El Asunto Inconcluso de la Democracia Americana
Los habitantes de Puerto Rico son Americanos por Nacimiento, pero no tienen derecho a la Igualdad
Por virtud de la Ley Federal Jones de 1917, los habitantes de Puerto Rico son ciudadanos americanos por nacimiento. Hay 3.3 millones de ciudadanos en la Isla, una población mayor a la que tienen casi la mitad de los estados. Hay otros 5.5 millones de ciudadanos americanos de Puerto Rico que emigraron a los estados en busca de la Igualdad de los Derechos Humanos y Civiles que no se les reconocen en la Isla por ser un territorio colonial. Aunque el texto de nuestra Constitución federal no tiene una sola frase que obligue a la discriminación contra ciudadanos americanos, y tampoco dispone clasificaciones segregacionistas, el Tribunal Supremo federal, algunos congresistas y funcionarios federales han interpretado unilateralmente que Puerto Rico es un territorio colonial no incorporado que se administra como una propiedad de Real Estates; y sin igualdad de derechos y deberes para los ciudadanos americanos que lo habitan. Durante 120 años, esas interpretaciones de desigualdad y discrimen acumularon grandes problemas socioeconómicos y financieros que Puerto Rico ya no resiste. La inmensa mayoría de los estados de la Unión, sufrirían los mismos problemas que hoy tiene Puerto Rico, si el Gobierno Federal les impusiera durante tan solo 10 años las mismas desigualdades políticas y económicas que se le han impuesto a la Isla durante esos 120 años. Esas interpretaciones, además, han validado una ciudadanía americana de segunda clase. Por interpretación de jueces y funcionarios federales, a los americanos de Puerto Rico no se les reconocen la garantía constitucional a “la igual protección de las leyes” federales y se les impide votar por el Presidente y el Congreso que toman decisiones fundamentales sobre sus vidas, sus derechos civiles, sus derechos humanos y su economía. Todas las leyes y reglamentos federales se imponen en Puerto Rico unilateralmente; y por encima de cualquier ley local o decisión de los funcionarios elegidos localmente. El discrimen y la desigualdad con Puerto Rico comenzó en 1901 cuando el Tribunal Supremo federal resolvió el caso colonial de Downes v. Bidwell. Ese caso fue resuelto por los mismos jueces del Supremo federal que intervinieron en 1896 en el caso de Plessy v. Ferguson que validó la supuesta constitucionalidad de las leyes de segregación racial a la entrada del Siglo XX con la infame doctrina de “iguales, pero separados”. Fue una época judicial lamentable en la evolución democrática e igualitaria de nuestra Nación al validarse, en esos dos casos, discrímenes raciales y coloniales. Décadas más tarde, el Congreso y el Supremo rectificaron aquel discrimen racial del caso de Plessy v. Ferguson, pero aún persisten el discrimen y la segregación colonial del caso de Downes v. Bidwell. Se trata de un asunto inconcluso de la Democracia Americana que resta fuerza moral a nuestra Nación, por ejemplo, cuando reclama que los cubanos deben tener derecho a votar en elecciones para elegir a todos los funcionarios de ese país que toman decisiones sobre sus vidas, derechos y deberes. A la altura del Siglo XXI, todavía ese Tribunal, el Presidente y el Congreso sostienen esas interpretaciones de segregación y discrimen que no son parte del texto de la Constitución que el pueblo americano adoptó y enmendó. Alegan que, como el Gobierno Federal no le ha impuesto a los americanos de la Isla todos los deberes ciudadanos, principalmente, el pago de impuestos federales sobre ingresos, entonces ese discrimen es válido. Nada, sin embargo, impide que el Gobierno Federal establezca esos deberes en la Isla. Privan a los americanos de Puerto Rico de poder cumplir con la igualdad de deberes para así continuar justificando negarles la igualdad de sus Derechos Humanos y Derechos Civiles como americanos; incluyendo la negación del voto presidencial y la representación igual en el Congreso. Se trata de un discrimen por diseño unilateral del Gobierno Federal.
