TRASLADO A LO DESCONOCIDO, ALEGAN CONFINADOS
Grupos legales y de derechos humanos reclaman que los presos sean orientados
“El sentir de la mayoría de los confinados y sus familiares es que esto es como un traslado a lo desconocido, al maltrato y quizás hasta la muerte”.
Así resumió Madeline Gotay, portavoz del Grupo de Familiares de la Cárcel 1072 del complejo carcelario de Bayamón, el ánimo de muchos reos y sus parientes, ante la propuesta que trabaja el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de enviar presos a cárceles en Estados Unidos en busca de ahorros para el Gobierno.
Gotay, madre de dos confinados, uno en la cárcel regional de Bayamón y otro en el Campamento Zarzal en Río Grande, dijo que la compañía Core Civic, que administra la prisión Tallahatchie en Mississippi, a la que serían trasladados los presos puertorriqueños “tiene un récord de demandas” en Estados Unidos, entre las que mencionó la muerte de un joven por insulina y maltrato a inmigrantes.
“Uno se entera de este historial y uno coge miedo porque yo tengo dos hijos y uno no quiere que caigan en una institución como esa. Los confinados tampoco quieren irse. Aquí tienen a su madre, su padre, sus hijos y su familia”, sostuvo la portavoz del grupo en una conferencia de prensa ayer en el Colegio de Abogados en San Juan, en donde diversas organizaciones y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) le hicieron un reclamo público al secretario del DCR, Eric Rolón Suárez, de que permita que los confinados reciban orientación legal sobre el Programa “Out-of-State”.
En abril pasado, las organizaciones que agrupan a confinados como la Asociación Pro-Derecho del Confinado “ÑETA”, el Nuevo Grupo 25 y el Grupo 27, repudiaron en expresiones escritas el traslado de reos “fuera de Puerto Rico involuntariamente”.
“El llamado es a que se nos permita orientar a los confinados”, dijo la abogada Iris Rosario de la SAL, quien agregó que
“Estamos hablando de la vida de la gente. Tenemos que pensar en la familia de esos confinados"
OSCAR GRANADOS PASTORAL PENITENCIARIA CATÓLICA
el pasado 15 de noviembre, le cursaron una a Rolón Suárez haciéndole la solicitud, pero no ha recibido respuesta.
“Si de verdad esto es voluntario, permita que entremos a las cárceles y los orientemos masivamente”, dijo Rosario, quien no descartó que acudan a los tribunales.
Recordó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó la propuesta en el Plan Fiscal de este año porque no se lograban los ahorros esperados, pero sostuvo que los planes siguen vigentes; originalmente, se esperaba que los ahorros fueran de unos $136 millones.
“Ante preguntas y planteamientos de la JSF, se está revipuertorriqueños. sando el programa Out-of-State para incorporar en el mismo un plan paralelo de ajustes en los gastos del sistema del DCR”, informó por escrito Rolón Suárez.
“Ese análisis y las medidas que se utilizarán continúan bajo evaluación y se comunicarán una vez se finalicen. Por lo tanto, se han detenido las orientaciones hasta que se realicen los debidos cambios”, añadió.
Por su parte, el profesor de derecho constitucional en la Universidad Interamericana, Carlos Ramos, leyó una declaración conjunta de las organizaciones que se oponen al traslado masivo de los presos Ramos sostuvo que en enero de 2018, Rolón Suárez anunció que mediante el programa serían trasladados unos 3,200 reos, pero luego el funcionario ha hablado de otras cifras. En entrevistas en los medios de comunicación, ha dicho que serían 1,200; 490 y 690 los confinados que se trasladarían a Estados Unidos.
En cuanto a las cárceles que serían enviados, Ramos afirmó que primero se mencionó a Tallahatchie en Mississippi y Raymondville en Texas, y luego, La Palma, Arizona, mientras que ahora, el Gobierno alega que los traslados serán a Mississippi.