Queda de nuevo en suspenso canalización del río Piedras
Un subcontratista del proyecto liderado por el Cuerpo de Ingenieros procedió con el derrumbe de una vivienda sin recibir el aval federal
El subcontratista encargado de la demolición de casi una veintena de viviendas en una calle de la urbanización Puerto Nuevo, en San Juan –como parte de los trabajos de canalización del río Piedras– comenzó labores el pasado fin de semana sin la autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés), período en el que derrumbó una de las propiedades y provocó un accidente con el vehículo de una residente.
Las acciones del subcontratista Homeca Inc. han vuelto a poner en suspenso el trámite para las demoliciones en la calle 25 de la urbanización, cuya ejecución debió haber comenzado a finales de febrero, pero que, desde entonces, se ha demorado por deficiencias en los permisos y la ausencia de personal esencial, ha reconocido el USACE.
“Los movimientos realizados por el subcontratista fueron sin autorización, y nuestro equipo advino en conocimiento luego de que estos ocurrieran. Tan pronto la comunidad nos avisó, ordenamos que los trabajos se suspendieran”, expresó, por escrito, la jefa de Construcción del Task Force Islas Vírgenes-Puerto Rico del USACE, Maricarmen Crespo, quien precisó que el jueves recibió la denuncia de Susannah Kinard, portavoz del grupo comunitario Amigos de Puerto Nuevo por la Cuenca.
Crespo precisó que, el viernes pasado, el liderato del USACE para proyectos de Puerto Rico se reuniría con el personal de asuntos legales y de contrataciones, “quienes tienen la autoridad sobre el contrato, para identificar los pasos a seguir y evitar que esto ocurra nuevamente”.
Homeca Inc., registrada en Caguas, indica en su portal que provee una variedad de servicios, incluyendo obras de demolición, reciclaje y control de contaminación. Para los trabajos en la calle 25, la empresa fue reclutada por All Phase Services, el contratista del USACE, con base en el estado de Florida.
Kinnard, en entrevista con El Nuevo Día, aseguró que “no es la primera vez” que se reanuda la ejecución de las obras sin comunicación previa con la comunidad, pese a los acuerdos alcanzados con el USACE.
“Puedo asumir que no van a botar al (sub)contratista. Que ya ocurrió el incidente, te disculpaste, pero ya mismo van a empezar otra vez”, señaló Kinnard.
En un correo electrónico al USACE, que compartió con este medio, Kinnard describió la presencia de un camión tipo “flatbed” que obstruía la intersección entre la calle 25 y la calle 10 de la urbanización, a pesar del acuerdo para que los trabajos de demolición no impacten vías adicionales en la comunidad. Asimismo, en uno de los terrenos de la calle 25, había una excavadora junto a un tanque “inclinado sobre el suelo, sin enganche, y los escombros de otra estructura demolida, lo que confirma el inicio de labores y el manejo inadecuado de equipo”, detalló.
En una visita el viernes, El Nuevo Día pudo observar el tanque y la excavadora junto a los escombros.
El accidente con el vehículo de una residente –que fue reportado el miércoles a la Policía–, presuntamente, fue provocado cuando el camión intentó doblar de la calle 10 a la calle 25, a pesar de las preocupaciones que vecinos habían expresado previamente.
Según Kinnard, el USACE ni los contratistas han entregado a la comunidad el plan de manejo de asbestos y plomo que se seguirá con las demoliciones.
El proyecto de demolición de 18 viviendas en Puerto Nuevo –adquiridas por el gobierno estatal entre 2019 y 2023– es el paso previo a la canalización de un segmento de 6.4 millas del río Piedras, que incluirá el ensanchamiento de 80 a 160 pies del cauce del cuerpo de agua, con el objetivo de reducir el volumen de inundaciones. El proyecto, conceptualizado desde la década de 1980, ha sido objeto de críticas por líderes ambientalistas y comunitarios que han advertido del impacto ecológico y social del mecanismo seleccionado por el USACE, que requiere una inversión estimada en $2,700 millones.
Para las fases restantes del proyecto, que abarcan urbanizaciones de Río Piedras como University Gardens, Villa Nevárez, Jardines Metropolitanos y Reparto Metropolitano, se espera que el gobierno adquiera y demuela un centenar de propiedades adicionales.
FALTA EMPLEADO ESENCIAL
De otro lado, el USACE señaló que, si bien se resolvieron las fallas en los permisos que, hasta marzo, habían impedido la ejecución de las demoliciones, las obras se han visto detenidas por una “baja laboral” en All Phase Services, en la posición de oficial de Seguridad y Control de Calidad. Este puesto debe estar ocupado por una persona avalada por la dependencia federal.
“USACE está comprometido con agilizar la evaluación del nombramiento que el contratista someta, tomando en cuenta que, para nosotros, es importante contar con el personal calificado y con la experiencia requerida por el contrato para realizar el trabajo. Tan pronto la persona propuesta sea aceptada, informaremos a la comunidad sobre la fecha tentativa para la movilización del equipo”, dijo Crespo.
“Hay tantas cosas que todavía están sobre la mesa que, a lo que nos estamos moviendo es a que se pause todo, reestructuremos todo y, entonces, se haga un manejo integrado de la cuenca”, reclamó Kinnard.
“Los movimientos realizados por el subcontratista fueron sin autorización, y nuestro equipo advino en conocimiento luego de que estos ocurrieran”
MARICARMEN CRESPO
JEFA DE CONSTRUCCIÓN DEL TASK FORCE USACE