Denuncia legislaciones “nefastas” para el ambiente
El representante afirma que los proyectos reducen el rango de acción gubernamental, limitan la participación ciudadana y permiten otorgar permisos por la vía rápida
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes, Denis Márquez, denunció ayer la reciente radicación de un paquete de 13 medidas -la mayoría de la autoría de miembros del Partido Popular Democrático (PPD)- que reducen el rango de acción gubernamental en la evaluación y concesión de permisos, limitan la participación ciudadana y permiten otorgarlos por la vía rápida o “fast track”.
“Son proyectos que, obviamente, van dirigidos, no a agilizar, sino a un claro libertinaje de un proceso de otorgación de permisos en beneficio de diversos sectores”, advirtió el legislador independentista durante una conferencia de prensa en el Capitolio.
Entre las medidas presentadas la semana pasada, está el Proyecto de la Cámara 2057, que modifica el alcance del permiso único y reduce el tiempo de las agencias gubernamentales para evaluar los impactos de la obra propuesta, y el Proyecto de la Cámara 2058, que dispone que, en los proyectos subvencionados con fondos federales, las dependencias públicas o municipales tendrán 20 días laborables para emitir comentarios.
Esta última medida, asimismo, enmienda el proceso de notificación a las comunidades –que en este caso se haría mediante la publicación de edictos en periódicos de circulación general– y limita el rango de acción legal de la parte afectada, que “como único remedio” tendría que presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones.
De igual forma, está ante la consideración de la Legislatura el Proyecto de la Cámara 2059, que redefiniría la figura del “profesional autorizado”, y coloca en sus manos la evaluación de proyectos y la emisión de licencias y certificaciones. “El poder de emitir licencias y certificaciones es un acto gubernamental y lo están privatizando mediante estos proyectos de ley a través de esta figura”, subrayó Márquez.
“Por más códigos de ética que les pongan a estos funcionarios, por más limitaciones que hagan, estamos trasladando a entes privados funciones gubernamentales… Nos parece que es uno de los proyectos más peligrosos que hay en todas estas medidas”, agregó sobre el proyecto 2059.
También se presentó el Proyecto de la Cámara 2061, que “clarifica” el alcance del “permiso de uso domiciliario”, mecanismo que permite que se utilice hasta el 25% del espacio del hogar residencial para operar un negocio sin la necesidad de ubicar rotulación. Este permiso tendría que ser concedido en 24 horas.
Márquez, asimismo, mencionó el Proyecto de la Cámara 2067, que permitiría a los municipios contratar por servicios profesionales y a tiempo parcial al personal dedicado a la evaluación y otorgación de permisos. “Parece que al autor de esta medida se le olvidó que las funciones gubernamentales las hacen los funcionarios públicos y no los contratistas. Los contratistas asesoran, llevan a cabo labores de representación...”, aseveró.
A su vez, el representante incluyó en la lista el Proyecto de la Cámara 1992, que dispone que, si en 30 días el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no se expresa sobre una propuesta obra de construcción, se concluirá que no hay objeciones y se procederá a otorgar el permiso solicitado.
“Esto sí que es una soberana barbaridad. Todo el mundo conoce los problemas que tiene de personal científico el DRNA, los pocos funcionarios que quedan allí, y lo que están haciendo con este proyecto de ley es básicamente estableciendo un mecanismo ‘fast track’ en la aprobación del mismo para que, en la práctica, no haya ninguna evaluación ambiental”, expuso.
Las medidas legislativas fueron presentadas en su mayoría la semana pasada y, ayer lunes, fueron aprobadas en consideración final, proceso conocido por “mark-up”, por la Comisión de Pequeños, Medianos Comercios y Permisos de la Cámara, por lo que podrían ser llevadas ante la consideración del pleno en cualquier momento.
Figuran como autores en casi todas las piezas el líder cameral, Rafael Hernández Montañez, así como Víctor Parés Otero, Jessie Cortés Ramos, Jesús Hernández Arroyo y Wilson Román López.
El contenido de estas medidas, explicó Márquez, formaba parte del sustitutivo al Proyecto de la Cámara 626, vetado por el gobernador Pedro Pierluisi en enero. Al emitir su determinación adversa, el mandatario señaló que la implementación de esa medida representaría un retraso de 13 años, ya que convertiría a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en una agencia “solo para recibir y remitir solicitudes de permisos oficiales a las agencias concernidas”.
“Siguen siendo tan malos como lo fueron en una primera ocasión, ahora peores... Estos proyectos de ley establecen una política pública nefasta de lo que debe ser la planificación urbana”, opinó Márquez.
“Son proyectos que, obviamente, van dirigidos, no a agilizar, sino a un claro libertinaje de un proceso de otorgación de permisos en beneficio de diversos sectores” DENIS MÁRQUEZ
PORTAVOZ DEL PIP CAMERAL