Una industria que crece de forma errática

Demanda Desde 2017, cuando se aprobó la Ley Medicinal, las ventas de la industria se han sextuplicado Marco Mientras la Junta Reglamentadora intenta agilizar trámites, en la Legislatura buscan protecciones laborales a pacientes Servicios Pese al crecimiento exponencial, solo una cooperativa de ahorro y crédito ofrece servicios financieros a la industria Impacto La regulación del cannabis medicinal ha reducido el mercado ilegal, elevando los niveles de violencia en las calles

Crecimiento. En Puerto Rico ya hay 114,274 pacientes con licencia para uso medicinal del cannabis.

Sadot Santana Miranda y Manuel Guillama Capella

Pese a que la industria del cannabis medicinal generó el pasado año más de $181 millones en ventas, diversos sectores dentro de este mercado abogan por cambios en el marco regulatorio creado hace cuatro años.

Desde la aprobación de la Ley 42-2017, conocida como la Ley Medicinal, la industria regulada del cannabis ha experimentado un crecimiento exponencial, que a su vez se refleja en los recaudos del erario. En el año fiscal 2018, según datos del Departamento de Hacienda, la industria generó ventas por $30.2 millones, y el gobierno recaudó, por concepto del Impuesto de Ventas y Uso, unos $3.2 millones. Para el periodo fiscal 2020, ambos renglones se sextuplicaron, a $181.9 millones y $19.3 millones, respectivamente.

En síntesis, la Ley 42 dispone los parámetros para la industria del cannabis con fines medicinales “en conformidad con el marco regulatorio federal”, entre ellas las licencias para el consumo de pacientes, la operación de dispensarios y fincas de cultivo, así como para la investigación científica.

Sin embargo, a cuatro años de que el exgobernador Ricardo Rosselló firmara la ley, el acceso a servicios financieros para los componentes de la industria se limita a una cooperativa, pues persisten preocupaciones sobre los riegos que implica el manejo del dinero generado a partir de transacciones sobre una sustancia que sigue siendo calificada como ilegal por el gobierno federal.

“Eso tiene una razón de ser: a nivel local el cannabis es una sustancia que ha sido declarada legal para uso medicinal pero, a nivel federal, sigue siendo clasificada como controlada y no está permitida para la venta”, subrayó Pedro Roldán, vicepresidente de Apoyo Técnico y Supervisión de la Corporación para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec), al precisar que TuCoop, la única entidad que acepta depósitos de la industria, ofrece servicios a cerca del 80 % de los dispensarios licenciados.

Según Roldán, a las cooperativas de ahorro y crédito locales “les aplica todo lo que le aplica a los bancos regulados por la FDIC, como el Bank Secrecy Act”, en referencia a disposiciones que obligan a las instituciones a rastrear y garantizar que la proveniencia de los fondos es lícita.

“Es un tema de riesgo de cada institución y le toca al management (gerencia) de cada cooperativa decidir si desean aceptar esos depósitos o no”, dijo, en tanto, la comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira.

De acuerdo con Zequeira, ninguna de las instituciones bajo el manto regulatorio de la OCIF, como son los bancos comerciales, “recibe esos depósitos porque le puede costar su seguro de FDIC”.

Ante esta coyuntura, José Rivera, presidente de la organización Miembros de la Industria del Cannabis Medicinal (MiCaM), mantiene cifradas sus esperanzas en el Proyecto de la Cámara 556, que propone prohibirle al Banco Cooperativo de Puerto Rico negarle servicios de forma arbitraria a las cooperativas locales. En esencia, la medida busca que el Banco Cooperativo no rechace depósitos de la industria del cannabis medicinal