Estudiantes madres enfrentan la invisibilidad y la precariedad en la UPR de Río Piedras
Población estudiantil En el 2020, 701 estudiantes del total de 13,194 que se educan en el Recinto de Río Piedras se identificaron como madres o padres.
Cuando Amanda Torres Cruz estaba embarazada, en 2018, continuó su bachillerato en Ciencias Políticas en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con la esperanza de cumplir su meta de convertirse en abogada y proveer a su hija los recursos que ella nunca ha tenido.
“Yo seguía comoquiera yendo a la universidad, pero, a mí, nadie me alertó de algún tipo de prejuicio, de discriminación a la que yo me podía estar enfrentando, en cuestión del entorno universitario”, dijo quien pausó sus estudios, por un año, luego de convertirse en madre.
Durante su periodo de gestación, la joven que hoy tiene 23 años, recuerda que tenía la impresión de que uno de sus profesores solo se aprendió su nombre por la frecuencia en la que se refería a ella en clase, le dirigía preguntas para ridiculizarla y le hacía burlas frente a sus compañeros.
“En algunas ocasiones, a mí me gustaba ponerme falditas y me decía: ‘Ay, yo tengo otra estudiante que también está embarazada, pero ella no se pone las faldas así como tú te las pones’. Y yo decía, ¿pero qué tienen que ver?”, cuestionó la estudiante.
La Carta de Consideraciones y Derechos a Estudiantes Embarazadas dice que ella tenía derecho al “disfrute de un ambiente de paz, tranquilidad y respeto al derecho a su intimidad y dignidad”. También indica que personas gestantes no serán víctimas de abuso corporal, emocional o presiones psicológicas por razón de su embarazo.
Sin embargo, no fue hasta tres años después de tener a su hija — y durante su entrevista con este medio — que la joven supo de la existencia de esta carta de derechos que, desde 2015, se supone que protege a estudiantes embarazadas en el sistema UPR.
Una investigación exploratoria de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la UPR en Río Piedras expuso que la violencia institucional dentro de la comunidad universitaria – que incluye a estudiantes, profesores y personal no docente – tiene un efecto traumático en las madres estudiantes, pues les causa “frustraciones, estrés y un sentido generalizado de inferioridad”.
Las estudiantes con hijos entrevistadas en el estudio expresaron que el trato discriminatorio va desde que los profesores no las consideren para oportunidades académicas extracurriculares, como participación en investigaciones y actividades de campo, hasta insinuar que estaban ocupando un espacio que no les correspondía, por ser madres.
Además, las estudiantes con hijos dijeron que fueron rechazadas por sus compañeros, quienes preferían no unirse a grupos de trabajo en los que hubiesen estudiantes que fueran padres o madres porque se infería que no tendrían el mismo compromiso con sus estudios.
El discrimen por parte de la comunidad universitaria y la falta de divulgación de sus derechos por los canales de difusión institucionales, son dos de los múltiples factores en los que falla la UPR-RP para garantizar a sus estudiantes con hijos un acceso equitativo al derecho humano a la educación, halló esta investigación.
Al menos cuatro estudiantes del recinto que fueron entrevistadas tampoco conocían la Carta de Derechos. En una búsqueda de palabras claves en las redes sociales de la Universidad y en el correo institucional, Todas y el CPI encontraron que nunca se difundió la información.
Es más, el Recinto de Río Piedras ni siquiera conoce la cantidad de estudiantes que son madres o padres, reconoció la oficina de prensa ante una petición de información de la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre el medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En consecuencia, tampoco conoce el perfil sociodemográfico de esta población de estudiantes con hijos. Esto hace difícil que se implementen políticas de información y apoyo, coincidieron expertas entrevistadas.
Normativa se queda corta ante el discrimen
La procuradora estudiantil Coralie Pacheco Valcárcel, cuya labor es velar por los derechos del estudiantado en la UPR, admitió que la Carta de Derechos se debe difundir con mayor prominencia. Sin embargo, se enfocó en destacar la responsabilidad individual que tienen los estudiantes de conocer sus derechos y deberes.
“No debemos depender que alguien nos diga, sino que tenemos que buscar, hay derechos, hay reglamentaciones, hay calendarios académicos. Nosotros lo ponemos [en redes sociales] porque queremos ayudar y queremos facilitar, pero es importante también no recostarnos de eso”, justificó Pacheco Valcárcel, a la vez que exhortó al estudiantado a acudir a su oficina de tener dudas con los reglamentos.
La procuradora estudiantil es una empleada de la universidad y sirve “como un ente neutral para la resolución informal y mediación de conflictos en los que estén involucrados estudiantes universitarios”. Entre sus funciones, establecidas en la Certificación 119 (2014-2015) de la Junta de Gobierno de la UPR, está el “orientar, educar y asesorar activamente sobre los derechos, deberes y políticas institucionales. Esta función la realizará por medios convencionales y digitales como de forma individual y masiva”.
El documento especifica que la estudiante embarazada debe ser orientada y tendrá acceso a “todos los servicios estudiantiles generales o enfocados hacia la mujer embarazada, que sirvan de orientación para su desarrollo social, económico y de salud durante el proceso del embarazo, esto para evitar efectos negativos en sus estudios”.
La Carta de Derechos establece que el Decanato de Estudiantes es la entidad encargada de asegurar su cumplimiento. En cuatro ocasiones, este medio solicitó entrevistar a la decana de Estudiantes, Gloria Díaz Urbina, pero la oficina de prensa del Recinto sólo accedió a responder algunas preguntas por correo electrónico.
En la reglamentación vigente, no se reconoce que la población de personas embarazadas podría incluir a varones trans.
