Pruebas en Puerto Rico
festó Guillemard Noble al CPI.
Dos días antes de concretar la orden de compra con Salud, Castro Ortiz envió un mensaje de texto a Mabel Cabeza que decía: “Hola, me acaban de enviar esto: ‘Sent you email on masks. This is the best price I have seen in a week. Need to see if Wanda wants lab tests. Orders are flying into distributor in Miami.’”
El CPI preguntó a Castro Ortiz quién le envió ese mensaje, si “Wanda” se refiere a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, pero no obtuvo respuesta.
MEDRX360 se registró para hacer negocios en Puerto Rico el 23 de diciembre de 2016, un mes después de ser creada en Wyoming.
El 29 de diciembre de 2016, días antes de que culminara la administración de Alejandro García Padilla, Wagner consiguió un contrato con ASES por $1 millón para implementar un programa de manejo de beneficios de farmacia del plan de salud público. El CPI preguntó a García Padilla por ese contrato, pero no obtuvo respuesta.
Wagner, quien donó a Rosselló Nevares en el 2017 y 2018, luego obtuvo otros contratos con ASES, esta vez para auditar reclamaciones médicas al plan de salud.
El website de la empresa dice que tiene oficinas en Miami y San Juan. Al momento de la transacción con Salud, MEDRX360 estaba inactiva en Wyoming, pero el 10 de abril, la esposa de Wagner, Jasmín Tuárez Figueroa, pagó, puso al día la corporación y cambió su dirección física en Puerto Rico. Wagner tiene otras seis compañías registradas en Estados Unidos.
“Y pueden ver un documento en donde lo nombran a él [Wagner] representante en Puerto Rico”, dijo Castro Ortiz durante la vista cameral, pero sin precisar a quién o qué exactamente representa su socio en la isla.
El CPI contactó a Castro Ortiz y a Wagner para una reacción, pero no obtuvo respuesta.
El intermediario en EE. UU.
Una factura con fecha del 24 de marzo muestra que Castro Business compró 50,000 pruebas rápidas de Cladd Medical Group, una compañía de Miami. Según su página web, Cladd tiene dinero invertido en MEDRX360, la compañía de Wagner, el socio de Castro Ortiz.
A pesar de que Castro Ortiz aseguró al CPI que obtuvo sus pruebas a través de Cladd, una de las manufactureras de las pruebas que vendió, Phamatech, indicó que no tiene registrada ninguna venta bajo ese nombre.
Según Phamatech, quien gestionó la compra de sus pruebas fue Peter Bradford, presidente de Midas Touch LLC. La compañía tiene información de Wagner como la persona que recibiría las pruebas que envió a Puerto Rico.
Con dirección física en una urbanización de Dorado, Midas Touch aparece registrada bajo Peter Bradford y Rasheed Ali, y goza de incentivos contributivos bajo la Ley 20 de 2012 para fomentar la exportación de servicios. A Bradford le conocen en sus redes sociales como el “dealmaker”, mientras que Ali es el del toque de Midas. Ambos se describen como inversionistas, aceleradores de negocios y expertos en mercadeo digital y coinciden en múltiples empresas a través de Puerto Rico y Estados Unidos.
Bradford contactó a Phamatech desde Miami y pidió 50,000 pruebas (la misma cantidad de la orden de compra realizada por Salud a Castro Ortiz), pero la empresa de California le dijo que solo podía entregar 10,000. Phamatech cerró la venta por esa cantidad.
“No estamos involucrados en cómo Castro compró nuestras pruebas de Midas Touch LLC, o la documentación que firmó con [el Gobierno de] Puerto Rico. Tampoco tenemos nada que ver con el lugar donde compró las otras 40,000 pruebas, pero no fuimos nosotros”, aseguró Phamatech por escrito al CPI.
