SUPREMO DECIDIRÁ EN CASO DE O’NEILL
Dirá si pleitos de hostigamiento se verán juntos
El Tribunal Supremo decidirá si las acusaciones de acoso sexual que le imputan dos mujeres al exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García, se verán en conjunto o en juicios separados como quiere la defensa del otrora influyente político de la Palma.
El fiscal Especial Independiente (FEI), Guillermo Garau y la fiscal delegada, Leticia Pabón acudieron en alzada al alto foro judicial, luego que un panel del Tribunal de Apelaciones falló a favor de O’Neill García, en una sentencia emitida el pasado 21 de diciembre.
El panel de la región judicial de Bayamón, que integran los jueces Erick Ramírez Nazario, Miguel Cancio Bigas y Carlos Candelaria Rosas revocó a la jueza de primera instancia, María Trigo Ferraiuoli, quien había denegado la separación de los casos.
En su solicitud al Tribunal Supremo de revertir el dictamen de los jueces de Apelaciones de separar los casos, los fiscales argumentaron que todos los delitos imputados al exalcalde de Guaynabo son de igual naturaleza, pues se refieren “de una u otra forma a un abuso sexual” . Alegan además que los delitos son de un plan en común, que “es la utilización del poder que tenía el acusado” como la autoridad máxima en el Municipio para obtener beneficios no permitidos en ley de sus subalternas.
“Estas acudían a él para solicitar ayuda, precisamente por ser él quien tenía el poder máximo en el Municipio. El acusado como parte de su plan, con ambas víctimas, llegó a acuerdos transaccionales civiles creyendo que podía evitar la radicación de los casos criminales”, sostienen los fiscales en su petición de certiorari al Supremo.
Añaden que los delitos imputados a O'Neill García son entre 2011 a 2016 y “surgen del mismo evento que es durante la incumbencia del acusado como alcalde en un período tan corto de dos a cinco años de diferencia”.
Argumentan que la consolidación de las acusaciones contra el mismo acusado “es beneficiosa para la sociedad puertorriqueña que reclama una justicia rápida para la economía procesal” y que el acusado “no sufriría perjuicio alguno”.
Sostienen los fiscales que “el único prejuicio indebido que se ocasiona es en contra del Estado en la utilización de recursos y gastos y a las personas afectadas”.
El juicio contra O’Neill García debía comenzar el pasado 26 de noviembre con la selección del jurado, pero el panel de los jueces Ramírez Nazario, Candelaria Rosa y Cancio Bigas, detuvo los procedimientos.
Las partes en el caso están citadas para mañana martes a una vista sobre el estado de los procedimientos en la sala de la jueza Trigo Ferraiuoli en el Tribunal de Bayamón.
En octubre de 2018, la defensa de O’Neill García pidió a la jueza Trigo Ferraiuoli que separara los casos, pero la magistrada denegó la solicitud y los abogados del exalcalde impugnaron el fallo ante el Tribunal de Apelaciones.
El abogado defensor, Harry Padilla, alegó que la evidencia en los casos “es un poco distinta”. Según Padilla, “la evidencia en el grupo de casos (de una de las víctimas) no es admisible en el otro grupo de casos”.
En la vista preliminar del caso se presentó como testigo principal de la Fiscalía el testimonio de la policía municipal que alega haber sostenido una relación amorosa “violenta” con O'Neill García.
Durante el interrogatorio, la mujer expresó que el acusado se puso violento cuando ella quiso culminar una relación que tuvo durante cuatro años con el político.
“Él me golpeaba y me obligaba a tener relaciones sin que yo quisiera”, expresó llorando la víctima, quien previo al procedimiento criminal transó una demanda por acoso sexual contra el exalcalde.
La otra víctima está fuera de Puerto Rico, pero sería traída a la Isla para testificar.
Los siete cargos que enfrenta O'Neill García incluyen violentar la Ley 54 -en su modalidad de maltrato y agresión sexual-, violación a la Ley de Ética Gubernamental por aprovechamiento de su posición para obtener beneficio sexual, entre otros.
A eso se suman dos cargos menos graves de exposición deshonesta y acoso sexual, por lo que podría recibir una condena de al menos 25 años de cárcel.
El exalcalde de 73 años de edad, lleva colocado un grillete desde finales del año pasado.
Los delitos surgen del mismo evento que es durante la incumbencia del acusado como alcalde en un período tan corto de dos a cinco años de diferencia"
GUILLERMO GARAU
FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE (FEI)