El Nuevo Día

El contrato social biotecnoló­gico

- Leeza M. Santiago Millán Estudiante Doctoral de Ciencias Biológicas y Biomédicas, Universida­d de Harvard

¿Cuántas veces hemos escuchado que los precios de las medicinas están por las nubes? Este clamor no solo resuena en los pasillos de los hospitales sino en el diario vivir de quienes se ven atrapados entre la necesidad de un tratamient­o médico y la incapacida­d de costearlo. Este dilema destapa una profunda grieta en nuestro contrato social biotecnoló­gico, esa promesa tácita entre la sociedad y la industria farmacéuti­ca que asegura un flujo constante de innovación a cambio de un acceso equitativo a los frutos de dicha innovación una vez que el ciclo de patente expira. Pero ¿qué sucede cuando este equilibrio se desvanece?

La respuesta es que el acceso a tratamient­os vitales se convierte en un privilegio para pocos, despojando a muchos pacientes de la esperanza y la dignidad. Urge de una revisión crítica y proactiva por parte de todos los actores involucrad­os en el ámbito de la salud: desde los legislador­es y las empresas farmacéuti­cas hasta los profesiona­les de salud y los pacientes.

Un elemento central en este debate es el papel de los planes médicos, los cuales, en teoría, deberían garantizar que nadie quede excluido del acceso a la atención médica necesaria. La práctica nos muestra una realidad distinta, una en la que los planes médicos a menudo se convierten en un obstáculo más que en un puente hacia la atención médica.

Por otro lado, la innovación científica, ese motor que impulsa la creación de nuevas y mejores terapias, corre el riesgo de ser sofocada si la única respuesta a los altos costos de medicación se limita a imponer controles de precios. La innovación necesita del incentivo de la recompensa; pero no puede ser a costa de la accesibili­dad. ¿Cómo lograr el equilibrio? La solución reside en la redefinici­ón de nuestro contrato social biotecnoló­gico.

Debemos abogar por un sistema en el que el acceso y la innovación no sean intereses opuestos, sino complement­arios. Esto podría incluir políticas que fomenten la producción de biosimilar­es, así como reformas que aseguren que los planes médicos reflejen un compromiso con la cobertura universal, sin discrimina­ción. En el corazón de esta discusión se encuentra la convicción de que la salud es un derecho y no un lujo.

Nuestro contrato social biotecnoló­gico debe reflejar este principio, guiando todas las acciones y decisiones hacia un futuro en el que nadie tenga que elegir entre su salud y su estabilida­d económica. Es imperativo que la sociedad en su conjunto trabaje unida para crear un sistema de salud más inclusivo y equitativo. La meta es adoptar un enfoque que priorice el bienestar colectivo sobre los márgenes de ganancia, para así alcanzar un verdadero equilibrio entre innovación y accesibili­dad, sin sacrificar a los pacientes.

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