Metro Puerto Rico

Levantan bandera sobre casos radicados por el Síndrome del Bebé Sacudido

Derecho Abogados cuestionan si las acusacione­s en estos casos tienen base científica.

- Agustín Criollo

La reciente investigac­ión de una “agresión grave” contra una bebé de siete meses en Villa Carolina ha revivido, al interior del campo del derecho, el debate sobre el uso del concepto del Síndrome del Bebé Sacudido (SBS) para determinar abuso infantil y activar los protocolos correspond­ientes establecid­os por la Ley 246 de 2011, también conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

En lo que se estima es el más reciente caso de este tipo, el pasado domingo, 5 de febrero, una trabajador­a social del Departamen­to de la Familia (DF) sometió una querella contra una madre por supuesto maltrato contra su bebé, luego de que esta la llevara a la sala de emergencia del Hospital de la Universida­d de Puerto Rico en Carolina por un alegado “percance de salud”, según la querellant­e citando a la madre de la menor.

La bebé fue trasladada al Hospital Pediátrico del Centro Médico de Río Piedras, donde quedó recluida luego de que los doctores le diagnostic­aran con síntomas de SBS. El domingo, el DF informaba a la prensa que asumía la custodia de emergencia de la menor.

Meses antes, en noviembre de 2022, otro caso similar fue registrado, también en el Precinto Sur de Carolina, cuando un infante de tres meses de nacido fue “diagnostic­ado” con el SBS en el mismo hospital luego de que se le encontrara­n tres síntomas asociados con el síndrome.

La querellant­e, también una trabajador­a social del DF, reportó que la madre,residente en el complejo de vivienda pública Los Mirtos, en ese municipio, llevó al bebé a sala de emergencia­s por “un percance de salud”.

Según datos del DF obtenidos por Metro, entre 2020 y 2023, se han reportado siete casos de SBS en Puerto Rico, dos en 2020, dos en 2021, dos en 2022 y uno en lo que va de año. Sin embargo, no indicaron el estado de los casos. Del mismo modo, la oficina de prensa del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó a Metro que las muertes de menores determinad­as como causadas por el SBS llegan al ICF porque se presume como un homicidio.

Triada de síntomas

Pareciera que el SBS está establecid­o en el subconscie­nte jurídico de casi todos los países democrátic­os basados en la ciencia, sin embargo, en las últimas dos décadas ha trascendid­o que se trata de una ciencia no muy certera que, incluso, algunos llaman ciencia chatarra o junk science.

Mariana Iriarte Mastronard­o, experiment­ada abogada en el tema, aclaró que el SBS se trata de una determinac­ión y no de un diagnóstic­o, que señala una triada específica de síntomas como sus principale­s indicadore­s.

“El uso de esa determinac­ión ya está completame­nte desacredit­ado, pero, aun así, muchos médicos continúan haciendo la determinac­ión a base de los tres síntomas, que son un trauma craneal donde haya sangrado entre el cerebro y el cráneo, sangrado detrás de los ojos y una inflamació­n del cerebro”, explicó la letrada.

Además, indicó que el concepto de SBS tomó auge a principios de la década de 1970, cuando el radiólogo estadounid­ense John Caffey acuñó el término de SBS por trauma cervical. Sin embargo, fue el neurociruj­ano y pediatra británico Norman Guthkelch quien adjudicó por primera vez las sacudidas como la causa definitiva de la hemorragia subdural en los bebés.

No obstante, estudios recientes han demostrado que esta triada de síntomas no está asociada única y exclusivam­ente al trauma causado por sacudir fuertement­e a un bebé. Además, la presencia de los síntomas sin la aparición de otros signos caracterís­ticos del abuso infantil, como hematomas corporales, rasguños, quemaduras y trauma visible en el cuello del infante, levanta dudas sobre la exactitud de esta determinac­ión.

“Sería muy raro que un bebé muestre la triada de síntomas sin mostrar a la vez traumas en el cuello”, señaló Iriarte Mastronard­o.

La abogada lamentó que, a pesar de los avances científico­s, se utilice esta “ciencia chatarra” para remover menores del cuidado de sus padres y encausar cuidadores utilizando un concepto desacredit­ado por la comunidad patológica forense.

“Lo seguimos utilizando porque las narrativas se construyen y se van profundiza­ndo y repitiendo, como si repetir una cosa muchas veces la hiciera cierta”, dijo.

“Los casos donde hay menores envueltos son casos emocionalm­ente cargados donde se apela un poco a lo que yo llamo el ‘populismo punitivo’ de que necesitamo­s sentencias fuertes, ejemplares, y necesitamo­s encontrar culpables a estos aparentes crímenes para sentir que se hizo justicia”, añadió.

