No termina la espera de miles de puertorriqueños que reclamaron en la quiebra
Cartas de la quiebra Nueva serie del Centro de Periodismo Investigativo Proceso La Junta ha objetado más de 100,000 reclamaciones principalmente de puertorriqueños que navegan a ciegas el proceso. Dos años y medio después de presentar sus reclamaciones de
Luis J. Valentín Ortiz
Era la mañana del 18 de noviembre cuando la jueza Laura Taylor Swain preguntó varias veces si había llegado alguien a las oficinas de Piloto 151 en Hato Rey para participar de la vista. Una decena de personas con mascarillas esperaba afuera, pero la funcionaria del tribunal federal en Puerto Rico que estaba allí le dijo a la jueza que no había llegado nadie. A la gente, la enviaron de vuelta a su casa.
Carmen López salió furiosa con el abogado que la atendió allí y con el Gobierno de Puerto Rico que, según reclama, le debe dinero. Trabajó como directora de una escuela pública y asegura que el Departamento de Educación nunca le pagó los aumentos salariales que debió recibir desde, por lo menos, la década de los 80.
En junio de 2018, Carmen reclamó este dinero como parte del caso federal de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA. Dos años y medio más tarde, recibió una convocatoria para ir a una vista del caso, a la que acudió el 18 de noviembre pasado porque quería conocer el estatus de la reclamación.
“Fue una improvisación, una falta de respeto, una pérdida de tiempo. Y llegar aquí y que no se hiciera nada, lamentablemente esto no era”, dijo mientras peleaba con la idea de haber llegado hasta allí para nada. La única información que obtuvo, dijo, fue un número de teléfono que ya se sabía de memoria. “Entonces los que vinieron de sitios lejos, de otros municipios más lejos que yo que vengo de Gurabo, [les dicen]: ‘Ah, no, no, no… que te tienes que ir a tu casa’. ¿Que te tienes que ir? ¿Qué es esto?”, agregó.
Más de 170,000 reclamaciones de dinero fueron radicadas en la quiebra, de las cuales casi 53,000 estaban relacionadas a salarios de empleados públicos, como la de Carmen, según los documentos en el expediente judicial. Alrededor de 43,000 eran por pensiones. O sea, más de la mitad de las reclamaciones vinieron de empleados y pensionados del Gobierno.
En el pasado año y medio, se han rechazado y eliminado del proceso más de 60,000 de estas reclamaciones, en su mayoría por deficiencias técnicas (como identificar incorrectamente a la agencia de Gobierno deudora, por ejemplo) o por no proveer suficiente evidencia.
Otras 15,000 pasaron a manos de varias agencias de Gobierno, donde están pendientes de resolución en un proceso administrativo del que se tienen pocos detalles.
Los abogados de la
Junta de Control Fiscal y el Gobierno le pidieron a Carmen documentos e información adicional para respaldar su reclamo. “¿Cómo vamos a conseguir la evidencia si el Departamento [de Educación] no está funcionando?”, cuestionó. El proceso de atender estas reclamaciones transcurre en medio de la pandemia del coronavirus, y antes de eso, durante los terremotos de principio de año.
“Esa es la molestia que yo tengo: hay un sistema de información. Pongan a trabajar ese sistema de información, busquen qué es lo que nos deben y que nos paguen, porque esto es una pérdida de tiempo”, dijo.
En ese momento, Carmen desconocía que seis reclamaciones distintas, todas bajo su nombre, habían sido rechazadas hace meses por falta de evidencia, según un registro que reúne información de las reclamaciones radicadas en la quiebra.
Así es como miles de puertorriqueños navegan la bancarrota gubernamental más grande en la historia de Estados Unidos: a ciegas, en inglés y sin abogados.
Para ellos la procesión comenzó hace dos años y medio, con una fila interminable.
Las filas
La fila que se formó aquel 28 de junio de 2018 comenzaba en el puesto de seguridad de la entrada del tribunal federal en Hato Rey y seguía por la acera de la Avenida Chardón. Un video en Facebook muestra a un periodista recorriendo esta fila, mientras dice que se trata de servidores públicos reclamando salarios que le prometieron pero que nunca llegaron, que llevan una hora en fila, que tiene que ver con la ley PROMESA.
Ese día era la fecha límite para reclamar en el caso de quiebra de Puerto Rico. La escena era similar en los otros centros de entrega que se establecieron en San Juan, Caguas, Añasco y Ponce: filas larguísimas de personas mayores de 60 años, muchos sin saber qué tenían que hacer con sus papeles.
“En el caso mío fue en Caguas [...] atropellado. Ahí nos mojamos y cogimos sol”, recordó Carmen. Decidió reclamar luego de escuchar rumores de una deuda que el Gobierno tenía con algunos empleados públicos desde hace décadas. Varios de sus compañeros le dijeron que ella podía ser una de esas personas, así que hizo la fila y presentó su reclamación en el caso de quiebra.
Las deudas corresponden a leyes firmadas hace décadas y que otorgaban mayormente aumentos salariales que, según muchos, nunca se materializaron. Por ejemplo, está el Romerazo, una ley de 1979, firmada por el entonces gobernador Carlos Romeró Barceló, que cambió las escalas salariales para empleados públicos lo que significó un aumento en el cheque de sueldo para muchos. También está la Ley 96 del 2002, de la exgobernadora Sila María Calderón, que otorgó un aumento mensual de $100 a los empleados públicos.
