AL NUEVO GOBERNANTE
Terminaron las elecciones. ¿Y ahora qué? En términos periodísticos, es nuestra época de mayor trabajo. Si bien en las elecciones se trabaja sin parar, realmente el trabajo de fiscalización comienza con los cambios de gobierno tan pronto dé comienzo el proceso de traspaso de poderes. Ahora es que se destapan los chanchullos, entuertos y nos enteramos de más asuntos indecentes financieramente. Usted se preguntará: “¿Acaso ya no lo sabían?”. La contestación es que sí. Pero, para poder publicar responsablemente, hay que tener los documentos. Ya observarán que, en cuestión de semanas, como si fuera un acto de magia, aparecen documentos públicos. Lamentablemente, es una conducta repetitiva que lacera la democracia. Como si fueran superhéroes, los miembros del Comité de Transición saldrán a mostrar los números que no cuadran y a limpiar las manos de los que serán los nuevos responsables de administrar al país en tiempos de Junta.
A principio del cuatrienio, los gobernantes suelen invitar a los directores de los medios de comunicación y a los presiden- tes de organismos que agrupan periodistas del país para, como si fuera un acto de exorcismo, limar asperezas y jurar transparencia. En esa reunión asegura el gobernante y sus ayudantes de prensa que quieren llevar la fiesta en paz. Acá, entre nosotros, eso nunca sucede, porque no es que uno lleve una filosa navaja en la boca, es que, si niegan los documentos, por algún lado hay que divulgar la verdad que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Negar la información pública es un delito y usted, como ciudadano, tiene derecho a pedirla, tal como todos los días lo hacemos nosotros.
En estos momentos en que el gobernador electo será súbdito de la Junta por la ley PROMESA, se anticipan acontecimientos muy duros para obtener información pública. La página de la Junta en la Internet dedicada a ello apenas publica datos que contesten nuestras preguntas de manera que el llamamiento es a la transparencia para poder iniciar un gobierno con pie derecho. Olvidemos por un momento las luchas encarnadas que se darán por el poder en las ramas de gobierno y enfoquemos en lo que realmente es importante e impacta directamente a la clase trabajadora del país. Queremos conocer cuáles serán los planes para salvar el sistema de salud, el sistema de retiro y la propuesta de desarrollo económico viable que redunde en estabilidad y empleos.
Los electos por el pueblo tienen la responsabilidad y deberían tener la capacidad para contestar esas interrogantes con respuestas reales. Que quede claro que, si no aunamos fuerzas para salvar la clase trabajadora del país y evitamos la fuga de talento a causa de la contracción económica, estaremos en una zona muy filosa de caer en el abismo por décadas. Puerto Rico no aguanta más corrupción ni los que se están afilando los dientes a cuentas del Gobierno. No hay dinero y hay que resolver la pobreza extrema en el país. Hay que pensar en los que se quedarán sin el plan de salud en el 2017, los que pudieran quedarse sin su dinero del retiro acumulado luego de 30 años de servicio al país, los que se quedarían sin trabajo y sin hogar. Es momento de exigir una actuación gubernamental intachable, pero, para que usted se entere de sus movimientos y lo que deciden en papeles, es necesaria la transparencia.
Para que el Gobierno entrante se vanaglorie de transparente, tiene que permitir a los ciudadanos acceder a la información pública. Los que votaron tienen derecho a saber cómo se tomarán las decisiones de política pública, cómo y en qué se gastarán los fondos públicos. Un gobierno que fomenta la transparencia tiene voluntad política. Solo así se podrá recobrar la confianza en los líderes políticos. El gobernador saliente, Alejandro García Padilla, firmó a su entrada una orden ejecutiva exigiendo el cumplimiento de transparencia basada en permitir acceder a la información. ¿Qué pasó? Ya usted sabe.
Que quede claro, señor gobernante entrante, que tenemos legítimo interés y derecho constitucional a la información pública, tal como también le asiste a cualquier ciudadano para fiscalizar la gestión pública. No esperamos menos.