DEFENSA FÉRREA DEL CAÑÓN LAS BOCAS
DEFORESTACIÓN• Grupo pro ambiente denunció que hubo movimiento de terreno
Recursos Naturales planifica adquirir cerca de 132 cuerdas a fin de año
Barranquitas. El Gobierno estaría adquiriendo a fin de año cerca de 132 cuerdas de terreno de unas 1,205, que componen el Cañón Las Bocas, que comparte los pueblos de Barranquitas y Comerío.
Así lo confirmó a este diario Vicente Quevedo, secretario auxiliar de Planificación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), luego que el presidente del Comité Pro Reserva Natural Cañón Las Bocas, Inc., Carlos Collazo, informara que hay unos esfuerzos a esos fines.
Fue también Collazo quien denunció a Primera Hora la deforestación de un área de terrenos, cerca de la carretera 152, km 6.3, en el barrio Quebradillas de Barranquitas.
Precisamente la licenciada Mildred Sotomayor Burbón, directora de la División Legal del DRNA, confirmó que esa agencia tenía ante su consideración una querella en contra de Guillermo Molina Santiago quien fuera intervenido por los vigi-
CARLOS COLLAZO Presidente del Comité Pro Reserva
lantes “como consecuencia de una querella ciudadana... Se le pidieron los correspondientes permisos y como nos los pudo proveer, los vigilantes lo paralizaron (el trabajo en el área).
Sin embargo, y tras la presentación de informes técnicos de varios especialistas, Sotomayor Burbón informó ayer que “el movimiento de tierra (hecho por Molina Santiago) era compatible con las prácticas agríco- las que está llevando esta persona, que de conformidad con el reglamento conjunto de la Oficina de Gerencia de Permisos, por la magnitud de la actividad, pues no requiere de un permiso. Cuando son agricultores pue- den cortar árboles, porque así la ley especial (95) se lo permite... en este caso, como es una siembra lo que la persona está proponiendo hacer en su finca, pues no tiene que mitigar”.
Agregó que “no hubo daño, fue una actividad de arado superficial para propósitos agrícolas...”.
La funcionaria informó que “lo único que encontramos de la investigación (preliminar) es que no cumplió con el requisito de obtener una autorización al amparo de la Ley 292 de Protección del Karso, que requiere que tiene que tener una autorización para cualquier actividad que se vaya a realizar en las áreas restringidas o en la zona de amortiguamiento...”.
Por ese incumplimiento, se refirió una querella contra el ciudadano a la abogada Claribel Díaz.
Molina Santiago se expondría a una multa, “quizás no de gran magnitud...”.
Por su parte, Collazo, ante la opinión del DRNA de que “no hubo daño (porque) fue una actividad de arado superficial...”, sostuvo que “no se respetó la zona de amortiguamiento”.
“Reiteramos que la secretaria del DRNA (Carmen Guerrero) debe visitar la zona para que pueda confirmar nuestras denuncias”, argumentó.
Collazo denunció que la zona deforestada recientemente “fue parte importante del hábitat de especies endémicas y nativas de Puerto Rico”.
Por su parte, Quevedo dijo que el DRNA continua realizado trabajos en ciertos tramos y zonas del Cañón.
“Esos trabajos se han hecho en gran medida ante el hecho de