Al fin radican por muerte de Rafael
Carmen Cruz fue al tribunal a encarar a los presuntos responsables de matar a su hijo de 17 años en una balacera en 2012
El muchacho fue herido en el parking del caserío Villa de la Rosa, en Aibonito
Una discusión en el estacionamiento del residencial Villa de la Rosa, en Aibonito, hizo que Carmen Cruz le ordenara a su hijo Rafael Santiago, de apenas 17 años y quien mecaneaba su automóvil, que se metiera en la casa. Pero el aviso llegó demasiado tarde.
Casi año y medio después del crimen, la angustiada madre busca que los presuntos asesinos respondan por la irreparable pérdida de su retoño.
“Espero que se haga justicia porque esto no fue buscado, ni por mí, ya que no sucedió por mi irresponsabilidad y tampoco sucedió por irresponsabilidad de él. Él se crió como Dios manda. Creció bajo las normas y las leyes. Él estaba en su comunidad”, sostuvo Cruz al referirse a Rafael, quien soñaba con ser mecánico. El muchacho falleció en el Centro Médico de Río Piedras el 16 de diciembre de 2012.
Según el inspector Rubén
“... no sucedió por mi irresponsabilidad y tampoco sucedió por irresponsabilidad de él. Él se crió como Dios manda. Creció bajo las normas y las leyes. Él estaba en su comunidad”
CARMEN CRUZ/ Madre de Rafael
González, jefe de la rama investigativa en Aibonito, el día de los hechos, a eso de las 4:00 p.m., Israel A. Padilla Marrero, alias “Bembi”; Kevin Omar Rivera Rodríguez, apodado “Bobito”, y Jonathan Rodríguez Cartagena, apodado “Scarface”, arribaron al caserío para resolver un conflicto relacionado con el trasiego de drogas. Se produjo una balacera y fue ahí que hirieron a Rafael, quien falleció horas más tarde.
Si bien desde hace tiempo se conocía la identidad de los presuntos gatilleros, hubo que esperar por las pruebas periciales y de balística para sustentar y presentar el caso.
Ayer, el juez Isaac Llantín, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para su arresto por el asesinato del jovencito. Contra Padilla Marrero y Rivera Rodríguez se presentaron cargos por asesinato, conspiración y violaciones a la Ley de Armas.
Rodríguez Cartagena fue acusado por los mismos cargos, pero en ausencia. Mientras, Jesús J. Vargas Morales, alias “Chemba”, se libró de acusaciones por el asesinato, pero se le formularon cargos por violaciones a la Ley de Armas y conspiración.
El juez señaló una fianza global de $3.2 millones. Los acusados quedaron sumariados en prisión hasta la vista preliminar del caso al no poder pagar la suma fijada por el magistrado. Unos fueron llevados al Complejo Correccional de Bayamón y otros al complejo penal Las Cucharas, en Ponce.