Cuestionan validez de la Ley de Retiro
Los sindicatos presentaron una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan
La Asociación de Empleados Gerenciales (AEG) de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la Unión de Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (Tuama) presentaron una demanda contra el Gobierno de Puerto Rico para que se declare inconstitucional una disposición de la Ley 106 de 2017 que obliga a empleados públicos a que se les retenga un 8.5 % de su salario.
José Ortiz Torres, presidente de la AEG, y Ángel Torres Escribano, secretario de Tuama, dijeron en conferencia de prensa que este mandato de la ley violenta el derecho de libertad económica y propiedad.
“Desde la Ley 106 en adelante, el Gobierno ha vendido la ficción de que existe un plan de retiro cuando en realidad lo que existe es la obligación al trabajador de desprenderse de 8.5 % de su salario para ponerlo en un fondo que el Gobierno administra a través de una compañía que el Gobierno escoge”, lee el documento presentado al tribunal el pasado 8 de agosto.
La demanda, por su parte, cuestiona que la ley obligue a los empleados públicos a que aporten a un nuevo plan. “Se está obligando a un sector de los empleados del servicio público a privarse del uso inmediato de su pecunio con el fin de destinarlo al llamado ‘NueDemanda de la AEG y Tuama en
contra del Gobierno vo Plan de Aportaciones Definidas’ independientemente de si el servidor público desea o no de participar del llamado plan”, indica la acción legal.
Según alegan, “la imposición que hace el Estado en virtud de la Ley 106 es inconstitucional”. También se cuestiona que “la obligación de privarse del uso inmediato del salario es una condición para preservar la tenencia de empleo”.
“El medio implementado —que entregues el dinero 8.5 % o más de tu salario al Estado para que una Junta de Retiro escoja un administrador de los fondos— es algo que puede hacer el servidor público si deseara destinar parte de su salario para uso futuro. Es decir, existen múltiples opciones de ahorro para el retiro. De el servidor público interesar ahorrar, tiene opciones en el mercado. No existe una base racional para que el Estado cree una y la imponga”, señala la demanda.
La Ley 106 de 2017 adoptó un plan de aportaciones definidas y el sistema Pay as You Go, ante la insolvencia de los sistemas de retiro de los empleados del Gobierno, maestros y la judicatura.
Los líderes, además, dijeron desconocer el destino de los fondos que aportan a este sistema. Asimismo, señalaron que una alternativa puede ser que se les permita escoger cómo quieren administrar ese dinero que se les retiene. Ortiz indicó que prefiere que se les permita a los empleados públicos llevar su dinero al sistema de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (Aeela).
De acuerdo con la demanda, el gobierno contrató a la empresa Alight Solutions, ubicada en Florida, para administrar el fideicomiso creado bajo la Ley 106.
Por su parte, la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico indicó a Metro que estará evaluando los planteamientos legales en la demanda.
“La imposición que hace el Estado en virtud de la Ley 106 es inconstitucional”.