Un gobierno pro ambiente
Mientras en distintas partes del mundo se celebraba el Día del Planeta, en Puerto Rico se confirmaba lo que muchas comunidades del área sur de la Isla y distintos sectores del país hemos denunciado desde hace muchos años; las cenizas generadas por la carbonera AES nos envenenan.
Una investigación realizada por el Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) evidenció la presencia de metales pesados, tóxicos y cancerígenos en el agua potable que consumen las comunidades que se abastecen del acuífero del sur, contaminado por el depósito de las cenizas de carbón. Tras los resultados de esta investigación, profesionales de la salud han hecho un llamado de alerta y de atención inmediata, dado a las consecuencias adversas para la salud que puede provocar la exposición a
largo plazo a metales pesados.
Los hallazgos de la investigación realizada por el CQPR son publicados a solo meses de que el Gobierno anunciara la aprobación de las enmiendas al contrato de la carbonera AES con el fin de otorgarle un descarado rescate financiero multimillonario. Hoy, sigue quedando en evidencia el costo que este rescate ha representado para el país, no solo mediante el aumento en la tarifa de energía eléctrica, sino, además, por el daño a la salud ambiental y a la salud de cientos de familias que se han visto afectadas por la generación y contaminación de estas cenizas tóxicas.
El país no necesita un Gobierno que rescate financieramente y proteja a compañías contaminadoras como la AES. Necesitamos un Gobierno cuyo compromiso
sea la protección del ambiente, de la vida y la salud de las comunidades. Desde el Partido Independentista Puertorriqueño insistimos en iniciar un proceso de cierre de la planta de carbón establecida en Guayama, de la mano de la implementación de planes agresivos de conservación y eficiencia energética, y el aumento del uso de las fuentes de energía renovable. Se debe llevar a cabo un proceso responsable de remoción de los residuos tóxicos de carbón en aquellos lugares donde se hayan depositado, enterrados o utilizados. Y por supuesto, debe llevarse a cabo una investigación para el procesamiento judicial de AES por violaciones a las leyes y reglamentos, daños a la salud de las personas y las comunidades aledañas, y la contaminación del ambiente.