Insiste en pedir un lugar en la Junta de la AEE
Recurre al Apelativo para que se le certifique como representante de los consumidores, puesto que ha permanecido vacante desde el 20 de marzo, en medio de la pugna entre el empresario y el Ombudsman
El experto en sistemas de información Giancarlo González Ascar recurrió al Tribunal de Apelaciones para insistir en su reclamo de que se le certifique como representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una silla que ha estado vacante desde el 20 de marzo.
Tal como ocurrió en el trámite administrativo ante la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), la representación legal de González Ascar recalcó que el conocimiento en informática del empresario y su experiencia manejando datos del sistema eléctrico, junto a la falta de precisión en el estatuto que regula la elección del representante de los abonados, tornan improcedente el rechazo a su aspiración por la presunta ausencia de “pericia en asuntos de energía”.
En el recurso de revisión administrativa, presentado el 3 de mayo, el licenciado Fernando Agrait esbozó la teoría de que todos los ámbitos que abordan la Ley 57-2014 y la Ley 17-2019 –que en conjunto disponen la política pública energética y sus mecanismos de fiscalización– son “asuntos de energía”, por lo que así debieron ser considerados por el Ombudsman al evaluar las credenciales de González Ascar.
“Erró el Ombudsman al definir ‘asuntos de energía’ de una forma absolutamente restrictiva, desconectada de la realidad moderna de los sistemas de información y telecomunicaciones integrales a los asuntos de energía”, señaló Agrait, en el recurso, como el primero de cuatro “errores” expuestos al Apelativo, ante el que argumentó, además, que temas como la “transparencia, acceso, participación y sistemas de información” son esenciales en la supervisión de las funciones de la AEE.
Según el alegato de González Ascar, el Ombudsman “carece de autoridad para aplicar y definir” el estándar de pericia en asuntos energéticos, al señalar que es el Negociado de Energía de Puerto Rico el organismo que, por mandato estatutario, cuenta con ese conocimiento.
“Si no hay un estándar claro para medir a los aspirantes a candidatos, no hay espacio para hablar de que estos tienen notificación adecuada de cómo el Estado medirá su interés. Ello es como acusar de un delito que no está tipificado adecuadamente. Es decir, no se cumple con el debido proceso de ley”, puntualiza el escrito.