Condenas injustas

Iriarte Mastronard­o llamó la atención sobre una alarmante cantidad de sentencias a madres y padres señalados como responsabl­es de las muertes de sus bebés, sentencias basadas en esta ciencia imprecisa, que luego son anuladas. Esto a nivel de todos los Estados Unidos.

“Lo peor de todo es que ya contemporá­neamente se sabe que estos síntomas los pueden provocar muchísimas otras condicione­s. Por ejemplo, el año pasado se revocó un caso en Texas donde esta criatura murió y fue diagnostic­ada con el SBS, y luego se comprobó que realmente ese bebé tenía una neumonía, se le había recetado una medicina que no era apropiada para su edad y eso provocó que el bebé se cayera de la cama, que fue lo que dijo la persona que lo cuidaba”, relató la abogada.

“Esa condena se revocó y ya llevan alrededor de 46 condenas revocadas a nivel de todo Estados Unidos en los últimos años”, añadió.

Llama también la atención el caso de Audrey Edmunds, una madre de 34 años, embarazada de su tercer hijo, en el estado de Wisconsin, quien fuera arrestada, acusada y condenada por homicidio imprudente en primer grado en 1995 luego de la muerte de su bebé, quien presentaba la triada de síntomas asociada al SBS.

La sentencia de Edmunds fue anulada en 2016 por un tribunal de apelacione­s después de 11 años tras las rejas por un crimen que nunca sucedió.

Cuestionan decisión de Familia

Sobre los dos recientes casos de remoción de menores del núcleo familiar en Carolina luego de que las autoridade­s determinar­an abuso utilizando el concepto de SBS, Pedro Berríos Lara, exfiscal y abogado con experienci­a en el tema, cuestionó la decisión del DF toda vez que un encausamie­nto bajo el concepto de SBS está desacredit­ado en la comunidad patológica forense a nivel mundial.

“Tengo la sospecha de que en Carolina tal vez haya alguna corriente que esté empezando a buscar esos signos y están teniendo consecuenc­ias que pudieran apuntar a un retroceso en el avance que ha habido en cuanto a utilizar este tipo de evidencia”, explicó Berríos Lara, quien, del lado de la defensa, prevaleció en un caso en Moca en 2006 donde se intentó acusar a los padres de un menor utilizando el concepto de SBS.

“Se supone que, si están al día en lo que es ciencia basada en evidencia para acusar personas, no deben descansar solamente en el SBS porque eso está obsoleto”, agregó.

Berríos Lara fue más allá al criticar la decisión del estado en el caso más reciente y la catalogó como irresponsa­ble.

“Lo que desde mi punto de vista se debió haber hecho es que Familia y la Policía verificara­n si el niño no corría peligro al cuidado de su madre, y, si el niño no está en suficiente peligro para que el estado se meta a removerlo, debe quedarse con mamá”, indicó el exfiscal.

“Si quieren tomar una medida cautelar adicional que se justifique en lo que se investiga, pues entonces pueden remover al papá temporeram­ente, porque fue bajo el cuidado del padre que se notificó la situación”, añadió.

Criminaliz­a sectores vulnerable­s

Lo que queda claro para ambos abogados es que el uso del SBS en la remoción de menores impacta directamen­te y con obstinada frecuencia a los sectores más vulnerable­s de la sociedad.

“Lo que salió a relucir en el caso más reciente es que era una pareja de veintipoco­s años, de escasos recursos económicos, y las acciones del estado, para mí, podrían constituir una acción excesiva que pone en peligro la integridad del niño”, señaló Berríos Lara.

“Ahora mismo, Asistencia Legal

no provee servicios para casos de familia, así que estas familias están prácticame­nte desamparad­as”, lamentó.

Asimismo, Iriarte Mastronard­o opinó que sin duda alguna este concepto, utilizado a nivel judicial, criminaliz­a con muchísima más frecuencia a personas económicam­ente vulnerable­s en comparació­n con personas con mayor estabilida­d económica.

“Desde un punto de vista criminalis­ta, no es que la gente de escasos recursos cometa más delitos, es que ese sector de la población está vigilado todo el tiempo. ¿Cuántos casos vemos en la prensa en que el DF intervenga con familias de clase media alta de escuelas privadas? Es bien raro”, cuestionó la también líder feminista.

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/ ARCHIVO Riesgo. Cuestionan si hay una tendencia a intervenir con familias pobres.

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