Ganar por confiscación
Las cosas por su nombre
Ninguno de los candidatos políticos que fueron tachados de la papeleta de las próximas elecciones por una decisión del juez Anthony Cuevas, en la semana recién concluida, carece de los requisitos constitucionales para aspirar a un cargo público en Puerto Rico.
Todos han residido aquí por más de dos años, tienen la edad requerida para aspirar, saben leer y escribir y hablan español o inglés. Eso, más vivir en el área que aspiran a representar, es todo lo que exige la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) para los puestos a los que aspiran casi todos los tachados.
Dos de los tachados, la senadora Ana Irma Rivera Lassén y el exmilitar Edgardo Cruz, aspiran a un puesto que no aparece en la Constitución del ELA. La comisaría residente en Washington fue creada por la Ley Foraker, el estatuto federal mediante el cual Estados Unidos organizó un gobierno civil colonial aquí tras la invasión militar de 1898.
La Ley Foraker no estableció ningún requisito específico para ser comisionado residente. Mas tratándose de un puesto entendido, por lo regular, como un miembro del Congreso de Estados Unidos (no lo es y no solo porque no tenga voto), cabe mencionar que Rivera Lassén y Cruz también cumplen con los requisitos de la Constitución estadounidense para ese puesto: tienen la edad requerida, han sido ciudadanos estadounidenses por, al menos, siete años y residen, al momento de la elección, en el sitio al que aspiran a representar.
Tres de los tachados –Rivera Lassén, la representante Mariana Nogales y el senador Rafael Bernabe– se sometieron, en 2020, al juicio del país, que le tuvo en la suficiente estima como para elegirlos legisladores por acumulación. Entre los tres, sacaron 220,991 votos. Hay, entonces, 220,991 personas que, en noviembre, no tendrán la oportunidad de volver a pasar juicio sobre estas personas.
Algunos estarán preguntándose ya por qué, si cumplen con los requisitos, y tres de los tachados incluso fueron ya favorecidos en otra elección, han sido impedidos, por determinación judicial, de presentarse a los comicios.
La clave está en algo que también establece, en su cuarta sección, la Constitución del ELA. “Se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas”.
Es decir, aunque la Constitución establece los requisitos esenciales para ser candidato, mediante ley se han agregado muchos más, como son, por ejemplo, las pruebas de dopaje, los certificados de antecedentes penales, de no deuda y muchos más. Un día, de hecho, alguien va a cuestionar alguno de esos requisitos que no aparecen en la Constitución y, posiblemente, triunfe. Pero, por ahora, la ley es la ley.
Los candidatos descalificados por la decisión, en respuesta a un pleito presentado por cuatro políticos del Partido Popular Democrático (PPD), fueron víctimas del enjambre de prerrequisitos, requisitos, posrequisitos y más requisitos que se han ido agregando a la ley, sobre todo, en los últimos años.
Ellos creían que no tenían que recoger endosos porque no van a primarias, sino que se escogerían por método alterno. De hecho, antes de que llegara la decisión, Victoria Ciudadana llevó a cabo su elección con método alterno. Fueron escogidos Rivera Lassén, como su candidata a Washington; Bernabe y Alejandro Santiago Calderón, como aspirantes al Senado; y Nogales y Myrna Conty, para la Cámara.
Un reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) dice que tenían que haber recogido endosos, aunque no van a primarias, porque había más gente aspirando que puestos disponibles. Si querían evitar los endosos, dice el reglamento, tenían que haber llevado a cabo la elección de método alterno antes del 30 de diciembre del año pasado.
Hay un par de cosas que complican el panorama.
Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad sometieron ante la CEE, como manda la ley, su reglamento de método alterno y nadie les advirtió del tema de los endosos. Igual, la decisión del juez Cuevas establece que, cuando los ahora descalificados sometieron sus candidaturas, el sistema automatizado de la CEE se las aceptó con la siguiente afirmación: “Si su partido ha sido acogido por método alterno de selección, según el Código Electoral de Puerto Rico de 2020, no es requisito presentar peticiones de endosos”.
Parecería, visto así, que fueron inducidos a engaño por la CEE, que es el organismo facultado en ley para regular y administrar este proceso. Uno de los tachados, Olvin Valentín, quien fue comisionado electoral de Victoria Ciudadana y aspiraba a un escaño cameral, dijo públicamente que la actual comisionada electoral del partido, Lillian Aponte Done, también les indicó a los aspirantes que no tenían que recoger endosos.
Este periodista supo, además, que, desde el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), con el que Victoria Ciudadana alcanzó un acuerdo de alianza, se les orientó acerca de cómo ellos llevan a cabo su método alterno sin necesidad de endosos.
Pese a todo esto, el juez Cuevas, agarrándose de la letra de la ley, mandó a sacarlos a todos de la papeleta. “No podemos abstraernos e ignorar las consecuencias electorales que esta decisión les ocasiona, no solo a los querellados, sino a sus constituyentes. Sin embargo, como jueces, solo podemos resolver las controversias interpretando la ley, la cual, cuando es clara, no hay margen posible para ignorarla con paralogismos erráticos”, dijo, en su escrito.
Queda claro, examinando los hechos aquí, que candidatos bonafide, que cumplen con los requisitos constitucionales y que antes han gozado de un respaldo no insignificante de parte del electorado, han quedado fuera de la papeleta por haber malinterpretado una ley o por haberse dejado orientar por quien no les orientó bien.
No se demostró ninguna intención de defraudar al sistema (como los que han sometido endosos fraudulentos), de pasarse de listo, ni buscar adrede la ruta fácil para pasar menos trabajo que otros. Fueron, en el peor de los casos, o temerariamente descuidados o absurdamente ingenuos.
Los que les enfrentaban en las urnas también pierden. No tendrán la oportunidad de derrotarlos contando votos, como se supone que sea. Van a sentirse como el que gana un juego por confiscación, lo cual no es nunca del agrado de los verdaderos competidores.
Quedan alternativas de apelación y estrategias políticas con las cuales los afectados pueden intentar suavizar este golpe, que, en el caso de Victoria Ciudadana, que pierde a todos sus principales candidatos menos a Manuel Natal, es brutal.
La ley es la ley y, para que las cosas funcionen, tiene que ser respetada.
Pero, en este caso, en que quedaron fuera del vital juego de la democracia, que tanto nos tiene que importar a todos, personas que cumplen con los requisitos más esenciales y que no se demostró, o siquiera se alegó, que tuvieron ninguna intención de torcer ninguna regla, permanece flotando en el aire una fragancia muy desagradable que, en su esencia tan tremendamente amarga, va a enrarecer todo el aire que respiremos en lo que queda de este proceso.