El esquema de la venta de
El Centro de Periodismo Investigativo diagrama la forma en que se manejó la compra de pruebas en la Isla
Como cara del negocio, una persona con conexiones en el sector público, ligada al Partido Nuevo Progresista, llega con sus pruebas rápidas al Gobierno. Lo hace a través de las mismas personas: el director del Task force médico, el Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, su enlace con La Fortaleza, Mabel Cabeza, o Adil Rosa Rivera, quien supervisa las compras de emergencia por la COVID-19 en la agencia.
Tras bastidores, hay socios participando de la transacción, la mayoría de ellos extranjeros con negocios en la isla y beneficiarios de incentivos contributivos. Para realizar las compras, el Gobierno de Puerto Rico no va directamente al manufacturero, sino que a través de varias capas de intermediarios, algunas locales y vinculadas al partido, y otras extranjeras y muy sofisticadas, mayormente en los Estados Unidos. A través de la cadena, ganan dinero todos los niveles: el frente del negocio, los socios, los intermediarios y el manufacturero.
Tres de las principales compras de pruebas de detección de anticuerpos a la COVID-19 siguieron este mismo esquema, y las tres resultaron fallidas. Ninguna de las transacciones se concretó según pactada y solamente una ha sido cancelada.
En total, más de $40 millones de dólares en fondos públicos en medio de la emergencia, cuya declaración flexibilizó los procesos de compra.
Así fue la adquisición de más de 1.1 millones de pruebas rápidas para COVID-19 a tres suplidores locales: Castro Business, Apex General Contractors y 313, todas actualmente bajo investigaciones en la Cámara de Representantes y de autoridades locales y de EE.UU. Un cuarto suplidor, Maitland 175, vendió y entregó 200,000 pruebas a Salud, que fueron las únicas pruebas de anticuerpos que el Gobierno pudo usar en los hospitales y centros de salud.
Más de 100,000 de estas pruebas fueron detenidas por las autoridades de EE.UU., retrasando su entrega. Una transferencia de $19 millones fue detenida en un banco local y al cabo de horas, la transacción con Apex Contractors fue cancelada por el Gobierno. Castro Business entregó una cuarta parte de su orden de pruebas (que posteriormente fueron retiradas del mercado), el resto llegó tarde y era de una marca distinta a la acordada. El tercer suplidor, 313 LLC, tiene al Departamento de Salud en el tribunal para forzar que la agencia reciba casi 50,000 pruebas que llegaron tarde. El Gobierno rehúsa hacerlo hasta tanto no se renegocie el precio de compra.
Al final, poco más de 10,000 pruebas de las 1.1 millón compradas a estos tres suplidores llegaron finalmente a centros de salud para ser utilizadas en pacientes.
La cara del negocio
Su negocio principal es la industria de alimentos, pero el 25 de marzo, Ricky Castro Ortiz y su compañía Castro Business vendieron al Gobierno 50,000 pruebas de COVID-19. El costo: $13 cada una, para un total de $650,000. Fue una de “seis o siete cotizaciones” — entre ventiladores, guantes y pruebas — que sometió Castro Ortiz para vender productos a la agencia en medio de la emergencia, según testificó en vista pública legislativa.
No es la primera vez que hace negocios con el Gobierno. Desde el 2008 opera las tiendas militares National Guard Exchange bajo el Fideicomiso de la Guardia Nacional. Estos contratos suman cerca de $50 millones, según el registro de la Oficina del Contralor. Un informe del Contralor señaló en el 2017 irregularidades en el proceso sin subasta que siguió el Fideicomiso de la Guardia Nacional para otorgar los contratos de Castro Business.
La empresa también vende “equipo táctico” y de seguridad al Gobierno.
Castro Ortiz fue presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA). La lista de políticos a los que ha donado incluye a rojos y azules, incluyendo los exgobernadores Ricardo Rosselló Nevares y Luis Fortuño Burset, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el excandidato a la gobernación por el PPD, David Bernier Rivera.