“Midas Touch ordenó y pagó por las 10,000 pruebas. Nos ordenaron enviar 5,000 pruebas a una compañía llamada MEDRX360 en Puerto Rico, y las otras 5,000 pruebas a Midas Touch LLC. Entendemos que Midas Touch LLC es un mayorista, lo que significa que revenden el inventario a otros mayoristas o usuarios finales”, añadió un portavoz de Phamatech.
Las pruebas no llegaron
“Eso es un riesgo que me he corrido muchas veces”, testificó Castro Ortiz al aceptar que gestionó con sus socios la entrega de 50,000 pruebas sin tener la orden de compra con Salud. Dijo que actuó bajo el entendido que surgió de la llamada telefónica que recibió de Salud el día antes de la compra.
“Si no me la adjudicaban, las vendía en otro mercado”, añadió Castro Ortiz, y eso fue lo que hizo: vendió en Estados Unidos las casi 40,000 pruebas que, según él, estuvieron disponibles para Puerto Rico a mediados de abril como parte de la orden de Salud.
Dijo que la agencia nunca le contestó llamadas para recibir las pruebas y que si el Gobierno quisiera ahora recibir el resto de orden, tendrían que ser de otra marca.
Pero desde antes que detuvieran las entregas a Salud, Castro Ortiz y sus socios sabían que la totalidad de la orden no sería de una misma marca, ya que trajeron a la isla dos pruebas distintas: Phamatech de California y Deepblue de China. Los documentos que examinó el CPI y que entregó Castro Ortiz en el proceso de compra muestran que antes de la compra, el empresario envió documentación a Salud que corresponde a la prueba de Deepblue. Después de firmada la transacción, Castro Ortiz dijo que tenía disponible muestras de California, como parte de una propuesta para vender otras 500,000 pruebas a la agencia, a $18 cada una. Esta última transacción no se concretó.
Aunque la prueba que evaluó Salud como parte de la compra fue Deepblue, las únicas pruebas que Castro Ortiz entregó a la agencia, 8,900, corresponden a Phamatech.
“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. nos contactó porque su documentación inicial mostraba 50,000 pruebas de Phamatech, pero había una gran parte de las pruebas que en realidad eran de otra compañía llamada Anhui Deepblue de China. Después de contestar algunas preguntas, Aduanas nos dijo que estábamos autorizados ya que documentación adicional mostró que solo 10,000 de las pruebas eran Phamatech”, añadió la empresa californiana.
El CPI preguntó a Castro Ortiz sobre la discrepancia entre la marca que vendió y la que entregó, pero no obtuvo respuesta. También contactó a Anhui Deepblue pero no hubo respuesta. La compañía emitió un comunicado a principios de abril advirtiendo sobre el uso indebido de sus pruebas en otros países.
Al ser cuestionado en la Cámara sobre si las 50,000 pruebas que negoció con Salud eran de California o China, Castro Ortiz se limitó a decir que al momento de la compra, tenía 10,000 pruebas “esperando por nosotros” en California.
“En ese momento estábamos negociando las de China, pero las de California estaban más cerquita”, testificó Castro Ortiz.
La orden de compra establece que las 50,000 unidades son un mismo producto, bajo un solo precio. Salud no contestó si dejó sin efecto la orden, luego de retirar todas las pruebas Phamatech en inventario toda vez que la prueba quedara fuera de la lista de marcas avaladas por la FDA.
“Voluntariamente tomamos la decisión de suspender la distribución de la prueba serológica COVID-19 de Phamatech hasta que recibamos la aprobación de uso de emergencia de la FDA, y por lo tanto, nos retiramos de la lista de la FDA (requisito para vender el producto)”, dijo un portavoz de Phamatech al CPI en reacción al cambio de política de la agencia federal.
Previo al anuncio de las autoridades y en respuesta a una investigación del CPI que reveló la devolución de 200 pruebas marca Phamatech al Departamento de Salud debido a problemas de validación, la compañía aseguró que sus pruebas cumplían con las leyes aplicables y que funcionaban si se administran correctamente. Sostuvo que no había tenido problemas en ningún otro lugar.
