JSF APRUEBA PLANES PARA EJECUTIVO Y UPR
Christian Sobrino, portavoz del gobernador, votó a favor
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó ayer por unanimidad nuevos planes fiscales para el gobierno central y la Universidad de Puerto Rico (UPR), que en esencia esbozan la necesidad de aumentar los recaudos e imponen más recortes que provocarían que los empleados públicos carguen con la peor parte.
Los documentos se aprobaron pese a que los mismos integrantes de la JSF mostraron objeciones a la viabilidad de que se ejecuten las propuestas y que dejan en el tintero aspectos primordiales, en lo que respecta a cómo se pagaría la deuda o el por ciento de recorte que se le impondría al plan de retiro de la UPR.
“Hay diferencias que no se pueden adelantar, porque hay problemas de índole político… problemas entre el Ejecutivo y la Legislatura. Eso es una realidad que también estamos confrontando nosotros. No parto de la premisa que no todo ha sido mala fe”, precisó el presidente de la JSF, José Carrión III, al indicar que continuarán las conversaciones con el gobierno central para hacer realidad la puesta en acción de los planes fiscales.
Según establece el plan fiscal del gobierno central, aprobado en una reunión en el Centro de Convenciones en San Juan, en los próximos cinco años se debería recortar el gasto público en $2,848 millones y aumentar los recaudos en $554 millones.
Para lograr las metas, el plan fiscal del Ejecutivo contempla, entre otras cosas, una reducción de 10% en el pago de pensiones, así como una disminución en la aportación que hacen a los planes médicos de los servidores públicos y no pagarles el bono de Navidad, entre otras cosas.
Carrión, sin embargo, aceptó que el Gobierno podría optar por pagar el bono y no seguir la recomendación de la JSF.
Destacó que la preocupación que tiene la JSF es que “algunas agencias no tendrán dinero a largo plazo para pagar nómina”.
Aunque avaló con su voto el plan fiscal, el representante del Gobierno ante la JSF, Christian Sobrino, dijo que está basado en “proyecciones que no son reales”.
Para apoyar sus argumentos, Sobrino dijo que no esperan el superávit de $16,000 millones que se proyecta, sino uno de $7,000 millones, y comentó que la JSF “presume unos recaudos que nosotros entendemos que no se deben dar”.
También aludió que para evitar problemas “en el tribunal”, tendrían que solicitar revisiones al plan.
Sin embargo, poco después el secretario de Asuntos Públicos en La Fortaleza, Ramón Rosario, informó que acudirán
“Hay diferencias que no se pueden adelantar, porque hay problemas de índole político... entre el Ejecutivo y el Legislativo” JOSÉ CARRIÓN “
PRESIDENTE JSF La Junta de Supervisión Fiscal ha cambiado totalmente su enfoque y filosofía al llevar a cabo estas iniciativas... afectando servicios y ciudadanos vulnerables” RICARDO ROSSELLÓ GOBERNADOR
al Circuito de Apelaciones de Boston a impugnar las medidas impuestas por la JSF.
“Esto no es un plan fiscal y de desarrollo económico, es un plan de austeridad. Tenemos la voluntad de proteger a los más vulnerables y de desarrollar la política pública que nos permita construir un nuevo Puerto Rico”, reaccionó el gobernador Ricardo Rosselló.
Mientras, el plan fiscal de la UPR insiste en el aumento de la matrícula a los estudiantes, la eliminación de la exención que se les da a los hijos de los empleados, la consolidación de los recintos bajo Mayagüez y Río Piedras, sin tocar al Recinto de Ciencias Médicas, y recortes de las aportaciones del Gobierno al sistema.
El presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, dijo que pondrían en vigor “cualquier otra medida con un mismo resultado” que los solicitados por la JSF para no perjudicar a la academia.
El principal reclamo de los asistentes a la reunión fue por el recorte propuesto de un 10% al plan de retiro de la UPR.
Una de las que levantó su voz fue la expresidenta de la Junta de Retiro de la UPR, Riana Rivera Viera, quien destacó que en los pasados años este plan pasó de tener un coeficiente de sostenibilidad de 39.7 a 48.9 para el 2017.