La llave en Salud
Castro Ortiz contactó al doctor Rodríguez Quilichini, quien pasó la información a Mabel Cabeza, el enlace con La Fortaleza,
quien a su vez la refirió a la subsecretaria auxiliar en Salud, Adil Rosa Rivera, según los testimonios de Castro y Cabeza en las vistas camerales.
El 24 de marzo, un día antes de que se concretara la orden de compra con Salud, Castro Ortiz dijo que recibió una llamada de parte del coordinador del Task force médico, con varias personas, incluyendo a la entonces secretaria interina de Salud, la Dra. Concepción Quiñones de Longo. Según Castro Ortiz, el Dr. Rodríguez Quilichini le pidió acelerar el tiempo de entrega de su propuesta inicial, mientras que la Secretaria interina le indicó que harían la orden de compra. No precisó si la Gobernadora participó de la llamada.
Pero, un mensaje de texto que el propio Castro Ortiz envió a Adil Rosa ese mismo día pone en entredicho quién le confirmó que procediera con la compra. Rosa escribió a Castro Ortiz: “Bdia estoy con Segundo él necesita las 50mil asap”, a lo que el suplidor contestó: “Me acaba de llamar y me confirmo. Acabo de hacer el wire a China y solicite un itinerario más agresivo”.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló que Castro Ortiz ya conocía al galeno a través de un proyecto relacionado a la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde Rodríguez Quilichini es rector del Recinto de Ciencias Médicas. En la vista cameral detalló que era un proyecto de investigación de cannabis medicinal y negó que fuera su amigo.
En vista pública, el Dr. Rodríguez Quilichini sin embargo, negó bajo juramento conocer a los suplidores del Gobierno, y haber participado en la discusión de las compras de pruebas de COVID-19. Cabeza, por su parte, testificó que el coordinador del Task force médico, además de referir al suplidor, dio seguimiento a la compra de Castro Business. La Dra. Quiñones de Longo indicó al CPI que no tenía información de esta compra.
El CPI pidió una reacción al Dr. Rodríguez Quilichini sobre las declaraciones vertidas por Castro Ortiz y Cabeza, pero su portavoz de prensa dijo que no dará más declaraciones aparte de las que ya hizo ante la comisión cameral.
El socio en Puerto Rico
Luego de que la Gobernadora nombró el Task force médico, según el testimonio de Castro Ortiz, uno de sus socios le dijo que estaba vendiendo pruebas de coronavirus.
El socio es Timothy
G. Wagner, presidente de
MEDRX360 LLC, compañía a través de la cual ha obtenido
$2.5 millones en contratos con la Administración de Seguros (ASES) en los pasados cuatro años, según la Oficina del Contralor. El último venció en agosto del 2019.
Documentos examinados por el CPI muestran a Wagner como la persona que enviaba a Castro Ortiz la información y documentos relacionados a las pruebas que el comerciante ofrecía al Departamento de Salud. Además del Gobierno, Wagner buscó vender pruebas a aseguradoras locales y grupos de hospitales en Puerto Rico.
Según un correo electrónico de Wagner, el Gobierno de República Dominicana también estaba interesado en sus muestras, a través del Dr. Carlos Mellado, quien tiene a su cargo el CDT de Canóvanas.
El Dr. Mellado rechazó en entrevista con el CPI haber gestionado pruebas para el Gobierno de República Dominicana, como dijo su amigo Wagner, a quien conoció socialmente a través del abogado Andrés Guillemard Noble.
Mellado confirmó que Wagner intentó venderle pruebas, pero que no realizó ninguna compra ya que el municipio de Canóvanas optó por adquirir pruebas moleculares y no las serológicas o rápidas.
El CPI contactó a Guillemard Noble, quien es familia del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, para aclarar su relación con Wagner y la venta de Castro Business. Aceptó que conoce a Wagner, de quien ha sido abogado en el pasado, pero rechazó haber tenido cualquier participación en facilitar esta o cualquier otra venta de pruebas, “en ninguna parte del mundo”. Dijo que durante la pandemia, ha recibido mensajes como los de Wagner de múltiples personas, pero que no ha realizado gestión alguna.
