SEGUIMOS SIN PRESUPUESTO
Jueza Swain no decide aún sobre los recortes
Por ahora, habrá que seguir esperando para saber quién manda en Puerto Rico en asuntos presupuestarios, pues luego de escuchar ayer los argumentos en la controversia entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) versus el Gobierno y la Legislatura, la jueza Taylor Swain decidió reservarse el fallo y emitirlo “tan pronto como me sea posible”.
Por espacio de casi dos horas, los abogados presentaron argumentos sobre cuál consideran es el alcance de la JSF en cuanto a dictar asuntos como el presupuesto de la Isla.
Según Martin Bienenstock, representante legal de la JSF, está claro en la Ley Promesa que el Gobierno no puede seguir determinando en qué gastar, y que las leyes al respecto que regían antes de Promesa ya no son aplicables.
Bienenstock insistió en que la premisa de Promesa no es cuánto dinero hay, sino cómo y en qué se va gastar cada dólar, “por eso se le da la tarea a la Junta de supervisar. El Gobierno no puede seguir decidiendo gastar en lo que se le ocurra”.
El abogado de la JSF insistió en que “por cada dólar disponible se debe tomar una decisión cuidadosa”, y refutó la idea de que el Gobierno pretenda continuar con la práctica de reasignar partidas de dinero según entienda.
“Si el Gobernador (Ricardo Rosselló) puede hacer eso en cualquier momento, pues entonces no tenemos un control del presupuesto”, dijo.
“Lo que el Gobierno propone es que gastar de más en el presupuesto no tenga consecuencias”, insistió el representante legal de la JSF.
“Es inconcebible que el Congreso cree una ley para implementar planes fiscales y presupuestos, solo para que luego un gobernador o legislatura decidan si están o no de acuerdo”, reafirmó Bienenstock en su turno para refutar los argumentos rivales.
La parte del Gobierno y la Legislatura, sin embargo, fueron insistentes en que Promesa no daba poderes absolutos a las ramas Ejecutiva y Legislativa, y los abogados de l Senado y la Cámaa usaron el debate sobre la eliminación de la Ley 80 (de protección contra el despido injustificado), como elemento para intentar demostrar que la JSF actuaba de manera caprichosa y vengativa.
Peter Friedman, quien habló en representación de Rosselló, afirmó que “la Junta no tiene poder para legislar porque ese poder es del Gobierno” e ironizó con que “si tuvieran ese poder podrían cambiar el nombre a Rich Port”.
Claudio Aliff, representante del Senado, afirmó que “Promesa no asignó una Junta de reyes para Puerto Rico. (La JSF) no puede asumir labores legislativas”.
Aliff se refirió al debate de la eliminación de la Ley 80 y aseguró que los propios documentos de la JSF mostraban que tal acción no tendría efecto alguno en la economía si acaso hasta después del 2020.
“Es una excusa decir que por no eliminar la Ley 80 ellos entonces tienen que imponer de manera ilegal su presupuesto”, afirmó Aliff, quien agregó que “el asunto de la Ley 80 lo usaron como excusa para rechazar el presupuesto de la Legislatura”, a pesar de que, “eso es un asunto que está fuera de las atribuciones de la Junta, porque afecta también al sector privado”.
Insistió en que la JSF está para asesorar al Gobierno, y no al sector privado.
El abogado de la Cámara de Representantes, Israel Roldán, recordó que ambos cuerpos legislativos trabajaron una manera de eliminar la Ley 80 y llegaron a un acuerdo para que se hiciera de manera prospectiva, “pero la Junta no aceptó”.
“Uno se pregunta si (imponer su presupuesto) no fue una acción de venganza por no aprobar la eliminación de la Ley 80 como querían”, cuestionó Roldán, quien insistió en que la JSF “se excedió en sus funciones”, y aseguró que “incluso si aceptamos la premisa de que eliminar la Ley 80 crearía empleos”, la misma no se podía eliminar de manera re-
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Lo que el Gobierno propone es que gastar de más en el presupuesto no tenga consecuencias” MARTIN BIENENSTOCK REPRESENTANTE LEGAL DE LA JSF
troactiva porque sería actuar contra la ley.
Además de la Ley 80, la decisión en torno a qué presupuesto es el que debe regir en Puerto Rico podría tener efecto en una diversidad de asuntos laborales tales como las vacaciones de los trabajadores, el pago del Bono de Navidad y el derecho a días por enfermedad.
Asimismo, estarían en juego asignaciones de fondos para los municipios y la Universidad de Puerto Rico.
El presupuesto de la Legislatura también se perjudicaría, perdiendo $19 millones si prevalece el de la JSF.
A principios de julio, luego de que no se lograra un acuerdo entre la JSF y la Legislatura, cada parte terminó sometiendo un presupuesto diferente.
El Gobernador dijo entonces que reconocía el presupuesto aprobado por la Legislatura, mientras que la JSF certificó su presupuesto e insistió en que ese era el que debía ponerse en vigor, sentando así la controversia que está ahora ante la consideración de la jueza Swain.