ESPERA QUE DESESPERA POR EL FALLO DE COFINA
Jueza federal se toma su tiempo y pide más documentos para emitir una decisión sobre el acuerdo de la deuda
La jueza Laura Taylor Swain le puso un freno, al menos momentáneo, a lo que parecía un carro a todo motor hacia la aprobación del plan de ajuste de Cofina, promovido por esa entidad, el Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), así como una coalición de bonistas y otros grupos involucrados.
En el segundo día de la vista para decidir sobre el acuerdo, la jueza, designada para liderar el proceso de quiebra de Puerto Rico bajo las disposiciones de la ley federal Promesa, anunció que tras escuchar a las partes se reservaba el fallo sobre la aprobación del plan, y pidió a los abogados de la JSF y Cofina más documentos que aclaren controversias que persisten.
Aunque los proponentes del acuerdo insistieron en que el tribunal contaba con la autoridad para avalarlo, la jueza cuestionó si en efecto tenía una autoridad tan abarcadora, y expresó reservas sobre el efecto que podría tener sancionar todo el mecanismo de Cofina y los múltiples documentos y otros aspectos legales que conlleva, como le solicitan.
También mostró preocupación por la posibilidad de liberar de responsabilidad a bancos o entidades inversoras, o a pasados funcionarios de Gobierno involucrados con Cofina contra quienes se pudieran entablar reclamaciones.
Además, durante la audiencia judicial en el tribunal federal en San Juan, otras personas tuvieron la oportunidad de expresarse, a favor y en contra del acuerdo, tal como ocurrió el primer día (antier).
El abogado Rolando Emmanuelli Jiménez expresó su desacuerdo con la decisión de la jueza de no admitir el informe del economista José Alameda (que no favorece el plan), y reiteró que los proponentes “no han mostrado prueba suficiente para justificar la necesidad del acuerdo”.
Gilberto Lugo habló en representación de varias cooperativas de ahorro y crédito, y expresó su rechazo.
Lugo planteó que violaba disposiciones regulatorias y agregó que había litigios pendientes que debían resolverse antes de avalar el acuerdo.
Asimismo, algunos bonistas junior (subordinados), que recibirán solo 54% de lo invertido, expresaron su oposición al plan, que otorgaría 93% a los bonistas senior.
Gary Eisenberg, abogado de GMS, alegó que el acuerdo se negoció de mala fe, y que no había razones válidas para pagar más a los bonistas senior (principales) que a los junior.
El bonista subordinado Mark Elliot reclamó que los bonistas junior debían tener los mismos derechos que los senior y exigió les devolvieran cada centavo invertido.
El bonista junior Peter Hein reclamó que con la nueva legislación aprobada para Cofina, se había creado “una trampa legal”, y además había elementos de discriminación hacia ciertos bonistas.
Agregó que el acuerdo violaba la cláusula de contrato avalada por la Constitución de los Estados Unidos y reclamó que solo fue pactado por unas partes, dejando fuera otras.
Hein añadió que, si bien el gobierno de Puerto Rico alegaba que necesitaba dinero, por otro lado la página del Contralor mostraba que se estaban
“
La gente de Puerto Rico ya ha sufrido suficiente... no aprobamos este acuerdo… el Gobierno ha actuado a nuestras espaldas”
RAFAELA ESTEVES CIUDADANA
gastando miles de dólares en anuncios y recientemente habían otorgado $400 millones en bonos de Navidad y habían bajado impuestos.
El bonista junior Lawrence
Dvores expresó que los que señalan un apoyo abrumador de bonistas al pacto son “aquellos que se han enriquecido gracias a pactos injustos e ilegales a expensas de otros”.
La ciudadana Rafaela Esteves reclamó ante la jueza que “la gente de Puerto Rico ya ha sufrido suficiente” y que estaba allí para dejarle saber que “no aprobamos este acuerdo… el Gobierno ha actuado a nuestras espaldas”.
“Estamos aquí representándonos porque nadie nos representa. Toman decisiones sin consultarnos. Creemos que Cofina ni siquiera cumple con la Constitución”, dijo Esteves.
Por su parte, varias aseguradoras expresaron su respaldo al acuerdo, en parte porque permitía continuar los procesos de la quiebra.