CANDENTE VISTA POR QUERELLA DE ACOSO
La mujer, quien alega haber sido hostigada por José “Pichy” Torres Zamora, declaró ante la Comisión de Ética, pero se contradijo
La exempleada de la Legislatura que alega haber sido acosada sexualmente por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora y por un empleado de éste, entró en contradicciones en el interrogatorio que le hicieron ayer los miembros de la Comisión de Ética.
Mientras tanto, la comisión legislativa citó para hoy en la mañana a una empleada de la oficina de Torres Zamora, a quien supuestamente la testigo involucró en el testimonio bajo juramento que ofreció ayer en el Capitolio.
La querellante acudió como testigo a una vista a puerta cerrada. En declaraciones a periodistas, previo a comparecer ante la Comisión de Ética, se reafirmó en sus imputaciones contra el legislador, quien también estuvo presente en la vista ejecutiva.
“Al fin se me va a escuchar para yo decir la verdad que es la que he estado diciendo desde siempre”, dijo la fémina, cuyo contrato venció en julio de este año.
“Fueron muchas las contradicciones”, aseguró a Primera Hora una fuente en torno al testimonio que prestó la mujer ayer.
La fuente indicó que la querellante ofreció respuestas distintas a los legisladores sobre elementos contenidos en el informe que rindió la abogada Blanca Sáez a la Cámara, quien fue contratada para que hiciera una investigación de los hechos.
Trascendió que en el contrainterrogatorio, la abogada de Torres Zamora, Ivelisse Rivera Padilla, sacó a relucir diferencias en las contestaciones que la testigo ofreció sobre los documentos de la Oficina de Recursos Humanos de la Cámara, a dónde la mujer hizo la denuncia sin juramentar.
Trascendió que los legisladores preguntaron a la querellante si después de los hechos había llevado a un familiar a trabajar en un empleo de verano a la oficina de Torres Zamora.
En agosto pasado, la mujer denunció que un empleado de Torres Zamora la obligó a tener sexo oral con él como condición para mantener su empleo en la Cámara y que el legislador le dijo en una reunión que “eventualmente va haber campaña, vamos a quedarnos en algunos pueblos y eventualmente tu y yo vamos a tener sexo”.
“Esto es un abuso de poder y ninguna mujer en Puerto Rico debe pasar por esto… a las mujeres que no callen. Yo lo hice por vergüenza y por mi familia”, sostuvo con manos temblorosas y voz quebrada la mujer, acompañada del abogado Antonio Figueroa.
Dijo que estaba desempleada y que ha pasado por momentos de mucha depresión. “Esto ha marcado mi vida bastante”, afirmó. Como condición para hablar pidió que su rostro no fuera captado por las cámaras.
Cuando salió de la vista, la fémina indicó que no podía hacer comentarios. Su abogado sostuvo que los legisladores “fueron muy amables, distinguen el nombre de este País e hicieron su trabajo”. Figueroa dijo sin embargo, que muchas de las preguntas eran cerradas y llevaban a la
testigo a dar una contestación de un sí o un no, por lo que “se le hacía muy difícil explicar”.
Figueroa también se quejó de que a la testigo se le hicieron preguntas a base del informe de la licenciada Sáez, un documento al que no han tenido acceso.
Por su parte, Torres Zamora se limitó a decir que estaba tranquilo y que “la verdad siempre surgirá”.
“Fue una vista muy importante para cumplir con las responsabilidades de la Comisión de Ética”, dijo el representante independentista, Denis Márquez Lebrón.
El representante popular, Rafael “Tatito” Hernández indicó a su vez, que “todo el mundo tuvo tiempo significativo para preguntar y ella (la querellante) para contestar pausadamente”.
El informe de Sáez, que fue rendido en agosto, concluyó que en el caso del director de la oficina, Félix Daniel García, pudo haber ocurrido algún tipo de conducta indeseada y se recomendó pasar el asunto a la Oficina de Capital Humano de la Cámara.
En el caso de Torres Zamora, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez refirió las denuncias a la Comisión de Ética.
Pleito contra presidente cameral
En otra reunión separada, la Comisión de Ética decidió ayer esperar a que el presidente cameral conteste la querella que le sometió la empleada legislativa Soniel Torres Suárez, por no darle protección como víctima de violencia de género conforme a una orden administrativa.
Torres Suárez es la mujer que en noviembre denunció en la Policía haber sido víctima de agresión bajo la Ley 54 de violencia doméstica por parte de su jefe, el representante Ramón Rodríguez Ruiz. Luego, cambió la versión y ha negado que haya sido el legislador quien la agredió, pero se ha negado a decir quién fue.
Méndez ha dicho que le ofrecieron protección en tres ocasiones y Torres Suárez la declinó. El líder legislativo le ha pedido la renuncia a Rodríguez Ruiz y ha amenazado con expulsarlo mediante juicio por residenciamiento.
El presidente de la Comisión de Ética, Carlos Banchs dijo que Méndez tiene hasta el 3 de enero para contestar la queja y que tan pronto conteste, aunque sea antes de esa fecha y coincida con los días festivos navideños, la comisión se activará para atender la denuncia.
“Al fin se me va a escuchar para yo decir la verdad que es la que he estado diciendo desde siempre”
QUERELLANTE