“No tengo rol alguno en las pruebas que no sea que conozco a las personas desde hace mucho tiempo. No tengo beneficio alguno, cero, de las mismas”, mani
do a través la compañía Alister Mckinley. El contrato lo firma Gabriel Hernández Rodríguez, quien era el Jefe de Gabinete del Senado de Puerto Rico.
Alister Mckinley obtuvo otro contrato de $9,875 el 3 de junio de 2019 por “servicios administrativos” con el Departamento de Estado. El mismo día, ese departamento otorgó un contrato de $8,125 por “servicios administrativos” para otra de sus compañías, Premium Holdings LLC, firmado por María A. Marcano de León, en ese momento Secretaria de Estado interina. El 19 de septiembre de 2019, el alcalde de Las Piedras, el penepé Miguel López Rivera, le otorgó también un contrato de $20,000 a Alister Mckinley por “servicios de planificación”. Cuatro
días después, el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales le dio un contrato de $199,500, con vigencia hasta el 30 de junio de este año. Los contratos de Alister Mckinley que aún tenían vigencia fueron cancelados por orden de la Gobernadora luego de que se dio a conocer el proceso irregular de compra a Apex en abril, a pesar de que Vázquez había defendido públicamente la transacción.
Alister Mckinley LLC, fue incorporada en Saint Petersburg, Florida, en 2019 y tiene como “persona autorizada” a Ricardo Vázquez, socio fundador de 313 LLC, otra empresa que vendió pruebas de COVID-19 al Gobierno de Puerto Rico. Maldonado dijo en la vista de la Comisión de Salud que decidió incorporar
a Alister Mckinley Florida porque le interesaba mover sus negocios fuera de Isla debido a la acción que le costó su puesto en ATM. Premium Holdings, incorporada en Puerto Rico en 2014, fue descrita por Maldonado como la matriz de sus compañías. Maldonado también dijo ser dueño Premium Real Estate y Maldonado Law Office.
De febrero a octubre de 2019, trabajó con el Grupo Lemus. El dueño de esta firma es Juan Suárez Lemus, donante y activista del PNP y también socio de la empresa 313. Según su testimonio, Maldonado conoció a Suárez Lemus cuando trabajaba como administrador de contratos en Alternate Concept, la compañía que administraba el Tren Urbano entre 2004 y 2007.
Suárez Lemus es padrino de uno de los hijos de Maldonado.
Apex fue incorporada en 2015 y tiene por lo menos ocho contratos que suman $1,456,942, otorgados entre 2017 y este año. Mientras Maldonado era consultor legal del DTOP, en 2017, firmó dos contratos con Apex, que suman $500,000. Otro de los contratos fue por $697,040 con la Superintendencia del Capitolio para la reparación y mantenimiento de aires acondicionados, pero fue cancelado porque la Superintendencia terminó no utilizando los servicios luego de contratarlos, según el contrato. Los demás son con la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico y suman $259,902. Estos contratos fueron cancelados el 24 de abril.
Rodríguez, por su parte, ha invertido $20,700 en donativos al PNP, a Ricardo Rosselló, a la candidatura a la gobernación de Pedro Pierluisi, a la comisionada residente Jeniffer González, al presidente de Senado Thomas Rivera Schatz, a los representantes PNP’S Antonio Soto y Larry Seilhamer, al senador Eliezer Velázquez, y a los senadores populares Jorge Suárez y Jaime Perelló.
De todos los nombres involucrados en la transacción, ninguno, excepto Rodríguez, trabaja para Apex. La empresa está registrada como una de construcción sin experiencia en productos médicos, pero fue utilizada como un frente en la transacción de compras de pruebas para COVID-19 por un grupo de
intermediarios, algunos del extranjero, porque está registrada como licitador del Gobierno, un requisito para firmar contratos con las agencias públicas, según lo reconoció Maldonado en su testimonio.
