LENTA BÚSQUEDA DE ACUERDOS
El pago de la deuda acumulada del gobierno de Puerto Rico es exigida por un grupo de acreedores y la Junta fiscal
Nos hemos quejado repetidamente. Hemos pedido ser incluidos en las negociaciones. Llevamos más de un año en esto y no se ha atendido”
LUC DEPINS
COMITÉ OFICIAL DE ACREEDORES NO ASEGURADOS
La audiencia general sobre los procesos de restructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico bajo las disposiciones de la ley federal Promesa, reveló diferencias entre grupos de acreedores y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Gobierno, que apuntan a que las negociaciones podrían complicarse lo suficiente como para atascarse.
Sin embargo, en el toma y dame que se dio, ambas partes aseguraron ante la jueza de Quiebras, Laura Taylor Swain, que dirige los procesos, que continuarían trabajando en buscar acuerdos y entre los que se incluyen los bonos de obligaciones generales (GO) y otros de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Sin embargo, el representante legal de un grupo de bonistas expresó su queja por lo que describió como “persecución selectiva” contra algunos bonistas, mientras que otro condenó que no les han permitido participar de las negociaciones, a pesar de que en Promesa dice que pueden hacerlo.
El abogado Martin Bienenstock ofreció una actualización de los procesos y notificó a la jueza que la JSF continúa negociando con acreedores de la AEE y de GO, con miras a someter un plan de ajuste para el Estado Libre Asociado (ELA) el mes próximo.
“Queremos someter un plan de ajuste para finales de abril. No puedo anticipar cuánto apoyo tendremos de los acreedores, pero queremos someter un plan de ajuste para esa fecha”, expresó Bienenstock, quien agregó que, si los integrantes de la JSF eran remplazados “por la razón que sea”, esperan que sus sustitutos continúen llevando adelante los planes que siguen actualmente.
La deuda pública acumulada del gobierno puertorriqueño asciende a unos $73 mil millones.