COVID-19 y escuela pública

Hubo un momento en nuestra historia en que nuestros planteles escolares fueron la base de nuestros más esforzados empeños de política pública. De hecho, vacunamos en masa en cruzadas antiepidémicas tomando como sede nuestras escuelas, dato documentado en la historiograf ía puertorriqueña.

Sin embargo, el COVID-19 ha cambiado la encrucijada de la salubridad pública porque la inoculación aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos federal advierte que ninguna de las vacunas son administrables a menores de 16 años. Un alumno de esta edad puede estar cursando el undécimo grado, pero la opinión pública centra su preocupación por

los alumnos en niveles primarios.

En febrero de este año, me opuse tenazmente a la decisión del gobierno de reabrir nuestras escuelas. Ni los planteles escolares, ni el Departamento de Educación estaban preparados para el reto que representa impartir clases presenciales ante esta pandemia sin los protocolos específicos que garantizaran una escuela libre de contagios.

No empece a la alta tasa de positividad que se avecinaba, el DE planificó abrir para el mes de marzo 187 escuelas. Esta decisión del Gobernador cambiaba la normativa tradicional de que, para que un alumno fuera matriculado en la escuela pública, se tenía que presentar su certificado de inmunización. Resultaba un contrasentido decretar la apertura de nuestras escuelas, cuando a esta fecha no hay aprobada una vacuna que proteja a nuestros estudiantes de un virus letal. Finalmente, el pasado 8 de abril, la prensa local anunciaba que Salud decretaba el cierre temporero de las escuelas públicas por el repunte en los contagios.

¿Qué tiene que ocurrir para que el DE deje de jugar de una vez y por todas a la ‘ruleta rusa’ del COVID-19 con nuestras comunidades escolares? Es lamentable que el gobierno haya invertido el rol que la escuela tenía como escenario ideal en la lucha contra epidemias para convertirlas en posibles focos de contagio.