Proponen transformación para AEE
nador Ricardo Rosselló firmara la Ley 120 de este año, que permite conceder y privatizar los activos de la AEE.
“Proponemos un sistema energético descentralizado que promueva que individuos, comunidades, municipios y cooperativas tengan roles más activos en la propiedad de los activos del sistema eléctrico”, explicó en una declaración escrita Agustín Irizarry, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. “Bajo una estructura privatizada que obliga a la compra de una cantidad específica de energía se limitaría la entrada de renovables al sistema”, añadió el también exrepresentante ciudadano de la Junta de Gobierno de la AEE.
Como meta a mediano plazo, el colectivo estableció que en 2035 la isla debe alcanzar un 50 % de producción de energía con fuentes renovables, y un 100 % en 2050. Indican que esto podría lograrse a través de la eficiencia, la conservación y el manejo de la demanda de energía, la implementación de una generación distribuida y la eliminación acelerada, pero ordenada, de los combustibles fósiles.
De acuerdo con el documento, el manejo de la demanda se refiere a reducir el consumo en las horas pico, que, actualmente, es en la noche, cuando no hay luz solar para generar energía. Esta iniciativa ayudaría a reducir los costos relacionados con el almacenaje de producción con fuentes renovables y bajaría el gasto re- lacionado con la generación por combustible fósil. Entre las ideas que los expertos proponen para un control en la demanda, están educar sobre la importancia de nuevos hábitos de consumo; facilitar la adquisición de enseres eléctricos que funcionen con menos energía y establecer una tarifa prepagada.
Para fomentar una estructura de energía distribuida, Queremos Sol detalla que el Gobierno no puede imponer medidas que penalicen al “prosumidor”, como, por ejemplo, cobrar un impuesto al salirse de la AEE o comprar placas solares.
En aras de lograr la eliminación acelerada de combustible “sucio”, el grupo sugirió una mayor inversión dirigida al almacenamiento de energía producida por fuentes renovables y, una vez este aspecto vaya en aumento, de- berán ser retiradas del sistema las fuentes fósiles.
Bajo el modelo Queremos Sol, la AEE continuaría como ente público, que serviría de mediador del nuevo modelo de negocio. De hecho, el colectivo multisectorial reconoce que la corporación pública tendría que seguir ofreciendo servicios a través de la infraestructura existente hasta que se complete su transformación.
Como estrategia para despolitizar la corporación pública, este equipo diverso de profesionales recomendó la creación de una Junta de Gobierno de nueve miembros, que deben ser nombrados a términos escalonados, pero fijos. De los representantes, el gobernador escogería tres recomendados por organizaciones ambientales, uniones y asociaciones de peque- ños negocios. Otros dos gobernantes serían escogidos por la Asociación de Economistas y la Liga de Cooperativas, un profesor de las universidades locales, dos personas elegidas por los clientes residenciales y comerciales, y un último puesto sería ocupado por los clientes industriales.
La Junta de Gobierno de la AEE, que considerará como eje de sus decisiones el cambio climático, tendría un brazo consultor del consumidor, creado mediante legislación. Los 15 firmantes también impulsan el fortalecimiento del Negociado de Energía como regulador independiente.
“Los trabajadores de la AEE estamos listos para ser parte de una transformación real de la corporación bajo un modelo público de beneficio para todos y todas, y que nos permita contribuir al desarrollo de un nuevo modelo de negocio basado en generación distribuida de energía renovable limpia”, expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.
Como método primario y a corto plazo para financiación, los expertos plantearon el uso del dinero federal asignado a la AEE tras la devastación por el huracán María. El grupo señala que, según el plan fiscal de la autoridad, un 58 % de los $12,000 millones proyectados para inversión de capital entre 2018 y 2023 provienen de partidas federales. Agregaron que, “con el respaldo de un plan energético sólido, debe ser viable levantar, como mínimo, $1.2 mil millones al año por los próximos cinco años mediante la combi- nación de fondos federales ($550 millones), inversión del sector privado ($250 millones), préstamos del Rural Utility Service ($250 millones), inversión de capital del pago de tarifas ($100 millones) e inversiones filantrópicas ($50 millones)”.