Las pruebas marca Deepblue no han sido avaladas por la FDA y han sido objeto de denuncias en Estados Unidos, lo que llevó a las autoridades a detenerlas en varios aeropuertos. En Texas, por ejemplo, 200,000 pruebas Deepblue fueron incautadas debido a irregularidades con las pruebas, según una investigación de Propublica y Texas Tribune. Otras fueron confiscadas en Oregon. En Hungría hubo denuncias de que las pruebas de Deepblue eran poco efectivas y tenían información engañosa. Un estudio científico de la Universidad de California en San Francisco encontró que las pruebas de Deepblue arrojaron una efectividad de 20%. Es decir, de cada cinco pruebas, solamente una arrojó un resultado certero.
Al final, solamente 8,900 pruebas vendidas por Castro Business llegaron a las manos de Salud, luego de que 1,100 unidades “se perdieran” en el camino, según Castro Ortiz. El comerciante aseguró que no ha hecho gestión de cobro por las pruebas que entregó porque, según él, el Gobierno está en emergencia y no considera que el dinero adeudado sea una cantidad importante.
El socio en Puerto Rico
Cuando era director ejecutivo de ATM, Maldonado conoció a Aaron Vick, un consultor de inteligencia marítima que dio su firma para el contrato de $38 millones entre Apex y el Gobierno para la venta de un millón de pruebas serológicas que nunca se concretó. Vick, quien no ha sido citado por la Comisión de Salud, es estadounidense y estableció la empresa Fortress Global en San Juan en 2017 junto a David Hancock, Jordan Molatch y Lucien Charland, quienes llegaron a Puerto Rico “para ayudar en la recuperación del huracán María”, según su página web. La compañía se describe como un negocio pequeño, propiedad de veteranos, dedicado a la consultoría logística y de tecnología de datos que tiene clientes en Latino América, África, Europa y Asiapacífico, y está certificada por el programa federal HUBZONE.
En 2018, Fortress Global obtuvo un decreto de exención contributiva de la Ley 20 para “fomentar la exportación de servicios” que otorga el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Fortress Management Group, otra compañía vinculada a Vick, obtuvo un decreto de la “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PYMES” en 2019. Fortress Maritime, una tercera empresa del mismo grupo, obtuvo cinco contratos, entre 2018 y 2019, con la ATM y la Autoridad de Puertos de Puerto Rico.
Maldonado firmó dos de los contratos entre Fortress Maritime y ATM, y durante su interrogatorio en la vista pública de la Comisión cameral de Salud dijo que tenía una relación de amistad con Vick. El abogado admitió que usó la firma de Vick en el contrato entre Apex y el Gobierno para distanciarse de la transacción, debido a las condiciones bajo las que renunció de su cargo en la ATM. Maldonado dijo que se le pagaría a Vick por el uso de su firma en el contrato de Apex, pero no especificó cuánto.
Fortress Global trabajó con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y “su equipo apoyó a importadores de gas natural y desempeñó un papel clave en la puesta en marcha de la generación de energía de emergencia”, indica su página web. Además de ATM y la Autoridad de Puertos, Fortress Maritime ha dado servicios a New Fortress Energy, suplidores de Gas Natural de la Autoridad de Energía Eléctrica, según consta en una propuesta de negocios preparada por Vick para la Autoridad de Puertos.
El CPI envió un email a la dirección de Fortress Global solicitando una reacción de Vick pero no hubo respuesta.
Intermediarios en EE. UU.
La idea de organizar esta venta de pruebas se originó en una llamada que hizo William “Billy” Tress a Maldonado, según las declaraciones del abogado. Tress está registrado en el Senado y en la Cámara de Representes como cabildero de la empresa de relaciones públicas Roma B.C. Esta empresa también tiene registrada como cabildera en ambos cuerpos legislativos a Rosana M. Roig, madre de Tress, quien no respondió preguntas del CPI. En varios mensajes de texto sobre la transacción que se filtró, se menciona que Rosana “la mamá de Billy”, le escribió a María Luisa Ferré, directora ejecutiva y editora de El Nuevo Día, para ofrecer información “off the record” y pedir que lo “cogieran con calma que esa era su gente”, en referencia a la cobertura que hacía el periódico sobre la venta fallida, tras revelar el contrato entre Apex y el Gobierno.
