CARLOS DÍAZ SÁNCHEZ
Urgió a que Justicia y Hacienda hagan cumplir el Código de Anticorrupción y recobrar del convicto empresario el dinero producto de contrataciones ilícitas con fondos públicos
El precandidato al Senado por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Díaz Sánchez emplazó ayer a la jefatura de los departamentos de Hacienda y de Justicia a actuar contra el convicto empresario Oscar Santamaría para cobrarle medio millón de dólares correspondientes a supuestas contribuciones sobre ingresos dejadas de pagar producto de contrataciones ilegales.
Específicamente, Santamaría fue señalado por Díaz Sánchez debido a que el contratista habría dejado de pagar contribuciones sobre ingresos y así enriquecerse por casi $2 millones.
De acuerdo con el aspirante popular, el dinero habría sido generado en efectivo a través de la empresa VIP Healthcare Solutions, que fue contratada mediante coima en el municipio de Cataño, y apuntó que los fondos ilícitos fueron utilizados para el pago de sobornos a alcaldes, permitiéndole al empresario obtener contratos ilegales con la ayuda de diversas compañías.
“Estamos en temporada de planillas y, para el contribuyente puertorriqueño, debe ser frustrante saber que un corrupto, convicto y desaforado licenciado como Oscar Santamaría haya recibido de una empresa como VIP Healthcare Solutions una cantidad de $30,000 mensuales en efectivo, con los cuales pagaba, a su vez, los sobornos”, sostuvo el político del PPD.
Díaz Sánchez estimó que el empresario debe, al menos, $500,000 en contribuciones correspondientes a alrededor de $1.8 millones en ganancias.
El postulante del PPD emplazó tanto a los secretarios de Hacienda y Justicia, Nelson Pérez Méndez y Domingo Emanuelli, respectivamente, como al gobernador Pedro Pierluisi, a hacer valer el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico (Ley 2 de 2018), “que dice que toda persona que robó al pueblo de Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico, se le vaya a cobrar”.
“¿Qué han hecho los secretarios de Hacienda y Justicia para recobrar el dinero que le correspondía pagar a Santamaría? Los emplazo a tomar acciones legales contra otras corporaciones pertenecientes al convicto, como Saint Mary Investment, Fresh Cookies PR, Corp., Waste Collection, Waste Management y Queen Management, LLC, entre otras”, enumeró.
“Este llamado a la acción y cumplimiento de la responsabilidad fiduciaria de los secretarios es crucial para combatir la corrupción y asegurar que aquellos que se benefician ilegalmente a expensas del pueblo puertorriqueño rindan cuentas ante la ley. No podemos seguir enviando el mensaje de que ser corrupto, evasor contributivo o malversador de los fondos públicos, paga”, declaró.
El también exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP) recordó que, en uno de los esquemas de corrupción que involucraban a Santamaría, revelados durante las vistas en el Tribunal Federal, salieron a relucir pagos en efectivo realizados por la presidenta y tesorera de la empresa administradora del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del municipio de Cataño, mientras era alcalde Félix “el Cano” Delgado.
Asimismo, repasó que Ivelisse Rivera Padilla y Carla Carrillo Torres -empleadas del convicto en su firma Law Affairs antes de la creación de la corporación de salud VIP Healthcare Solutions en 2017pagaban a Santamaría $30,000 mensuales en efectivo, dinero que era utilizado para sobornar a alcaldes con el fin de obtener contratos de manera ilegal. Ambas empleadas se declararon culpable por actos fraudulentos.
Díaz Sánchez enfatizó en que las autoridades federales han expuesto varios esquemas de corrupción por los cuales el empresario convicto se enriqueció, en los que ofrecía sobornos a alcaldes a cambio de contratos.
La vista de sentencia federal contra el empresario convicto fue pospuesta para el 2 de abril en el Tribunal Federal, en Hato Rey, luego de que el juez presidente de ese foro judicial, Raúl Arias Marxuach, acogió una petición de la abogada de la defensa, María Domínguez.
Originalmente, la sentencia de Santamaría estaba pautada para el 8 de marzo de 2022, unos meses después que se declarara culpable y accediera a cooperar con la fiscalía federal. El empresario se declaró culpable el mismo día en que también lo hizo el entonces alcalde Delgado, después que aceptaran haber participado en un esquema de corrupción.