Los ciudadanos americanos de Puerto Rico han cumplido con todos sus deberes hasta donde el Gobierno federal se los ha permitido
Las leyes federales obligan a los ciudadanos de Puerto Rico a pagar contribuciones al Seguro Social a través de sus salarios y en la misma proporción que sus conciudadanos de los 50 estados; pero sin recibir iguales beneficios. Los americanos de Puerto Rico también tributan localmente para aportar fondos presupuestarios de la Isla como “pareos o co-sharing” que son requisitos federales para recibir asignaciones del Tesoro federal para obras y servicios; igual que en los estados de la Unión; incluyendo el pago de los seguros de FEMA. Los empleados federales residentes en la Isla pagan contribuciones federales por sus salarios. Si los demás individuos con grandes ingresos económicos en la Isla no pagan Income Tax Federal, es porque el Gobierno Federal así lo ha deseado. La recién aprobada Reforma Contributiva federal, también le impuso el pago de contribuciones federales sobre ingresos a las empresas americanas que operan en, o a través, de Puerto Rico. El discrimen económico por razones territoriales y coloniales también ignora nuestra aportación de Sangre, Valor y Sacrificio. A partir de la Primera Guerra Mundial, Puerto Rico ha sido, proporcionalmente, una de las jurisdicciones con mayor aportación militar de vidas, heridos y desaparecidos en la defensa de nuestra Nación. A los veteranos puertorriqueños, sin embargo, tampoco se les reconocen en la Isla los mismos beneficios y derechos que tienen sus compañeros de armas que residen en los estados. Distinto a nuestros conciudadanos de los estados, nuestros hijos van a las guerras declaradas por un Presidente y un Congreso por los que no se nos permite votar. Hoy, 34 estados de la Unión reciben más ayuda económica del Tesoro federal que la suma de las contribuciones que pagan sus respectivos habitantes y empresas. Si a Puerto Rico se le permitiera la Igualdad de derechos y oportunidades, entonces podría convertirse en un estado próspero y aportador al bienestar nacional.
Los ciudadanos americanos de Puerto Rico han votado reclamando la Igualdad de Deberes y Derechos como ciudadanos, pero el Congreso ignora ese reclamo democrático
Debido a la centenaria indiferencia del Gobierno Federal con el problema colonial de la Isla, tan reciente como en 2012 y 2017 los americanos de Puerto Rico tomaron la iniciativa en dos referéndums locales, como lo hicieron los 37 antiguos territorios coloniales que se convirtieron en estados. Votaron con mayoría absoluta rechazando la continuación de la actual condición territorial y colonial que llaman Estado Libre Asociado (Commonwealth); y reclamaron la Igualdad de Derechos y Deberes como ciudadanos americanos con la Estadidad. Esos reclamos democráticos de autodeterminación, aún permanecen ignorados en Washington DC. Otro aspecto que malogra la solución al problema de Derechos Humanos y Civiles en Puerto Rico, son los intereses de los partidos políticos nacionales -Republicano y Demócrata-. Muchas de las más recientes elecciones federales, presidenciales y senatoriales, han tenido resultados muy cerrados. El liderazgo de los partidos nacionales y sus congresistas sienten incertidumbre en relación con la preferencia partidista nacional que pueda adoptar Puerto Rico como un estado. Anticipar o prejuzgar inclinaciones perpetuas de los electores del estado de Puerto Rico con algún partido político nacional es una falacia, como la argumentada al momento de las admisiones de Alaska y Hawaii. El mínimo sentido de sensatez obliga a concluir que, como estado, Puerto Rico apoyaría electoralmente a los candidatos y a los partidos nacionales que, en cada elección, mejor sirvan a sus intereses estatales y nacionales. Las vidas y los Derechos Humanos y Civiles de los americanos de Puerto Rico no deben continuar siendo un juego de intereses partidistas en la política nacional.
Si conoces algún residente que puede votar en los Estados Unidos de América invítalo y exhortale a VOTAR por los candidatos y las candidatas que tengan un CLARO COMPROMISO con el Proyecto de Ley en el Congreso -H.R. 6246 de la autoría de la comisionada residente Jenniffer A. González Colón, que reconocería la Igualdad de Derechos Humanos, Civiles y Deberes para los americanos en Puerto Rico con la Estadidad.