Maldonado intentó usar una marca de su invención, Black Pegasus, para la venta de pruebas al Gobierno a través de Apex, sin consultar con el dueño de la compañía, según declaró en la vista. La marca Black Pegasus no aparece en el Registro de Marcas y Nombres Comerciales del Departamento de Estado. Tampoco existe en el archivo del United States Patent and Trademark Office, corroboró el CPI.
La cara del negocio
Ricardo Vázquez Hernández y su compañía, 313 LLC, vendieron más de 100,000 pruebas a Salud. Sus dos órdenes de compra con la agencia exigían el pago por adelantado del 60% del monto adeudado, pero el Gobierno pagó todo al ordenar: $3.6 millones.
Inicialmente, el 20 de marzo, Salud compró a Vázquez Hernández 1,500 pruebas marca Novatest. El Gobierno pagó $45 por cada una, las más caras de todas las pruebas serológicas que compró. Días después, compró otras 100,000 pruebas a $36 cada una. El manufacturero de la prueba en China, Atlas Link, las vende por menos de $3, según reportó El Nuevo Día.
Además de 313 LLC, Vázquez Hernández participa en varias compañías, algunas de las cuales reciben incentivos contributivos en áreas que van desde asesoría legal hasta la industria de los videojuegos y la electrónica. En el 2012 tuvo contratos en la Cámara de Representantes como asesor.
Durante la pandemia, decidió vender pruebas para detectar los anticuerpos a COVID-19.
Vázquez Hernández es donante del PNP y tiene negocios con varias figuras ligadas al partido, incluyendo a Juan Maldonado, la cara del negocio fallido del millón de pruebas de Apex.
La llave en Salud:
Contrario a los otros suplidores, 313 aseguró que fue el Gobierno quien inició el contacto con Zogen, la distribuidora exclusiva de las marcas Novatest con oficinas en México, según una demanda de 313 en contra del Gobierno relacionada a esta venta.
Se desconoce cómo Salud supo de Zogen y decidió contactarlos.
El 19 de marzo, Zogen indicó a Salud que Ricardo Vázquez Hernández era la persona contacto en la Isla para adquirir las pruebas Novatest, según correos electrónicos entre la agencia y la empresa mexicana. Ese mismo día, Adil Rosa llamó a Vázquez Hernández para pedirle una cotización y desde entonces mantuvo comunicación con ella y el Dr. Rodríguez Quilichini, según dijo el suplidor a Caribbean Business.
El CPI preguntó al coordinador del Task force médico si mantuvo comunicación con este suplidor, según éste alega, pero Rodríguez Quilichini no quiso dar declaraciones.
El socio en Puerto Rico
Días antes de cerrar la primera compra con Salud, Vázquez Hernández enmendó los bylaws de 313 para añadir tres nuevos socios a la empresa, Juan Suárez Lemus, Wilfredo Rodríguez Moreno y Miguel García Robles, y agregar la industria de la salud a los negocios de la empresa, reportó Caribbean Business.
Suárez Lemus es un activista del PNP y donante de figuras como Rosselló Nevares, Rivera Schatz y Jenniffer González. Al igual que él, la comisionada residente es madrina de uno de los hijos de Maldonado, el abogado de la venta fallida de Apex.
Vázquez Hernández
Suárez Lemus coinciden en varias compañías, incluyendo Grupo
Lemus, empresa donde también trabajó Maldonado. El dueño de
313 aseguró que no existe relación contractual entre su compañía y Grupo Lemus, ni tampoco con Apex.
Vázquez Hernández y
313 contrataron al doctor Michael Soler, quien alegadamente verificó en Puerto Rico la efectividad de las pruebas.
