No tiran la toalla pese a la anulación de la Ley 41
El gobierno negocia con la Junta de Supervisión Fiscal algunas partes de la malograda reforma laboral con miras a aprobarlas en mayo
WASHINGTON- Sin esperanza de validar la ley que propuso cambios en las normas laborales, las ramas Ejecutiva y Legislativa de Puerto Rico mantienen negociaciones avanzadas en busca de aprobar en mayo próximo –si logran el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)– una buena parte de las iniciativas en apoyo a los trabajadores de la empresa privada que eran parte del anulado estatuto.
“Espero que podamos alcanzar un acuerdo sobre ocho o 9 de las (principales) propuestas. Cualquier cosa que podamos acordar será positivo”, dijo ayer, en entrevista con El Nuevo Día, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.
El lunes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rehusó considerar los recursos de certiorari con los que tanto Hernández Montañez como el gobernador Pedro Pierluisi intentaron que se revisara la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federal, con base en Boston, que validó la decisión de la JSF de anular la Ley 41 de 2022 porque el Ejecutivo no presentó un estudio sobre su impacto económico.
La ley hubiese restablecido derechos y beneficios de los trabajadores que fueron tachados por la reforma laboral de 2017 de la administración de Ricardo Rosselló Nevares.
La Cámara de Representantes y el Senado ya aprobaron un tercer proyecto de cambios en las normas laborales del territorio estadounidense que se encuentra en comité de conferencia, un momento que la JSF ha pedido se utilice para buscar un acuerdo de consenso, según Hernández Montañez.
Para este nuevo esfuerzo, se cuenta con un análisis de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) del Ejecutivo y de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), indicó, en San Juan, Pierluisi.
“Van a tener el beneficio de los estudios… Si se aprueban, tomaré mi decisión, en cuanto a firma, cuando lleguen a mi despacho”, agregó Pierluisi, al insistir, como Hernández Montañez, en que los estudios “confirman que ese tipo de enmienda no es negativa para nuestra economía”.
Según Pierluisi, se busca distribuir las iniciativas en varias medidas, no en una que las agrupe todas.
La Ley 41 de 2022 buscó restablecer a 15 días la licencia de vacaciones anuales a la que tienen derecho los trabajadores de la empresa privada que laboran a tiempo completo; aumentar las indemnizaciones por despido injustificado, la paga doble a un estudiante que trabaja un séptimo día en grandes empresas y mejorar el acceso al bono de Navidad, entre otras cosas.
La confirmación de la anulación de la Ley 41 de 2022 supone que el período probatorio vigente para los empleados del sector privado será de nueve meses para un trabajador no exento y de 12 meses para un empleado exento.
Mientras, los empleados de la empresa privada que comenzaron a trabajar después del 26 de enero de 2017 tendrán que laborar, como mínimo, 130 horas mensuales para tener derecho a acumular licencia de vacaciones y de enfermedad.
Hernández Montañez evitó decir cuáles son las propuestas cobijadas por la Ley 41 de 2022 que los funcionarios administrativos de la JSF –que negocian con sus asesores– ya han objetado. Pero, insistió en que rechazan la argumentación del ente fiscal de que alguna de esas propuestas tiene un impacto negativo para la economía.
“Esperamos que antes de mayo sepamos cuál es la decisión de la (JSF) y las disposiciones en que estemos de acuerdo”, sostuvo Hernández Montañez, al indicar que quiere legislar antes de llevar el presupuesto de 2024-2025 a votación y es consciente de que en el ente fiscal permea “el estado de derecho de Estados Unidos”, basados en una “historia laboral completamente diferente” a la de Puerto Rico.