuntos Municipales del Senado.
Asimismo, Lassuz Ruiz sostuvo que una resolución de la agencia (JP-2021-307) dispone que los planes de ordenación y todos los documentos que lo conforman deben estar certificados por un planificador licenciado.
De igual forma, el Reglamento Conjunto de Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, con vigencia del 7 de junio de 2019, y el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, válido desde el 2 de enero de 2021, requieren que los planes maestros sean certificados y sellados por un planificador profesional licenciado.
“Esta medida es irresponsable y, sin duda alguna, tendría consecuencias desastrosas para el futuro de la planificación y el desarrollo sostenible en Puerto Rico”
DAVID CARRASQUILLO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ¡PLANIFIQUEMOS!