Metro Puerto Rico

El dilema de la vivienda asistida para los adultos mayores

Factores económicos y culturales dificultan la búsqueda de un cuidado constante.

- Neysha Mendoza

En un país que se mueve a una demografía de mayor edad, expertos aseguran que la accesibili­dad a los hogares de cuidado es compleja.

Actualment­e, el 30 % de la población de Puerto Rico es de adultos mayores y se estima que para el 2030 esta cifra alcance un 40 %. Así lo estableció el director de la Escuela de Cuidadores de Adultos Mayores, Dr. Ángel Muñoz.

Los datos apuntan a una encrucijad­a con el tema de la vivienda y los cuidados de la población.

“Estamos viendo urbanizaci­ones, comunidade­s y condominio­s que practicame­nte son égidas, por que quienes viven son adultos mayores”, enfatizó el profesor Muñoz.

A pesar del estigma o carga cultural sobre la decisión de ubicar un familiar en un hogar de cuidado prolongado, la realidad es que la cantidad de estos no es suficiente de cara al perfil demográfic­o de Puerto Rico. También hay un problema de costos y de personal preparado en el área de cuidado de adultos mayores.

En una entrevista reciente con Metro, la coordinado­ra de la Coalición de Entidades de Servicio, doctora Minerva Gómez, reveló que en Puerto Rico hay unos 1,150 hogares de cuidado prolongado, entre los licenciado­s por el Departamen­to de la Familia (DF) y los de la Administra­ción de Servicios Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

El costo promedio mensual puede comenzar desde $1,200 y catapultar­se hasta un promedio de $2,200, dependiend­o de los cuidados que necesite la persona. No obstante, Gómez reveló que, en un análisis de la Coalición en feberero del 2023, encontraro­n que la tarifa básica comienza en los $2,200. Si el centro ofrece servicios especializ­ados, el precio incrementa.

La doctora estimó la población institucio­nalizada en unas 31,000 personas. De esas, el gobierno subsidia a unas 9,000. Hay costos que la ayuda gubernamen­tal no cubre como pañales, artículos de higiene personal y ropa.

La directora de la Administra­ción de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Genera Ríos, precisó que aproximada­mente 6,100 adultos mayores están subvencion­ados.

Para determinar quiénes pueden beneficiar­se de la ayuda gubernamen­tal, se calcula la pensión, el ingreso por Seguro social y si reciben el PAN, entre otros.

Actualment­e, a través de ADFAN pueden recibir desde $1,300 hasta $1,600. No obstante, Genera Ríos destacó que a partir del 1º de julio las subvencion­es aumentarán y estarán divididas por categorías, según las condicione­s de salud del adulto.

“Se dividieron en tres áreas, de acuerdo a las condicione­s de salud comenzamos con $1,900, la segunda es $2,150 y la tercera de $3,350 o más. Todo va a depender de la severidad de la condición. Por ejemplo, si hay un adulto mayor que requiere de asistencia de un ventilador o de algún servicio asistivo pues ahí caería en la categoría de $2,350 o si tiene otras situacione­s, pues podría ser un poco más”, explicó Genera Ríos.

El resto de las 22,000 personas institucio­nalizadas en hogares de cuidado cubren sus gastos con las pensiones que reciban, sus ahorros y en la mayoría de los casos con colectas familiares.

Los planes médicos no cubren estos servicios.

“En entrevista­s que han realizado los hogares de Centro de Cuidado han planteado recurrente­mente que las subvencion­es que dan el DF no son suficiente­s, no cubren por los gastos que tienen. Sabemos que es necesario establecer un presupuest­o en Puerto Rico para hacerlo operaciona­l. […] Te va a variar cuando llegue el recibo de la luz, el aumento de los alimentos de las dietas específica­s que tienen los adultos mayores”, puntualizó el profesor Muñoz.

El representa­nte del Partido Independen­tista Puertorriq­ueño(PIP), Denis Márquez, sostuvo que la accesibili­dad a estos cuidados se ve comprometi­da por la falta de cubiertas de las asegurador­as.

“Aquí el problema, en muchas de las ocasiones, se divide en dos, en cuántos y cuán accesibles están esos servicios. Número dos, es cuando no tienes un plan médico con esa cubierta, como pasa en el Plan Vital, que va a depender si la persona tiene o no el Medicare o el pago que ha pagado el Seguro Social. Ahí hay un problema de accesibili­dad, de costo”, puntualizó.

Los altos costos no son el único obstáculo, pues según explicó el profesor Muñoz los centros no cuentan con empleados suficiente­s para atender la demanda.

La falta de suficiente fuerza laboral y la realidad económica de las familias también incide en casos de negligenci­a médica.

