Claman por los abogados de oficio
“
El gobernador tiene ante sí una oportunidad extraordinaria de revertir lo que, a todas luces, constituye un abuso de discreción administrativa de la (ex) secretaria de Justicia”
EDGARDO ROMÁN PRESIDENTE DEL COLEGIO
DE ABOGADOS
Ante la salida de Wanda Vázquez del Departamento de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román Espada, ha centrado sus esfuerzos en La Fortaleza para lograr que la agencia devuelva el dinero que se presupuestó para el pago de los abogados de oficio y utilizó para pagar las rentas de las Fiscalías.
El líder de los letrados le envió a finales de la semana pasada una carta al gobernador Ricardo Rosselló en la que indica que Vázquez nunca le contestó dos misivas enviadas el 22 de octubre y el 21 de noviembre, en las cuales le reclamaba información sobre la transferencia de los fondos y le solicitó la restitución del dinero, que se cree fueron $3.6 millones.
La petición principal de Román Espada al gobernador es que “ordene al Departamento de Hacienda la restitución de los fondos solicitados por el Departamento de Justicia y avalados por la Junta de Supervisión Fiscal a la partida legítima y originalmente asig- nada en el presupuesto; es decir, para el pago de la representación legal de oficio”.
Primera Hora solicitó una reacción a La Fortaleza, sin embargo, no hubo respuesta.
Román Espada, por su parte, insistió que el uso de los fondos para otros fines “es un ataque al sagrado derecho a la representación legal y a la igual protección de las leyes para la comunidad indigente”.
“La asignación de dinero para el pago de abogados de oficio alivia la carga que ello representa para quien la asume, y provee de recursos indispensables para la promoción de la justicia”, argumentó.
De paso, Román Espada insistió en que la Legislatura apruebe el proyecto de la Cámara 11, el cual crea la “Ley del Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal”, adscrita a la Sociedad para Asistencia Legal.
El mismo fue aprobado en la Legislatura en agosto de 2017, y enviado al gobernador, pero fue devuelto al Capitolio con preguntas; desde entonces, la medida no se ha atendido.