NO VEN COLOR DE ROSA PRIVATIZACIÓN DE LA AEE
Alcaldes piden enmiendas a la medida legislativa para evitar otro golpetazo con la venta de la corporación pública
Alcaldes de la Pava y la Palma expresaron reservas ayer en la Cámara de Representantes al proyecto de La Fortaleza que busca privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La medida fue defendida por un panel de funcionarios del Gobierno, integrado por el presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez; el director ejecutivo de las Alianzas Público Privadas (APP), Omar Marrero; y el subdirector de la AEE, Justo González.
El nuevo director de la AEE, Walter Higgins, no estuvo.
La Asociación de Alcaldes, que agrupa a los populares, como la Federación de Alcaldes, a los novoprogresistas, reclamaron que la medida sea enmendada para establecer que la denominada contribución en lugar de impuestos (CELI), que la AEE paga anualmente a los municipios, no se perjudicará con la venta total o parcial de los activos de la corporación pública.
El presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, dijo que los municipios gastan $104 millones en alumbrado público y $156 millones en el CELI, mientras la AEE “se beneficia” de unos $460 millones por estar exenta de pagar contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, patentes y arbitrios de construcción.
“Cualquier inacción por parte de esta honorable Asamblea Legislativa pondría en vilo las debilitadas finanzas de los 78 municipios de la Isla”, sostuvo Ortiz, alcalde de Cayey, en una vista pública de las comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía y Gobierno.
Por su parte, Isabelo Molina, director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, indicó que el CELI surgió porque la AEE está exenta del pago de tributos a los municipios.
“Son los municipios los que han estado subsidiando a la AEE ya que la cantidad anual correspondiente a la exención de los tributos municipales es más de tres veces la del CELI que la Autoridad paga anualmente a los municipios”, opinó Molina, exalcalde de Vega Alta.
Tanto Ortiz como Molina solicitaron que se establezca con claridad el trato contributivo que recibirían los municipios con la privatización de la AEE.
La vista pública inició temprano en la mañana con reclamos de la minoría popular sobre la ausencia de Higgins.
Cuando González comenzó a leer la ponencia de la AEE, curiosamente firmada por Higgins, el portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández, cuestionó por qué el nuevo directivo no ocupaba la silla de testigos.
Hernández dijo que con un salario de $450,000, Higgins debería estar disponible para ser interrogado por los legisladores y reclamó al presidente de la comisión, Víctor Parés Otero, que aclarara si Higgins había sido citado y si se negó a comparecer.
Parés Otero declaró no ha lugar a Hernández y luego, en declaraciones a periodistas, dijo que el lunes se reunió con Higgins y acordaron que sería citado posteriormente a una reunión ejecutiva o a una vista pública.
Añadió que González trabajó el tema de privatización de la AEE desde la campaña elec- cionaria del gobernador Ricardo Rosselló.
“Con un salario tan alto, lo menos que puede hacer el señor Higgins es comparecer a la Legislatura”, demandó por su parte, el representante popular Luis Vega Ramos.
Durante la vista, Sobrino dijo a preguntas de Parés Otero que por la naturaleza de la AEE, el interés mayor de los mercados es hacia la privatización de la generación y transmisión de la energía. Sobrino indicó haber recibido acercamientos “y entiendo que otros funcionarios en ambas (generación y distribución)”. Sin embargo, el funcionario se echó para atrás cuando fue confrontado por el representante Vega Ramos.
“El proyecto provee para la oscuridad y más cuando Sobrino admite que ya ha habido acercamientos de gente. ¿Quién se le ha acercado?”, inquirió el legislador.
“No se me ha acercado nadie”, respondió Sobrino, también representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal.
El representante José “Quiquito” Meléndez, del Partido Nuevo Progresista, dijo que le impondrían un término a la transacción para que no sea una negociación abierta, pero Sobrino le ripostó que si se incluye un término se perjudicará el valor económico de la compraventa.
“Cualquier inacción por parte de esta honorable Asamblea Legislativa pondría en vilo las debilitadas finanzas de los 78 municipios de la Isla” ROLANDO ORTIZ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES