A entregar datos sobre las muertes
dos los certificados de defunción ocurridos desde septiembre, así como la información relacionada con estos para investigaciones sobre las víctimas del evento atmosférico.
“Como se comisionó a la Universidad de George Washington para este estudio, lo que se trataba de hacer era darle toda la información sin ninguna restricción. La universidad hacía su estudio, se le proveía a todos los medios. Se complementaba el reporte para que no hubiera distintas vertientes de la información”, expresó Pesquera en una conferencia de prensa.
“Los certificados de defunción y la información adicional solicitada por los demandantes son de naturale- za pública, y en segundo término, el Estado no tiene un interés apremiante para justificar negar el acceso a estos”, establece el documento del Tribunal .
La orden surge en medio del debate por las muertes, ya que la cifra oficial del Gobierno es 64, sin embargo, un estudio de la Universidad de Harvard, estima que el número podría ascender a 4,645 fallecimientos.
Poco después de la orden judicial, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, informó que el Gobierno entregará la información. “La Ley del Registro Demográfico es clara en que una orden del Tribunal puede convertir a una parte en parte interesada más allá de los requisitos que establece la ley, que fue lo que ocurrió en este caso. Nuestra política, a petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, es trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública, por lo que estaremos cumpliendo con lo ordenado recientemente por el tribunal”, detalló en declaraciones escritas.
La información deberá entregarse al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y al canal estadounidense CNN, quienes demandaron a la administración luego de que solicitaran información a Registro Demográfico y al Departamento de Salud y no recibieran respuestas.