Secretario de Hacienda recomienda firma de proyecto contributivo
Gobernador Pedro Pierluisi dijo que está inclinado a firmar la medida que contempla alivios contributivos.
El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, instó ayer a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a reconsiderar su postura respecto al proyecto de cambios contributivos aprobado por la Asamblea Legislativa.
Parés Alicea aseguró que el gobierno tiene la capacidad financiera para otorgar estos alivios sin comprometer las obligaciones estatales, incluyendo las establecidas en el Plan de Ajuste de la Deuda ratificado por el Tribunal federal. Insistió en que el impacto fiscal de la reforma sería de aproximadamente $550.2 millones anuales, con un ingreso adicional estimado de $283 millones por año. Asimismo, proyectó que los alivios podrían atraer de vuelta a Puerto Rico a unas 15,000 personas, lo que impulsaría la economía.
“El gobierno en general, ha tenido mucha disciplina y hemos tomado las medidas necesarias para absorber los costos. La Reforma Contributiva también cuenta con el endoso de organizaciones del sector privado, que entienden es necesaria para hacer justicia a los contribuyentes y estimular la economía en general”, dijo Parés Alicea.
Gobernador firmaría
Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que está inclinado a firmar la medida, a pesar de la objeción de la JSF.
“Yo me veo inclinado a firmarla, sí, pero es importante que nosotros le demos toda la información relevante a la Junta y que la Junta, en vez de estar litigando este asunto, que sería algo desafortunado, conllevaría un gasto que no debemos estar incurriendo. Yo lo que espero, la meta nuestra, es que la Junta permita que yo firme y que se implante sujeto a unos acuerdos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
“Lo que pasa es que yo no quiero tener el choque con la Junta y que, para colmo de males, entonces el tribunal invalide la ley. Eso es lo que queremos evitar a toda cuenta”, añadió.
El proyecto de reforma mantiene ajustes en tasas contributivas para individuos y corporaciones, con tasas del 7 %, 14 %, 22 %, 30 % y 33 % para diferentes rangos de ingresos individuales, y del 16 %, 26 % y 36 % para corporaciones. Además, incluye aumentos en créditos para personas mayores de 65 años, exenciones para médicos residentes, y descuentos para contribuyentes cuyos ingresos no superen los $100,000. Se eliminan contribuciones adicionales y pagos mínimos de la Contribución Alternativa, junto con cambios administrativos como la eliminación de reconciliaciones de gastos y obligaciones de informes anuales para corporaciones ante el Departamento de Estado.
El Departamento de Hacienda está actualizando los estudios de impacto económico de la reforma según los cambios finales aprobados, aunque no se anticipan alteraciones
sustanciales. Parés destacó el respaldo del sector privado a la reforma, considerándola necesaria para la equidad tributaria y la estimulación económica. Sin embargo, algunas medidas propuestas, como la extensión de beneficios fiscales a residentes de Puerto Rico bajo la Ley 22/Ley 60 o la eliminación del Impuesto sobre Ventas y Uso en la cadena de distribución, no fueron aprobadas en esta legislatura.
“Yo tengo 30 días para firmar o vetar la medida. Yo quiero aprovechar, quiero que se aprovechen esos 30 días para, por ejemplo [...] llegar a unos acuerdos conjuntos para actualizar el plan fiscal. Por ejemplo, los recaudos que ese plan establece son significativamente menores a los que ya hemos logrado, y en el área de gastos. O sea, que ese proceso de actualizar o revisar el plan fiscal pienso que lo tenemos que hacer ahora porque cuando la Junta escribió, una de las cosas que señalan es que la medida es inconsistente con el plan fiscal. Bueno, es inconsistente con el plan fiscal actual, que hay que revisarlo. Aparte de eso, en la medida, y la Junta aparentemente no tenía eso en su mirilla, hay
disposiciones que permiten que el gobierno ajuste el gasto. Sí, por alguna casualidad, los recaudos no son suficientes para atender todo el gasto presupuestado. O sea, que ya la medida distingue hasta un mecanismo para uno ajustar gasto”, sostuvo Pierluisi.
Añadió que busca evitar que la Junta impugne la ley de ser firada. “La Ley PROMESA también le da a la Junta la facultad de ajustar gastos trimestralmente en la medida en que los recaudos no dan para los gastos. O sea, yo quiero que todo eso se discuta en este término de tiempo, para evitar que la Junta impugne la medida, para evitar que la Junta recurra al tribunal para que se revoque la medida. Por ejemplo, yo estoy hablando de reducción de gastos. Si es necesario podemos reducir gastos. Yo estoy hablando de revisar el plan fiscal, pero eso lo queremos acordar con la Junta. O sea, que hay un trabajo que hacer. Por ejemplo, el plan fiscal tiene un lenguaje de que toda medida contributiva tiene que ser neutral desde el punto de vista del recaudo. Entendemos que ese tipo de lenguaje impide el que tengamos un alivio contributivo en
momento alguno. Porque, por definición, un alivio contributivo conlleva un alivio. Si tú vas a estar aumentando otro impuesto para que entonces no haya el alivio, pues, gran avance”, dijo el gobernador.
Objeciones de la Junta
La JSF expresó preocupación por los efectos financieros de la reforma, argumentando una reducción de ingresos gubernamentales de aproximadamente $750 millones para este año fiscal y alrededor de $3,000 millones en los próximos cinco años. Afirmaron que la medida comprometería la estabilidad fiscal del gobierno y sería inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico y la ley federal PROMESA.
“Con estas pérdidas sustanciales de ingresos, el presupuesto del Gobierno volvería a caer en déficit; borrando así el progreso logrado en los últimos años para estabilizar las finanzas de Puerto Rico. Es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico, el presupuesto del año fiscal en curso y PROMESA”, lee la declaración de la JSF a horas de la aprobación legislativa.