Da paso a dos proyectos sociales
A través de las leyes, se creará un registro de las entidades públicas que les ofrecen apoyo y se adiestrará al personal de las tres ramas de gobierno
El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley dos proyectos dirigidos a mejorar la atención que reciben las personas inmigrantes en Puerto Rico, al ordenar la creación de un registro de las entidades públicas y del tercer sector que les ofrecen apoyo, así como requerir a las tres ramas de gobierno que adiestren a su personal en la prestación de servicios a esta comunidad.
El Proyecto del Senado (PS) 1357, por un lado, ordenó a la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros del Departamento de Estado producir un catálogo “de todas las entidades públicas, tanto municipales, locales y federales, así como de todas las entidades del tercer sector, locales e internacionales, que brindan servicios y apoyo a las personas inmigrantes, independientemente del estado migratorio de las personas servidas”.
El catálogo se actualizará anualmente y tendrá la dirección y la información de contacto de las entidades, e incluirá, entre ellas, a los departamentos de Salud, Familia, Seguridad Pública y Educación. El Departamento de Estado, que deberá mantener copias impresas en su sede en San Juan y colgarlo en su portal digital, tendrá igualmente la obligación de publicarlo en tres idiomas, además del español e inglés.
El PS 1357 fue presentado por los senadores populares Javier
Aponte Dalmau, Héctor Santiago Torres y Rubén Soto.
La nueva Ley de Sensibilización hacia la Comunidad Inmigrante en la Prestación de Servicios del Gobierno, en tanto, define las dependencias que estarán a cargo de adiestrar al personal de las respectivas ramas de gobierno en el manejo de los servicios que se proveen a inmigrantes.
Según el PS 1358, que dio paso a la ley, se busca que los adiestramientos “sensibilicen el servicio hacia la comunidad de inmigrantes, dando a conocer las necesidades particulares de estas personas, los derechos humanos y civiles que les cobijan, los distintos estados migratorios que existen, las entidades del gobierno federal y local, así como del tercer sector, que proveen los servicios necesarios para estas personas, y las conductas de prejuicio que no se tolerarán en el servicio público”.
En la Rama Legislativa, corresponderá a la Oficina de Servicios Legislativos organizar los adiestramientos, y en la Rama Ejecutiva, tocará a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos y la Oficina de Ética Gubernamental, que atenderá a su propio personal.
La nueva ley dispone que los adiestramientos en la Judicatura se proveerán a través del sistema de educación judicial.
Aponte, Santiago y Soto fueron los autores del PS 1358, junto a los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe.