EN MEDIO DE LAS PROTESTAS...
Se espera decisión de la jueza Swain sobre Cofina
La primera jornada de la audiencia sobre la validación del acuerdo entre los acreedores de Cofina dejó claro que cada uno de los grupos de bonistas quería llevarse todo el bizcocho, y que solo pactaron dicho acuerdo para ahorrarse tiempo en litigios.
En el otro extremo, los puertorriqueños de a pie pudieron exponer dramáticas historias de cómo la austeridad que fuerza el pago de las deudas está haciendo sus vidas cada vez más miserables.
La jueza Laura Taylor Swain, quien lleva las negociaciones de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, según las disposiciones de la ley federal Promesa, escuchó a representantes del Gobierno, de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), bonistas principales y subordinados, y personas quienes se expresaron mayormente en contra, aunque también hubo posiciones de respaldo, sobre el acuerdo de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), el mecanismo que creó el Gobierno para emitir más deuda y pagarla a través del IVU.
Desde el inicio, la jueza indicó que había revisado cientos de páginas de mociones y mensajes electrónicos que iban desde ciudadanos preocupados por el futuro de Puerto Rico, hasta personas que reclamaban haber invertido todos sus fondos en bonos o en Cofina y que necesitaban les paguen en su totalidad.
Dijo que aunque “todas esas preocupaciones son válidas… desafortunadamente no hay decisión que pueda tomar que satisfaga a todas las partes”.
El abogado de la JSF, Paul Rosen, defendió el acuerdo destacando que con el mismo, los ingresos del IVU se dividirían entre Cofina y el Gobierno y que es “la base para la recuperación” de la Isla.
Al referirse a los reclamos en contra del acuerdo por uniones e individuos, Rosen insistió repetidamente en que lo que está en discusión es si el acuerdo cumple los requisitos establecidos en Promesa, y no algún tema del plan fiscal del Gobierno.
Rosen recalcó que aunque todas las partes querían más, las probabilidades de ganar eran inciertas y el litigio podía extenderse durante años sin dinero disponible para nadie.
Agregó que, incluso en el escenario de una victoria del gobierno, habría desalentado a los mercados y provocado más años de litigios.
Su posición fue respaldada por los representantes de Cofina y otras agencias del gobierno, así como de bonistas de obligaciones generales.
Pero abogados de uniones y ciudadanos dieron una opinión muy diferente.
Peter DeChiara dijo que el acuerdo le impone a la Isla “dolorosas y extensas medidas de austeridad” que en vez de ayudar, dejarán las cosas peores.
También resaltó que, según el acuerdo, aun si se diera otra debacle económica, que con toda probabilidad ocurriría en 40 años, Cofina aun seguiría recibiendo su dinero.
Rolando Emmanuelli, quien habló a nombre de Prosol Utier y la Federación de Maestros, también subrayó la falta de evidencia o estudios económicos que soporten que el acuerdo sea beneficioso.
Aseguró tener un estudio del economista José Alameda que apunta a lo contrario, y que era el único estudio económico al respecto.
Sin embargo, dicho estudio no fue admitido luego que la jueza Swain acogiera el reclamo de la representación de la JSF de que Prosol Utier no tenía standing para litigar en contra del acuerdo porque no eran acreedores de Cofina.
“Era evidente que la Junta y el tribunal que querían atender esto de manera bien acelerada. Uno siempre tiene que tener los pies en la tierra y es una maquinaria bien poderosa, los bonistas… al negarnos el standing aceleraron el proceso, no se puede ser ingenuo y todo parece apuntar a que la jueza va a firmar” (el acuerdo), dijo Emmanuelli.
Eulalia Centeno, una maestra pensionada, declaró que solo contaba con una pensión de $1,700 para mantener a sus hijos, y reclamó que con el acuerdo de Cofina “tiene implicaciones nefastas para las familias”, porque se comprometían demasiados recursos y el gobierno no podría cumplir sus obligaciones.
Nidia Chévere, profesora retirada de la Universidad de Puerto Rico (UPR) -con dos hijos discapacitados, cuyo padre falleció-, apeló a la compasión de la jueza, acotando que “los retirados no somos responsables de este desastre”.
Adriana Irizarry, una madre de tres y residente en San Juan, respaldó el acuerdo asegurando que su familia invirtió sus ahorros en Cofina, y que incluso cuando solo recibió menos de la mitad de lo invertido, al menos pasarían la página. “Ya le estoy dando al gobierno la mitad de mis ahorros, ¿qué están dispuestos a dar otros?”, cuestionó.
Julio López resaltó la situación desesperada de los puertorriqueño forzados a emigrar y que, al menos en un caso, acabó en un suicidio.
Comentó que la sala del tribunal estuviera llena de personas blancas ricas, mientras afuera protestaban los más pobres y de piel más oscura.
“Van a pasar un acuerdo que la gente ni conoce, y por el que tendrán que pagar por 40 años”, condenó López.
Rigoberto Maldonado, un militar veterano discapacitado, dijo entre lágrimas que estaba allí para hablar por los discapacitados que cada día ven menos servicios y cómo especialistas, médicos y maestros se van en busca de mejores condiciones de vida.
“El acuerdo de Cofina va a golpear más duro… muchos seguirán sufriendo… los discapacitados tendremos aún más problemas”, afirmó.
La audiencia judicial sigue hoy con expresiones de otras personas y la presentación de más argumentos.
Significa (el acuerdo) que uno pudiese tener o darles acceso a 100,000 puertorriqueños adicionales a servicios de salud... pudiésemos financiar más y mejores salarios para la Policía y para la protección...”
RICARDO ROSSELLÓ
GOBERNADOR