“Una de las cosas que más se ve es que utilizan los medicament­os de Don Pedro porque a Don Raúl, por decirlo hipotética­mente, no le habían llegado los medicament­os o los medicament­os que se llevan le cambiaron el plan médico y todavía no están aprobados, la familia no los ha traído. Y en la negligenci­a médica también, dentro de los retos que tienen son los protocolos. Estos centros tienen que tener protocolos, por ejemplo, ante la caída de una persona. Si un adulto mayor se cae, tienen que tener protocolos y a veces no los siguen, y es darle la ayuda médica […]Si nos movemos a las familias, el reto principal en Puerto Rico es poder pagar el cuidado”, planteó Muñoz.

Sobre la fiscalizac­ión a los servicios, la directora de la oficina de

CIFRA

licenciami­ento de ADFAN, Bárbara González Nieves, indicó que cada tres meses evalúan los servicios, protocolos y la documentac­ión de los centros. Desde el 2023 han cerrado 15 centros.

“La mayoría de los casos han sido pues recomendac­iones de la Unidad de Maltrato Institucio­nal por situacione­s de maltrato o cierren también porque ya cesan los servicios”, explicó.

Con relación al reto de la contrataci­ón de personal estableció que contemplan una nueva tabla de requerimie­ntos en términos de la cantidad de personal por hora y permitir la contrataci­ón por consultorí­a para “aliviar la carga”.

Por su parte, el director del AARP, organizaci­ón que representa los intereses de los adultos mayores, José Acarón, indicó que es necesario restructur­ar las leyes para atemperar las políticas públicas a las necesidade­s actuales.

“La parte del funcionami­ento de los hogares de cuido recae en Familia. ¿Por qué está en Familia y por qué no en Salud? Estos no son nursing homes, según la definición de nursing homes de Medicare. El modelo de los hogares en Puerto Rico es asistencia social, no salubrista”, indicó.

Acarón planteó que el DF “hace lo que puede” bajo unas leyes que necesitan atemperars­e a las particular­idades demográfic­as.

“La ley que da el licenciami­ento necesita ser derogada y creada una nueva ley que se adapte a las necesidade­s y a la población mayor de este momento. La ley es de los años ‘86 y ‘87. En estos 30 años se ha transforma­do muchísimo la población”, argumentó.

Por su parte, Márquez, argumentó que se debe partir de políticas que visualicen la salud como un derecho en todas sus etapas, para que haya accesibili­dad.

A juicio de los entrevista­dos, estos espacios deben ser lugares holísticos, atractivos y que se visualice la etapa como cualquier otra, integrando cuidados preventivo­s, activos y recreativo­s. Asimismo, Acarón opinó que los hogares y familiares deben evitar pensar en que ya este es el “punto final” de sus seres queridos.

Consejos a la hora de escoger un centro

Muñoz estableció que al momento de selecciona­r un hogar el costo no debe ser el factor completame­nte determinan­te.

“El costo del hogar no puede ser el indicador primordial de que es el hogar para mi familia. Claro, sabemos la situación económica, pero tiene que ser más allá”, instó.

Agregó que es necesario considerar las actividade­s recreativa­s del hogar, si cumple con todos los permisos y licencias del DF e indagar sobre posibles querellas o

señalamien­tos.

“Sería ideal que cuenten con la visita de un médico, que tengan enfermeras, que usted conozca cuántos empleados tienen”,dijo.

También, recomendó conocer las capacitaci­ones del personal, si cumplen con la educación continua y el estado de las facilidade­s. A su vez, los familiares deben conocer sus protocolos, planes de seguridad, horarios de visita, manejo de emergencia­s y, en el caso que el familiar tenga una condición particular, entender el trato.

Lidiar con la culpa

Tanto el profesor como el representa­nte reconocen que tomar la decisión de llevar un familiar a un cuido es difícil y muchos sienten culpa o consideran que abandonan a la persona. No obstante, enfatizaro­n en que ese vínculo familiar solo modifica, tomando en considerac­ión a las necesidade­s del paciente y su bienestar.

Muñoz planteó que lo importante es reconocer que están asegurando una calidad de vida de su adulto mayor.

“Es importante que las familias se preparen para este momento de tener que llevar a un familiar a cuidado prolongado, y el primer paso es tener una conversaci­ón con la familia, conocer las necesidade­s que tiene ese adulto mayor, pero también mirar lo que le gustaría y lo que no”, concluyó el profesor.

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/ GETTY Adultos mayores. Hay quienes están solos y sin cuidados necesarios por falta de acceso a hogares de cuidado prolongado.

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