SERÍA “ILEGAL” EL BONO DE HIGGINS
Senador recuerda que Ley 66-2013 prohíbe ese beneficio en las corporaciones públicas
El senador Aníbal José Torres denunció ayer de una alegada “ilegalidad” en el bono de productividad otorgado al nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter M. Higgins, por parte de la Junta de Gobierno de la AEE.
En una carta cursada a la Junta del Gobierno de la AEE, cuya copia envió al gobernador Ricardo Rosselló, a los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, al secretario interino de la Gobernación, Luis Rivera Marín; y a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez; entre otros funcionarios, Torres planteó que el bono de productividad que se le otorgó a Higgins “es contrario a la Ley 66-2013 y, por tanto, nulo”.
La Ley 66-2013, de la que el senador es autor, establece que ningún contrato de empleo ni de servicios profesionales con una corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico “podrá contratar, pagar o conceder a algún contratista o funcionario cualquier remuneración o bono por concepto de productividad”.
Según definido por la Ley 66-2013, un bono de productividad es “toda remuneración pagada a funcionario o empleado público, fijada por acuerdo contractual cuyo cálculo depende de las ganancias netas o brutas, superávit o excedentes en efectivo de la agencia, corporación o instrumentalidad pública; incluirá también cualquier bonificación, mediante orden o resolución, por concepto de ejecutorias, méritos, calidad, cantidad o grado de producción”.
“Es increíble que, en medio de una crisis energética, cuando aun nuestra gente sufre de falta de energía eléctrica, cuando el propio gobernador ha propuesto vender los activos de la AEE, se tenga la desfachatez de otorgarle ilegalmente $450,000 de bono al nuevo director ejecutivo. La Junta actuó de forma ilegal y acudiremos a todos los foros pertinentes para que se haga cumplir la Ley 66-2013”, dijo el senador del Partido Popular Democrático.
Torres añadió que la Ley 66-2013 establece penalidades para los integrantes de la Junta de Gobierno que hayan votado a favor o hubieren prestado su anuencia a la concesión del bono de productividad, en cuyo caso vendrán obligados a pagar, en su carácter personal, una suma equivalente al cien por cien de la totalidad del bono de productividad otorgado.