En 2018, Roma B.C. estuvo contratada para asesorar a Jenniffer
González, Comisionada Residente en Washington, por $16,000, a través de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA). Roig, quien firma el contrato, hizo un donativo de $1,500 al comité político “Todos con Jenniffer” en 2018 y otro de $500 en 2019. Roma B.C. además ha tenido contratos con el Departamento de Educación: uno de $163,000 en 2011 y otro por $153,405 del mismo año.
Maldonado declaró que cuando recibió la llamada de Billy Tress, éste trabajaba para Bear Mountain Development. El presidente de Bear Mountain es Troy King, ex secretario de Justicia de Alabama, quien fue asesor legal del gobernador republicano Bob Riley y en 2006 aspiró a la gobernación de ese estado. Según su página web, la empresa se dedica a identificar suplidores para compañías y establecer relaciones entre vendedores y compradores y protagonizó una venta fallida de mascarillas quirúrgicas a través de un contrato de $800 millones con California. El acuerdo fue cancelado luego de que la compañía de King no entregara la totalidad del suplido.
King a su vez conectó a Maldonado y a Tress con Andrew Beuschel, presidente de 501 Nutrition, una compañía de Arizona,
distribuidora en Estados Unidos de las pruebas rápidas de la compañía australiana Promedical que Maldonado ofreció al Gobierno de Puerto Rico y pretendía mercadear bajo el nombre Black Pegasus. En 2014 Beuschel fue encontrado culpable a nivel federal por traficar tabletas falsificadas de Viagra y sentenciado a 63 meses de cárcel. Tress fue quien formalizó la compra de pruebas con 501 Nutrition, según Maldonado.
Tress y King no respondieron a solicitudes entrevista del CPI.
La llave en Salud
Para lograr acceso al director del Task force médico que nombró la Gobernadora para manejar la emergencia por la COVID-19, Maldonado se comunicó, el 22 de marzo, con su amigo, Eduardo “Tito” Laureano, un ex asesor legislativo durante la administración de Pedro Rosselló y militante del PNP. Laureano le dio el contacto del presidente del Task force médico, Segundo Rodríguez Quilichini, rector del Recinto de Ciencias Médicas. Laureano era asesor de Rodríguez Quilichini desde el 2017 a través de un contrato con el Recinto de Ciencias Médicas. Ese mismo día, Rodríguez le pasó a Maldonado el número de Mabel
Cabeza, en ese momento jefa de personal del Departamento de Salud. El 24 de marzo, Cabeza le escribió a Maldonado: “saludos Maldonado, estaré pasando su información a Adil Rosa para que ella se comunique con usted según necesidad”, leyó Maldonado en la vista entre sus mensajes de texto. Posteriormente, Rosa, ex secretaria auxiliar de administración del Departamento de Salud, le indicó que el contacto para la transacción sería Mariel Rivera, analista de compras de Salud. En abril la Gobernadora ordenó la cancelación de los contratos de Laureano con el Gobierno, pero mantuvo a Rodríguez Quilichini en su posición como director del Task force médico.
Las pruebas no llegaron
El viernes 27 de marzo, Apex recibió un depósito de $14.5 millones desde el Departamento de Hacienda, como adelanto de la venta de $38 millones para adquirir un millón de pruebas. Esa misma tarde, Oriental Bank detuvo la transferencia que Apex intentó hacer a 501 Nutrition. El 3 de abril el director de Manejo de Emergencias envió una carta dirigida a Aaron Vick, notificando la cancelación del contrato que había firmado.