LEVANTAN VUELO A MANOS PRIVADAS
El Gobierno anuncia la solicitud de propuestas para administrar las nueve pistas de aviación a través de una Alianza Público Privada
El Gobierno iniciará hoy el proceso que espera culmine en una eventual Alianza Público Privada (APP) para la operación y mantenimiento de los nueve aeropuertos regionales que actualmente están bajo administración de la Autoridad de los Puertos.
Según detallaron el gobernador Ricardo Rosselló, el director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (P3), Omar Marrero, y el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira, el plan propuesto es que una empresa privada asuma la operación y mantenimiento de esos nueve aeropuertos regionales.
Se incluyen las terminales aéreas de Isla Grande (en San Juan), Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Humacao, Ceiba, Vieques y Culebra.
El gobernador aseguró que la propuesta permitirá “tener una operación más estandarizada…, reducir los gastos operacionales en Puertos y potenciar el desarrollo económico en algunas de estas áreas”.
Rosselló agregó que la propuesta será de una concesión a corto plazo, de siete años, que sentaría “las bases para una posible alianza público privada más abarcadora de cara hacia el futuro”.
Maceira aclaró que la oferta será para administrar, operar y dar mantenimiento a los nueve aeropuertos “en un paquete”. Dijo que se evalúo ofrecerlos por separado, pensando en particular en los de Aguadilla y Ponce que se cree serían los más rentables “por su naturaleza y certificaciones”, pero se descartó porque dejaría “huérfanos” a los otros siete, “que pudiesen ser igual de importantes para el desarrollo económico y poder convertir a Puerto Rico en el conector de las Américas”.
Las terminales aéreas de Ponce y Aguadilla son los únicos del grupo que operan con una certificación conocida como 139, que permite recibir aeronaves de más de 30 asientos de manera programada y no programada, y también puede recibir vuelos regulares de más de nueve pasajeros. En otras palabras, pueden recibir las aerolíneas de vuelos comerciales.
Los aeropuertos sin certificación 139 solo pueden tener operaciones “mucho más limitadas” que se conoce como aviación general, y que incluye vuelos privados, charter, experimentales, deportivos y helicópteros.
“El mercado ha mostrado gran aceptación hacia los proyectos de Alianzas Público Privadas, se ha logrado recuperar la confianza para hacer negocios responsablemente” OMAR MARRERO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
Deficiencias que llevan años
Maceira explicó que Puertos ha fallado por años en operar de manera eficiente esos aeropuertos, al punto de que los que cuentan con certificación 139 perdieron la capacidad de cobrar el impuesto de cargos por instalaciones a los pasajeros, de $4.50 por pasajero -que avala la Federal Administración de Aviación (FAA)-, porque nadie supo a dónde fueron a parar o qué se hizo con varios millones recolectados.
Según describió, en Aguadilla se cobró ese impuesto entre 1993 y 2015, cuándo la FAA lo suspendió luego de que Puertos no pudiera demostrar que los más de $10.7 millones recaudados se habían reinvertido en el sistema aeroportuario como debía hacerse.
En Ponce, la autorización se perdió hace “cerca de 20 años”. Más aun, el fracaso en fiscalización por parte de Puertos llevó a que la autorización 139 del aeropuerto de Vieques se perdiera por completo, como parte de un acuerdo con la FAA firmado en 2016.
Entre otras de las deficiencias del Gobierno en la operación de los aeropuertos, Maceira enumeró la falta de cumplimiento con las contrataciones, que incluye la colección de alquiler, tener las renovaciones al día, los desahucios de clientes morosos y la falta de continuidad gerencial.
Indicó que, al llegar a la agencia, había inquilinos con más de una década sin contrato y otros con sentencias de ejecución que no se habían efectuado. Actualmente, Puertos tiene 10 casos en proceso de desahucio.
Por otro lado, el director de la agencia resaltó que al llegar a la agencia encontró una burocracia enorme que entorpece su buen funcionamiento, y enumeró varios ejemplos de eso que suenan tan increíbles como incomprensibles.
“El remplazo de unidad de aire acondicionado en el aeropuerto de Ponce. Se hizo la requisición el 25 de enero del 2018, y no fue hasta el 14 de febrero del 2019 que esto se pudo instalar… por las distintas etapas de contratación, los obstáculos internos, los procesos internos de las cotizaciones, de los comités, de las aprobaciones, para luego entonces
correr por el proceso de contratación gubernamental de pasar por OGP, para entonces poder llevarse a cabo la subasta dentro de la agencia. Los suplidores muchas veces son más estrictos al momento de contratar o suplir al gobierno. Son muchísimos elementos”, comentó.
“Lamentablemente, esta ha sido la realidad de la Autoridad de los Puertos por las pasadas décadas”, dijo Maceira.
El operador privado que asuma el contrato se ocuparía de superar todos esos obstáculos burocráticos y operacionales y, además, asumiría esos riesgos de operación y mantenimiento.
“Se encarga de toda la operación y todo el mantenimiento de todas las facilidades aeroportuarias. No solo la pista, de los terminales, de los concesionarios, de todo, tanto el mantenimiento de las facilidades como la parte de seguridad”.
Las mejoras capitales, no obstante, continuarían a cargo de Puertos. Además, detalló Marrero, mantendría “la supervisión y la fiscalización de todas esas operaciones aeroportuarias, incluyendo este contrato de concesión”.
También, Puertos retiene la titularidad, la fiscalización, la aprobación del presupuesto operacional, y seguiría a cargo del control de las tarifas.
Marrero agregó que la compensación al ente privado “está atado al desempeño y su cumplimiento con las disposiciones contractuales”.
Dijo que, contrario al acuerdo con el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, que se le transfirieron todas las responsabilidades excepto la titularidad, este es “un poco más limitado”.
Maceira agregó que la idea se ha discutido con la FAA, y que ellos sugirieron algunos modelos que ya están en vigor en otros lugares, como el aeropuerto del Condado de Los Ángeles; el de Gary, en Indiana; y el de la Polinesia Francesa. Marrero explicó que operaciones como las de Lufthansa en Aguadilla, o el paracaidismo recreativo en Arecibo, no se verían afectadas por la transformación propuesta. Aseguró que, por el contrario, se beneficiarían de la operación más eficiente.
El secretario de la Autoridad para las APP aseguró, además, que “el mercado ha mostrado gran aceptación hacia los proyectos de alianzas público privadas, se ha logrado recuperar la confianza para hacer negocios responsablemente”.
De hecho, según Maceira fue el propio mercado el que sugirió el término de siete años para hacer el acuerdo más atractivo.
Añadió que ningún empleado sería despedido por la APP.