FORTALECERÁN SERVICIOS EN LOS HOGARES
La prioridad con las intervenciones preventivas es que los menores regresen con sus familiares
El Departamento de la Familia trabaja a todo vapor para cumplir con la ley Family First Prevention Services Act, aprobada en el legislativo federal en febrero pasado, para que los menores que están bajo custodia del estado regresen más rápido a su entorno familiar o que nunca salgan de sus hogares.
Bajo el nuevo estatuto, que entra en vigor el 1 de octubre de 2019, los estados -incluyendo Puerto Rico- usarán fondos del Título IV-E para servicios y programas de prevención para los menores que estén bajo riesgo de ser asignados a un hogar temporero, y para sus familias.
Jorge Cabrera, de la fundación Casey Family Programs, informó que “los fondos son los que el Gobierno federal destina para las agencias de protección, como el Departamento de la Familia, para cubrir los gastos de malnutrición de los menores y los gastos administrativos, trabajo social, adiestramiento, etcétera”.
Indicó que ese dinero “está dedicado a los menores que están en hogares sustitutos”, pero como parte de la Ley de Presupuesto Bipartidista, “por primera vez esos fondos se pueden usar para intervenciones preventivas”.
Así, menores que sean candidatos para el cuidado de crianza se quedarán con sus padres o familiares.
Mientras, el subadministrador de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Carlos Rivera, aceptó que no en todos los casos que interviene Familia –y en los que se identifica algún tipo de maltrato- se remueve al menor.
Por eso, en muchas situaciones la agencia ofrece servicios en el hogar para que la familia permanezca unida en un ambiente saludable.
Bajo la nueva ley, según el funcionario, se fortalecerán los servicios en los hogares “pero desde una perspectiva en la que estos servicios sean basados en evidencia; que sean servicios probados que a su vez consideran el aspecto del trauma, porque el maltrato conlleva un trauma para el niño o para el grupo familiar”.
Insistió que muchas veces, agencias como el DF, se ven como punitivas, y eso es otra cosa que quieren cambiar, que los vean como facilitadores.
Precisamente, Familia hace alianzas con organizaciones como la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud (Redeni), que recientemente ofreció el primer taller enfocado en la transformación del sistema de protección de menores.
En la charla, el presidente de Redeni, Marcos Santana, junto a Rivera y Cabrera, entre otros recursos, impactaron a funcionarios, albergues, instituciones, centros de servicios a la niñez y activistas de derechos de los niños en su carácter personal.
“La ley pone mucho énfasis en cómo mitigar la entrada de niños al sistema y en cómo los que están en el sistema salgan más rápido. Eso implica unos retos, porque en Puerto Rico, a diferencia de muchos estados, los niveles de pobreza son mayores… El 56% de nuestras familias están bajo el nivel de pobreza”, dijo Santana, quien destacó que hay 3,233 menores bajo custodia de Familia.
“Vamos a invertir en el apoyo a la familia, en fortalecerla junto al DF y los del tercer sector, desde los servicios disponibles en la comunidad”, mencionó, por su parte, Cabrera.
Otra realidad en la isla es que muchos menores están con sus abuelos.
Por eso, Familia tiene una línea telefónica gratuita de apoyo: 1-888-359-7777.