“El Dr. Soler estableció comunicación con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) federal en Atlanta y con colegas del sector de la salud en Puerto Rico, quienes avalan la prueba como una de las más confiables, certeras y precisas de entre las pruebas rápidas actualmente disponibles en el mercado”, lee una carta enviada por el abogado de 313, Miguel Negrón Matta, a la Gobernadora el 7 de abril.
Zogen advierte en su website sobre Novatest: “Esta prueba debe usarse con el único propósito
y de comprender quién ha sido potencialmente infectado y no como una prueba de diagnóstico para COVID-19”. Pero el Gobierno de Puerto Rico usó estas pruebas para diagnosticar casos de coronavirus.
En una carta del 1 de abril, Zogen dijo a 313 LLC que la prueba Novatest no tenía una autorización de uso de emergencia (EUA) de la FDA, pero que estaba en espera de recibirlo. También sostiene que la FDA permitía la distribución de su prueba sin tener un EUA.
En un video demostrativo para El Nuevo Día, el Dr. Soler realizó una prueba Novatest y se puede apreciar en la pantalla de la computadora una autorización de la FDA que corresponde a otra marca de nombre Novacyt.
El galeno no contestó una petición de entrevista desde principios de abril.
El intermediario en EE. UU.
Una investigación entre El Nuevo Día y el medio mexicano Milenio sobre las ventas de 313 reveló que Zogen, la distribuidora exclusiva de las pruebas, no podía recibir las pruebas en México porque el Gobierno no había autorizado la distribución en el país. Zogen tiene oficinas en Guadalajara y Texas.
Marcel Peguero Sánchez Navarro maneja la compañía de salud Zogen, luego de trabajar en la industria de la electrónica. El principal inversionista es su hermano, Julio Peguero, un oncólogo con oficinas en Texas.
La demanda de 313 contra el Gobierno establece que la compañía recibió pruebas Novatest primero desde Texas y luego directamente de China.
La compañía mexicana negó haber vendido Novatest a 313 LLC. Esto sugiere la presencia de uno o más intermediarios en la venta de Zogen y la compra de Salud.
No llegaron
Según las órdenes de compra, 313 entregaría todas sus pruebas (101,500) en o antes del 6 de abril. Pero a esta fecha, solo había entregado poco más de 1,000. Las pruebas tampoco contaban con el aval de la FDA, pero Salud las distribuyó a distintos hospitales en Puerto Rico. No fue hasta el 7 de abril que fueron registradas con la agencia federal.
Aunque tarde, 313 LLC recibió a mediados de abril la totalidad de las pruebas e intentó entregarlas al Gobierno, pero el Departamento de Salud rechazó recibirlas hasta tanto no se redujera el precio de compra inicial (hasta $45 por prueba). 313 LLC finalmente demandó al Gobierno de
Puerto Rico para forzar el recibo de la mercancía sin cambios en los términos de pago, ya que el retraso alegadamente se debió a que la FDA y Aduana detuvieron las pruebas para inspeccionarlas.
Mientras el caso se dilucida en el tribunal de San Juan, los $3.6 millones que pagó Salud por las compra de pruebas continúan en las cuentas bancarias de 313 LLC.
Desde el 7 de abril, luego de que la Junta de Control Fiscal pidiera cancelar las órdenes de compras de pruebas rápidas, el abogado de 313 LLC, Negrón Matta, envió una carta a la Gobernadora en la que asegura que a 313 no le aplicaba la directriz de la Junta y que del Gobierno cancelar la compra, debía hacer lo mismo con las de Castro Business y Maitland 175.
El nuevo secretario auxiliar de Administración en Salud, Johnny Colón González, dijo a 313 que la agencia no le recibiría más pruebas porque no se entregaron a tiempo y que interesaban renegociar el costo de la mercancía.
Dos días antes, Colón González había recibido 49,000 pruebas Novatest, quedando a deber 51,000 muestras, según la demanda. Pero, según documentos enviados por Salud al CPI, la agencia no reparte pruebas Novatest desde el 30 de marzo.
Este reportaje que se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede acceder la nota completa en periodismoinvestigativo.com