VEREDICTO DE PABLO CASELLAS TRAE MÁS COLA
Cuatro años después se evalúan palabras de un jurado
La jueza Vivian Durieux Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón, pospuso hasta el lunes próximo la continuación de la vista en la que se dilucida la moción de un nuevo juicio por conducta impropia del jurado, que solicita el convicto Pablo Casellas Toro.
En febrero de 2014, el juez José Ramírez Lluch le impuso 109 años de prisión a Casellas Toro por la muerte de su esposa, Carmen Paredes Cintrón.
El Ministerio Público le informó a la jueza que solicitará al Tribunal Apelativo que no autorice un nuevo juicio, anticiparon ayer los fiscales Phoebe Isales, Janet Parra y Sergio Rubio.
Por eso la jueza aplazó hasta el lunes la continuación de la vista en lo que la fiscalía somete una moción en Auxilio de Jurisdicción para que detenga la moción del convicto.
En la audiencia, dos de los integrantes del jurado que emitió un veredicto de culpabilidad en votación de 11 a 1, fueron interrogados por la jueza, pero les formuló las preguntas acordadas entre la defensa y la fiscalía, no les cuestionaron sobre el proceso mental al momento de deliberar en el 2014.
A base de las reseñas anteriores del juicio, la defensa expuso que presuntamente uno de los miembros del panel cuestionó la credibilidad de un perito, el ingeniero Rafael Jiménez Pérez, a quien se le encomendó un estudio sobre el tiempo que le hubiese tomado a un testigo de cargo en llegar desde las oficinas de Assmca y en poco tiempo, estar presente en el lugar en el que presuntamente Casellas Toro lanzó el arma que utilizó alegadamente para matar a su esposa.
Jiménez Pérez declaró que era físicamente imposible lo declarado por ese testigo.
La primera en declarar ayer fue la jurado número cuatro, Vilmarie Pérez Quiles, quien reveló que, para el 16 de mayo del 2015, firmó una declaración jurada ante un notario y el abogado Harry Padilla en la que detallaba cómo otro jurado identificado como José Pérez, en tres ocasiones comentó que lamentaba que el único testigo de la defensa, el ingeniero Rafael Jiménez, no tuviese credibilidad porque sabía que había estado involucrado en un caso de presunto fraude durante la construcción del Tren Urbano.
Esas alegadas declaraciones de Pérez las hizo en tres ocasiones, una en el cuarto de jurados al terminar su testimonio frente a varios de sus compañeros, la otra cuando se aisló al jurado en el proceso deliberativo y los transportaban en una guagua para recoger sus pertenencias, y la tercera durante la deliberación frente a todo el grupo.
En ninguna de las ocasiones la jurado Pérez Quiles entendió que era necesario notificarle al alguacil o al juez de las palabras de su colega jurado.
Pérez Quiles narró que al terminar el juicio se quedó con “dudas, lagunas”, y un año después le comentó a un amigo suyo, quien es abogado e identificado como Kiko Vega, que si conocía a su colega Padilla le comentara que ella se había quedado con interrogantes que le gustaría aclarar, por lo que se coordinó una reunión entre ambos.
El otro jurado declarantes fue José R. Pérez Torruella, quien aclaró que como empleado de una sección de la Autoridad de Carreteras donde se reciben fondos federales para su rembolso, sabía que Jiménez Pérez, el testigo de la defensa, era un consultor del proyecto de construcción del Tren Urbano.
“Personalmente no lo conocía, no había tenido contacto con él. La primera vez que lo vi fue aquí... fue posterior a la lectura del veredicto que salimos de sala cuando la alguacil Alexandra dijo que ahora podemos hablar y yo lo que dije fue que ¿cómo es posible que lo seleccionaran como perito en este caso cuando yo era un empleado de la Autoridad de Carreteras?”, respondió Pérez Torruella.
Isales atacó la confiabilidad de la declaración jurada a pesar de que durante el proceso no objetaron que se admitiera como evidencia y planteó que se pudo haber incurrido hasta en violaciones a los cánones de ética que rigen la profesión de abogado.
“¿Por qué nosotros solicitamos que se pare aquí el proceso? Por esa santidad jurídica que tiene el jurado, porque si nosotros seguimos tocando al jurado con un proceso que se inició de esta manera estamos violentando la mácula del jurado y sería un fatídico precedente que la primera vez que se descorre el velo del jurado sea por actuaciones que podrían ser impropias”, planteó en sala Parra, tras negar que pretendan dilatar el proceso como argumentó en la defensa de Casellas Toro.
Este es un caso novel porque no había acontecido en la historia del derecho de Puerto Rico, donde se trae a un jurado a testificar sobre el veredicto” VIVIAN DURIEUX RODRÍGUEZ JUEZA DEL TRIBUNAL DE BAYAMÓN