Ninguna política institucional en la UPR atiende específicamente los derechos de las estudiantes madres. Solo se menciona que Título IX — una reglamentación que prohíbe el discrimen de género en las instituciones académicas que reciban fondos federales — prohíbe el discrimen a estudiantes con hijos.
“Más allá de la parte de que puedan tener un tiempo razonable para que las mamás puedan sacarse su leche y esas cositas que están en la Carta de Derechos, yo tampoco he visto algo más específico”, sostuvo la procuradora.
Las estudiantes madres, como Torres Cruz, no solo tienen la carga académica, sino que muchas veces asumen el rol completo de la crianza, a la vez que trabajan para sostener a sus familias. Para la catedrática en Trabajo Social, Elithet Silva Martínez, el establecimiento de políticas institucionales en favor de la equidad es importante, pero si no hay una comunicación efectiva de su existencia y de cómo se implementará, se desacelera el avance en derechos.
Austeridad pone en riesgo el progreso de las mujeres
La universidad pública es, para muchas mujeres, su única opción para salir de la pobreza. En Puerto Rico, el 68% de las familias lideradas por mujeres con niños, niñas y jóvenes viven bajo pobreza, indica el Perfil de niños, niñas y jóvenes en pobreza en Puerto Rico 2021 publicado por el Instituto para el Desarrollo de la Juventud. De acuerdo a la UNESCO, para las mujeres, la educación representa la disminución de brechas de género en el mercado laboral, además de capacitarlas para vencer la discriminación.
Sin embargo, desde la entrada de la Junta de Control Fiscal en 2017, la asignaciones del Fondo General de la UPR se han reducido 48% para el año fiscal 2022, según datos del Centro para una Nueva Economía. Esto se traduce en la precarización de la universidad pública. Durante los pasados cuatro años, el Recinto de Río Piedras cerró sus dos residencias estudiantiles y el crédito subgraduado aumentó de $56 a $157.
Las medidas de austeridad ponen en jaque las acreditaciones de la UPR que, según lo que observa a diario la profesora de Economía Eileen Segarra Alméstica, podría estar viendo su última generación con acceso a educación superior pública de calidad.
La profesora del Recinto de Río Piedras explicó que, en Puerto Rico, las mujeres acceden mayoritariamente a la educación superior porque es imperante para su progreso económico.
“Si estamos diciendo que las mujeres necesitan educarse más para poder avanzar, entonces yo creo que definitivamente [la austeridad] afecta a toda la población, pero también hay un efecto adicional en la población femenina, que es la que ha dependido más de su educación universitaria para superarse económicamente”, subrayó.
Para 2020, las mujeres con bachillerato ganaban 45% más que las que completaron únicamente escuela superior. Sin embargo, los hombres con bachillerato generan 20% más que las mujeres con el mismo nivel educativo, según el Censo.
Segarra Alméstica señaló que las madres son doblemente discriminadas por género en el mercado laboral, por las múltiples tareas que desempeñan. “Si los patronos piensan que las mujeres necesitan más tiempo para atender a sus hijos, llevarlos a citas médicas, ir a la escuela, pues entonces son más reacios a pagarles un salario más alto o darles una promoción”, expuso.
En la medida en que no se democratice la crianza, las mujeres continuarán siendo la cara de la pobreza. Según el Censo de 2020, 43% de las personas en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza, y las mujeres componen el 55% de ese grupo.
Lo prometido es deuda, ¿verdad? Pues bien, le cuento de díceselo. De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas, díceselo es una forma dialectal que muy probablemente representa una forma antigua de conjugar ese
verbo. En el español culto moderno lo correcto es díselo (sí, con s, no con c). Díceselo es una manifestación de redundancia, considerada como una incorrección —o una hipercorrección—queserecogeenColombia,Guatemala, México, Santo Domingo, Puerto Rico, Perú, Chile y Andalucía.
Díceselo es redundante por más de una razón. Podríamos interpretar que hay una repetición del pronombre enclítico se, que sería el equivalente a decir algo así como dáseselo. Ese díceselo, por más incorrecto que sea, representa una igualación. Al decir díceselo, el hablante lo que está haciendo es, inconscientemente, igualando el imperativo del verbo irregular decir al imperativo de los verbos regulares. Me explico con un ejemplo facilito: en el verbo regular coser, la segunda persona del imperativo sería cose, y la forma verbal de la cual estamos hablando sería cóseselo. El verbo decir, por el contrario, es irregular y el imperativo de la segunda persona es di y no dice. No obstante, el hablante, sin pensarlo, hace regular el verbo
decir y utiliza dice como imperativo y pronuncia díceselo, en vez de díselo, que es la foma irregular “aceptada” como correcta. Curioso, ¿verdad? ¡Fascinante!
Traviesa esta lengua nuestra. Ja, ja, ja. Y a los puristas recalcitrantes, que se preparen, pues el habla popular, de la gente como usted y como yo, tiende a restablecer la regularidad de las formas orales, que a veces triunfa entre los hablantes, y otras, no. Por eso, muchos dicen: “Yo financio” y no “Yo financeo”, o “Yo me alinio” y no “Yo me alineo”. Estamos regularizando lo irregular.
Ya lo sabe, díceselo responde a la tendencia general de los hablantes de regularizar los verbos imperativos irregulares. ¿Cómo? Pues a través de una de las más grandes fuerzas que gobiernan la lengua: la analogía. Díceselo es una manisfestación clara de esa fuerza niveladora.
Amigo mío, sepa, pues, que por el momento no es díceselo; mañana sabrá dios. Y bien, si ya terminó de leer este “Bocadillo”, díselo, con s, a todo el mundo y comparte tu METRO.