Insuficientes los disuasivos en Puerto Rico para la corrupción
Desde diciembre se han visto más de 10 casos de funcionarios públicos acusados por corrupción en Puerto Rico.
A pesar de que en Puerto Rico existe diversidad de leyes y entidades que tienen como propósito principal frenar la corrupción, cada vez más funcionarios públicos son acusados por incurrir en esa conducta.
En un año, al menos una decena de alcaldes de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista han enfrentado cargos en la esfera federal y estatal por supuestos actos al margen de la ley. Así mismo han sido acusados otros funcionarios en estructuras municipales, exfuncionarios estatales, contratistas y hace unas semanas la exgobernadora Wanda Vázquez Garced se convirtió en la segunda persona en ocupar la gobernación de Puerto Rico que ha sido acusada a nivel federal.
Ante cada racha de acusaciones surgen declaraciones de sorpresa, coraje y propuestas legislativas. Pero también surgen voces que advierten que Puerto Rico está sobrelegislado y es un asunto de valores en los individuos.
En términos de garras o mecanismos anti-corrupción, el Código Penal tipifica conductas relacionadas a la corrupción, hay códigos de ética, disposiciones de leyes especiales, normas declarativas a través de ordenes ejecutivas, y un Código Anti-Corrupción. Existe la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector General, la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente (OPFEI), y las diversas agencias federales que han procesado gran parte de los casos con convicciones.
Código Anticorrupción
El Código Anticorrupción para un Nuevo Puerto Rico se sumó al escenario legal durante la incumbencia de Ricardo Rosselló en La Fortaleza. Se pretendía aglomerar la política pública en torno a la corrupción, proteger a los whistleblowers o aquellos que denuncian actos corruptos, crear mecanismos para compensar los daños al gobierno por causa de la corrupción y aumentar la cooperación interagencial para erradicar esta conducta.
Fue precisamente la exgobernadora, Wanda Vázquez la primera y única funcionaria —al momento— a la que se le ha intentado aplicar este código en el año 2020 por supuestamente despedir en represalia a Glorimar Andújar como secretaria de Familia luego que esta denunciara un acto irregular. El referido de Vázquez a la OPFEI le costó el cargo a la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo. El fiscal que firmó el referido junto con Longo, Pedro Berríos, ya tampoco forma parte de la agencia.
Ahora como exfiscal de Integridad Pública, Berríos reflexionó en entrevista con Metro que el descenlace del caso de Vázquez a nivel estatal pudo haber desalentado las denuncias de actos irregulares en el gobierno. El abogado recordó que el referido al PFEI no implica que la persona es culpable, sino que amerita más investigación. En ese caso, el referido no produjo acusaciones.
“Esto pudo haber desincentivado que los whistleblowers dieran un paso al frente para colaborar porque cuando no hay consecuencias penales de señalar delitos de corrupción, las personas que continúan ostentando el poder pueden tomar represalias contra las personas que trascendió colaboraron con la investigación”, indicó Berrios.
Por otro lado, a juicio del abogado las iniciativas anticorrupción no han tenido éxito porque la ley requiere que se completen las investigaciones preliminares en términos muy limitados. Esto actualmente choca con el exceso de trabajo que tienen los pocos fiscales de Integridad Pública.
Además, Berríos opinó que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), que es el brazo investigativo diseñado para indagar sobre casos de corrupción, no se ha utilizado históricamente para eso, sino que “sus resultados investigativos más notorios son en casos que tienen que ver con narcotráfico o armas de fuego, que son cosas que también investiga la Policía”.
Fortalecer el marco legal
Según Issel Masses Ferrer, fundadora y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Sembrando Sentido, para fortalecer las iniciativas anticorrupción hay que uniformar el marco legal.
“Identificamos el Código Anticorrupción como una de esas medidas que necesitábamos urgentemente fortalecer porque definitivamente tenía carencias severas. Reconocemos que esto es una pieza de un rompecabezas de un ecosistema que hay que montar porque no es lo único que se necesita hacer, sino que una parte de mucho que hay que hacer para atajar la corrupción tanto en la ley como en la práctica”, planteó Masses.
Sembrando Sentido anunció hace unos meses un proyecto de enmiendas al Código Anticorrupción dentro de las que se encuentra robustecer el proceso de los whistleblowers o alertadores.
“Les llamamos alertadores porque queremos cambiar ese estigma de ‘chotas’ hacia algo positivo”, sostuvo Masses.
Sembrando Sentido también propone medidas sobre contratistas, limitar espacios de nepotismo cruzado y puertas giratorias”, asegurar procesos de reclutamiento competitivo, que el Registro de Personas Convictas por Corrupción emita certificaciones negativas, y cambios en el Grupo Interagencial Anticorrupción.
“Hay que dejar de normalizar. Estamos muy acostumbrados a aceptar este mal y quizás nos indignamos, pero nos frustramos en vez de actuar y no necesariamente reconocemos que todos tenemos un rol dentro del ecosistema para proteger esos recursos”, finalizó Masses.
Por su parte, Berríos opinó que deben haber cambios en las entidades que investigan y procesan la corrupción. El exfiscal apuntó a la creación de un ente que se active cuando sea necesario.
“Si tienes una investigación de alto perfil que pueda tener consecuencias políticas para una persona, debe existir una estructura confiable de gente con trayectoria y credibilidad en el servicio público”, mencionó el exfiscal sobre otra posibilidad para casos que lleguen a un FEI.
Más legislación
Los representantes José Enrique Meléndez y José Pérez son los autores de un proyecto de ley que principalmente propone poner un embargo preventivo a los bienes de personas acusadas por corrupción, así como de todos los beneficios marginales que tenga el funcionario como por ejemplo cheques por renuncias o todo lo que tiene que ver con el sistema de retiro, y, en caso de resultar convicto, el funcionario perdería su pensión.
Así mismo, la convicción se convertiría en una marca permanente en el certificado de antecedentes penales y se inhabilitaría permanentemente de ocupar cargos en el gobierno.
“Pensarán que estas medidas son excesivas pero la realidad es que ya estamos hartos. Puerto Rico no aguanta más. Y es importante aclarar que esto no presume que el funcionario público y la gente aquí es corrupta, todo lo contrario. Nosotros entendemos que la mayor parte de los funcionarios públicos son gente seria y gente honesta que ofrecen sus servicios de manera legal. La mayoría de ellos no deben preocuparse por esta ley porque nada les va a pasar”, indicó Meléndez.