Al reclamar estas deudas en el caso de Título III de PROMESA, miles de exempleados públicos como Carmen pasaron a ser acreedores del Gobierno. La palabra acreedor viene del latín credere, que significa prestar. Lo primero que viene a la mente en el caso de Puerto Rico es Wall Street y los fondos de inversión que compraron bonos de la isla.
Pero un acreedor es todo aquel al que el Gobierno le deba dinero y esto incluye también a personas que reclaman reintegros contributivos, demandas civiles, servicios prestados, pensiones o salarios. La abogada Jessica Méndez Colberg les llama acreedores sociales: empleados públicos, pensionados y personas que vienen de sectores vulnerables y que carecen de recursos para contratar abogados que les asistan en un proceso lleno de fechas límites, en inglés y con reglas de estricto cumplimiento.
“Eran filas larguísimas de personas de edad avanzada, muchos de ellos retirados de cualquiera de las agencias”, dijo Méndez Colberg, quien vio la fila que se formó en Ponce, pues el centro de entrega estaba justo detrás de su oficina.
“Ver esa fila de personas que ni siquiera entienden realmente qué va a pasar con ese documento que están presentando, bajo el sol, haciendo estas filas, pues duele en el corazón”, añadió la abogada.
Explicó que luego de radicar sus reclamaciones, estas personas comenzaron a recibir cartas desde el tribunal con todo lo relacionado al caso y, en algunas ocasiones, a sus reclamos.
Las cartas
Mariluz Collazo hizo su fila en Ponce y unos meses después, recibió por correo un manual voluminoso con información de su reclamación y el mismo número de teléfono que ya Carmen sabe
de memoria: el que aparece en las cartas para obtener asistencia en el caso.
“Tengo en mi casa una cajita llena de todos los documentos que nos envían”, dijo Mariluz, una maestra retirada de Patillas que reclamó aumentos de salario otorgados bajo la Ley 96 de la exgobernadora Calderón que le dejaron de pagar.
La comunicación en el caso de quiebra ocurre mediante cartas que envía Prime Clerk, una compañía de Estados Unidos que opera como mensajero del tribunal federal. Con lenguaje técnico y legalista, en ocasiones notifican fechas límites, audiencias y decisiones de la jueza, otras veces exigen algún tipo de acción en respuesta.
Mariluz se refiere a ellas como “sentencias” y la cantidad de cartas que ha recibido la ha llevado a pensar que su reclamación va por buen camino. Cómo gastan tanto dinero en papel para nada, piensa.
Pero las cartas no siempre traen buenas noticias.
Hace un año, cuando en el país se sentían cientos de temblores de tierra, miles de acreedores sociales recibieron una notificación de que sus reclamaciones habían sido objetadas por los abogados de la Junta y del Gobierno. Se les exigió entregar más información y evidencia que apoyara sus reclamos, o de lo contrario quedarían rechazadas por el tribunal.
Estas notificaciones continuaron llegando por correo durante el pasado año, mientras el país enfrentaba una pandemia. Hasta el momento, más de 100,000 reclamaciones han sido objetadas por duplicadas, porque se hicieron contra el deudor incorrecto, porque fueron satisfechas, porque la deuda no existe o porque no hay evidencia suficiente, entre otras razones.
En el caso de Mariluz, el rechazo fue por deficiente, ya que no proveyó “fundamentos ni la documentación de respaldo” para reclamar con el Gobierno. Tenía hasta enero de 2020 para proveer más evidencia o su reclamación sería cancelada. Mariluz contó que una de sus excompañeras, quien también recibió esta notificación, llamó a los abogados de la Junta para pedir ayuda con el proceso.
“Habló con [uno de] ellos y entonces ella le dice: ‘¿Usted cree que vale la pena hacer todo este ejercicio de las cartas?’ Él le dijo, ‘Doñita, haga lo que yo le digo, escriba lo que le digo. Ese dinero está’. Y ahí es que nos emocionamos. Ella se lo dijo a otra maestra, la otra maestra me llama a mí, y ahí fue que hicimos las cartas”, relató.
Mariluz escribió entonces una carta igual a la de su amiga, contestando la objeción de la Junta a su reclamación. Incluyó información de sus 31 años de servicio público, identificó una deuda de $75,000 por virtud de la Ley 96 de 2002 y envió su carta antes de la fecha límite.
“Cuando me lo dijeron a mí, yo no la pude hacer a maquinilla ni nada decentito. Escribí la carta a mano, y lo tuve que hacer tres veces”, dijo sobre las dos copias que hizo a mano para los abogados de la Junta en Nueva York y Puerto Rico.
En el expediente del caso de quiebra hay cientos de cartas como la de Mariluz. Muchas están escritas a mano, acompañadas de certificaciones de empleo, cartas de supervisores dando fe de su trabajo, planillas contributivas y todo tipo de evidencia de exempleados del Gobierno.
Meses después de la fecha límite para enviar evidencia, el tribunal todavía recibe cartas de retirados con información y documentos relacionados a reclamaciones que, en algunos casos, ya fueron canceladas.