¡EL PAÍS EXIGE JUSTICIA!
La Policía pide ayuda a los ciudadanos para esclarecer el caso de las cinco víctimas inocentes que murieron en Dorado tras una balacera de carro a carro, pero no parece tener definido un plan para garantizar la seguridad en nuestras carreteras
La impunidad con la que opera el bajo mundo continúa cobrando la vida de familias inocentes, poniendo en entredicho la eficacia de las estrategias de prevención de la incidencia criminal.
La percepción del País ante estas tragedias sin precedentes, como la ocurrida el pasado viernes en la que un matrimonio y tres de sus cuatro hijas fallecieron durante un accidente de tránsito -como secuela de la ejecución de un individuo que era acechado-, es que no existe un plan anticrimen formulado.
Los hechos ocurrieron a las 8:32 p.m. del viernes luego de que Jaime Ferrer Rivera, de 39 años, y Reinaldo Vargas Sánchez, de 58 años, salieran de una marisquería ubicada cerca del balneario de Dorado, en una guagua Range Rover, color negra, del 2016.
Al llegar a la intersección de las carreteras PR-693 y PR-696, en el barrio Higuillar de Dorado, los ocupantes de la guagua fueron tiroteados con un rifle AR-15 desde un auto compacto.
Estando herido, Ferrer Rivera intentó escapar, impactando un automóvil marca Toyota Corolla al querer rebasarlo.
Tras perder el control del volante, a 200 pies de distancia, invadió el carril contrario en la carretera PR-696, donde chocó de frente el Toyota Tercel, del año 1992, conducido por Zuleika Rivera Negrón, de 27 años, que se estrelló contra un árbol.
En el accidente falleció la conductora, su pareja Ángel Pérez Polanco, y las niñas de 3, 5 y 10 años de edad.
El padre de las menores era el sobrino mayor del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez,
Mientras, la única sobreviviente de la familia, Yaymilis Mojica Rivera, de 12 años, permanece recluida en estado crítico en el Centro Médico.
¿Sin estrategias?
La superintendente de la Policía, Michelle Hernández, quien no acudió a la escena, tampoco estuvo disponible para responder a Primera Hora en torno a cuál es el plan vigente -si alguno- para combatir los tiroteos entre vehículos en la vía pública, que cada vez se vuelven más comunes; si el cuerpo policial permitirá que los sicarios se adueñen de las carreteras y, más importante aun, cómo los puertorriqueños pueden sentirse seguros.
En una declaración escrita enviada en formato de puntos enumerados, Hernández comentó de manera superficial que su agencia tiene planes de trabajo en conjunto con agencias federales y alianzas con policías municipales.
“Esto es un caso que causa dolor a todo el pueblo. Es detestable que en la guerra de narcotraficantes salgan perjudicadas vidas de inocentes. Pedimos oración por la niña y por su familia… Nuestros uniformados trabajan día a día con la comunidad para darle seguimiento a actividades sospechosas y velar por nuestras vías públicas”, indicó.
También se le pidió una reacción al director del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, pero no respondió, ni por escrito.
Investigado criminalmente
Ferrer Rivera era investigado por el Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Carolina por el hurto de furgones de un almacén de la compañía General Electric, en el reparto industrial Julio N. Matos, de la denominada Ciudad Gigante.
Ferrer Rivera fue arrestado en mayo junto a otro individuo, también de Dorado, cuando se disponía entrar en un almacén donde se llevó a cabo un allanamiento en la carretera PR-1, del barrio Quebrada Arenas en el que ocuparon mercancía robada, pero no se le ra- dicaron cargos criminales.
Sin motivo
El superintendente auxiliar de Investigación Criminal (SAIC), el coronel Francisco Rodríguez, afirmó que no han establecido el motivo del crimen ni tampoco han corroborado si tenía expediente criminal federal.
Tampoco, hasta la tarde de ayer, se había allanado la residencia de la víctima.
Rodríguez negó que la Policía solo descanse en las confidencias ciudadanas para el esclarecimiento de los asesinatos, ya que en este -al igual que otros casos de interés públicolos investigadores insisten en la cooperación de los testigos.
Personal de la iniciativa Trigger Puller, establecida en enero, en la cual se identifican y procesan personas violentas que cometen crímenes como disparos de carro a carro y carjackings, colabora en la pesquisa.
El director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Bayamón, el comandante Wilson Lebrón, aseguró que se encuentran analizando los vídeos de las cámaras de seguridad que han ocupado.