Formalidad Hay querellas ante la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles de FEMA

Falta de atención Desde el 2019 hay unas 10 denuncias de empleados, en su mayoría mujeres

una petición del CPI para expresarse sobre este asunto. Por su parte, Donald Caetano, director de Asuntos Externos de FEMA para la región 2 — a donde se reporta la oficina de Puerto Rico — dijo que “como práctica general, FEMA no puede confirmar o negar la existencia o el estatus de cualquier investigación de personal”.

Pero, una de las fuentes afirmó que ese patrón ha sido denunciado “por más de dos años y no han hecho nada”.

“Es como cuando una mujer es víctima de violencia de género y tiene que seguir viviendo con su agresor, a pesar de los moretones. Ellos son unos agresores. Pero, a pesar de que FEMA tiene toda esa información, no han hecho nada”, precisó.

En la oficina de Asuntos Externos se tramitan las relaciones de FEMA con las agencias de gobierno local y federal, los municipios, las organizaciones sin fines de lucro que han reclamado fondos de recuperación, las peticiones de datos de congresistas de Estados Unidos y las solicitudes de información y entrevistas de los medios de comunicación y periodistas.

En una de las querellas revisadas por el CPI, se denunció un patrón de discrimen por edad y género al momento de solicitar puestos de mayor rango dentro de la oficina de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico. Además, se señalaron situaciones de vigilancia excesiva, hostilidad, aislamiento dentro del lugar de trabajo, bullying e intimidación.

La situación es contraria a las regulaciones que deben respetar los funcionarios de DHS y por extensión los de FEMA, establecidos por la Oficina del Consejero Especial de Estados Unidos (OSC, en inglés) que investiga y procesa casos sobre prácticas prohibidas de personal federal. La misión principal de la OSC es salvaguardar el sistema de principio de mérito mediante la protección de empleados federales y solicitantes de empleo al gobierno federal en contra de prácticas prohibidas bajo la Ley de Reforma del Servicio Civil. Esta oficina también protege a los empleados de represalia por informar sobre corrupción en el gobierno, amparados en la Ley de Protección de Informantes (whistleblowers).

Denuncias incluyen quejas por acoso y machismo en el trato

El ambiente de hostilidad atribuido a Muñoz Torres y a Agosto Castro también fue expuesto en otra denuncia enviada a la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles de FEMA, que el CPI revisó. En el narrativo de esa querella, la persona que hace la denuncia explica — con fechas específicas — diversas instancias en las que Muñoz Torres y Agosto Castro supuestamente cometieron actos hostiles y de acoso.

Según se desprende del documento, la persona trabaja en un puesto de carrera en FEMA en Puerto Rico hace más de dos décadas. Había sido asignada a la Oficina de Asuntos Externos, como parte del manejo del proceso de emergencia y recuperación tras los huracanes Irma y María en 2017. Dos años después, solicitó volver a su puesto de carrera debido al trato que recibía junto a otros compañeros. Muñoz Torres le expresó en una reunión a solas que no avalaría esa solicitud y que no le permitiría regresar a su puesto anterior porque le pertenecía, dando a entender que él era su propietario. La persona le hizo saber que se sentía incómoda y le pidió que no le hablara de ese modo.

En otra ocasión, según el testimonio, Muñoz Torres le pidió nuevamente una reunión, pero esta vez con la presencia de Agosto Castro y de Samuel McKay, un observador de las oficinas centrales de FEMA en Washington, D.C., pues había percibido una actitud negativa de su parte en una reunión con todo el equipo.

En la querella, la persona indica que sintió intimidación por parte de Muñoz Torres en ese segundo encuentro por el tono exasperado y enfurecido con el que, supuestamente, le habló.

Jo Linda Johnson, directora de la la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles (OER, en inglés) de FEMA, dijo por medio de un portavoz, que “FEMA toma en serio cada alegación de acoso o mala conducta y estableció una Oficina de Responsabilidad Profesional para garantizar que investiguemos cada alegación de manera rápida, justa y exhaustiva”. .

“Para proteger los derechos de privacidad de los involucrados, no podemos comentar sobre ningún asunto específico que pueda estar en curso. Sin embargo, si encontramos evidencia de acoso, contamos con un proceso para garantizar la seguridad de nuestros empleados, incluso mediante la reubicación del sujeto de una investigación. Si la evidencia corrobora la mala conducta, se exige rendición de cuentas al empleado responsable. Y si un gerente o supervisor no toma medidas inmediatas para iniciar una investigación o proteger a un miembro del personal, también los haremos responsables”, leen las declaraciones enviadas al CPI.

Alegan que buscaban armar casos para sacar empleados

Una de las fuentes del CPI contó que a medida en que iban escalando las quejas y se fueron creando bandos dentro de la oficina que dirige Muñoz Torres, algunos empleados comenzaron a recibir acercamientos para que se quejaran de manera oficial sobre determinados compañeros de trabajo. “Querían armar casos para sacar gente de sus puestos y traer gente de su confianza”, dijo la fuente.

Dos querellas revisadas por el CPI coinciden en que personas presenciaron una situación en la que una empleada se afectó emocionalmente por una petición de esa índole.

“Estaba muy afectada por el estrés que le provocó esa petición. Estaba llorando y nos mostró sus manos, brazos y cuellos que tenían un sarpullido fuerte y marcas de arañazos provocados por rascarse tan fuerte”, lee unos de los testimonios.