DTOP SOBREPAGA A $500 EL DRON
Aunque los barriles de seguridad se consiguen en el mercado hasta por $65, la Autoridad de Carreteras y Transportación pagó $300,000 por 600 de estas unidades, luego de un año y cinco meses del huracán María
A $500. Esa fue la suma que llegó a pagar la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) por 600 drones anaranjados por unidad que se utilizan para cerrar carreteras o alertar de una zona en derrumbe como secuela de la emergencia reportada tras el paso del huracán María, según consta en documentos oficiales en poder de Primera Hora.
Para que tenga una idea, por ordinario, un solo “dron pirámide para tráfico” cuesta alrededor de $75.
Pero si llega a comprarlo al por mayor, el precio disminuye considerablemente.
Una cotización suministrada por el senador Aníbal José Torres -quien hizo la denuncia sobre la compra en alegado sobreprecio que realizó la ACTestablece que, si se compran unos 100 drones al mayor distribuidor de este producto en la Isla, el precio disminuiría a $65 cada uno.
Si en cambio, lo compran en una famosa cadena de ferreterías y artículos del hogar, el precio fijo al cual lo adquirirían sería de $68.99.
Sin embargo, la ACT no pagó estos precios, tampoco utilizó el margen que estableció el Departamento de Transportación federal en su listado de compra por artículos de emergencia, que indica que este producto se debe adquirir a $100 cada uno.
Como parte del contrato 2018-000044, uno de una veintena que hizo la ACT para la instalación de estos barriles de seguridad de tráfico tras el paso de María, y el cual tiene anejado el listado de precios por artículo en caso de emergencia, la agencia le pagó a la empresa Carro & Carro Enterprises unos 30 drones a $103.50 cada uno… y otros 600 adicionales, a $500 cada uno. Según consta de varias órdenes de compra y de pagos entregadas por Torres, la primera adquisición de los 30 drones fue para una obra en fecha del 5 de marzo de 2018. Estos se utilizaron para la carretera PR-140 en Utuado. La segunda fue para trabajos tres meses después, específicamente el 4 de junio de 2018. Los 600 drones se utilizaron para las carreteras PR-140, PR-141, PR-144 y PR-5141, en jurisdicción de Jayuya.
La suma total de estos 600 drones le costó a la ACT $300,000.
Primera Hora revisó otros contratos concedidos por la agencia para los mismos fines y encontró que hubo empresas que vendieron los mismos drones, sin diferenciación del producto, entre $90 a $250 cada uno.
La empresa que vendió los drones a $250 a la ACT, Three O Construction, lo hizo durante un contrato establecido a principios de este año.
Una carta hecha pública por la Oficina del Contralor estipula que el pacto surgió como parte de unos proyectos a realizarse en Guayanilla, Cayey y Ponce desde el pasado 1 de marzo. Se acordó el precio de 45 drones a $250 cada uno.
Según consta en documentos publicados por el Contralor, la empresa que vendió drones a $90 -cada uno- fue Martel, Inc.
El acuerdo disponía que los barriles eran para las carreteras en Añasco, Cabo Rojo, Guánica, Isabela, Lajas, Lares y San Germán, y se hizo efectivo en octubre de 2018. Cuatro meses más tarde, el Gobierno pagó $500 por cada dron.
Estos son proyectos que son sufragados con fondos federales y eso mina la credibilidad del Gobierno”
ANÍBAL JOSÉ TORRES SENADOR PPD
Mina la credibilidad
Tras hacer la denuncia, el senadorTorres cuestionó las razones por las que la ACT pagó a sobreprecio los drones en un proceso que se realizó a través de una subasta por invitación y en el que se aumentó considerablemente el monto de lo contratado.
“Ese fue un contrato que inician por $1 millón y terminó costando $3.6 millones”, afirmó.
Añadió que “los mismos contratistas nos dieron la documentación y se corroboró con personal de la agencia.
Estos son proyectos que son sufragados con fondos federales y eso mina la
credibilidad del Gobierno, la transparencia de los procesos. Por eso es que hay tanta cautela a la hora de hacer desembolsos o reembolsos de fondos federales para obras de construcción”.
El también presidente del Partido Popular Democrático dio cuenta que el contrato no solo establece un aumento significativo en el costo de los drones, sino en otros artículos de señalización que se utilizaron en las vías. Por ejemplo, las barreras de concreto compradas el 5 de marzo se cobraron a $165 y las del 4 de junio a $450.
Da su versión
El presidente de la compañía Carro & Carro Enterprises, Juan Manuel “Manolo” Carro Ortiz, expuso que le sorprende que el contrato que mantuvo con la ACT y que expiró el 30 de abril pasado fuese eje de controversia. “Yo llevo desde el ’98, somos una compañía que ha estado haciendo negocio, con experiencia y capacidad para este tipo de trabajo”, sentenció.
Carro aceptó que recibió una invitación de la ACT para licitar el proyecto, el cual dice obtuvo en un “proceso competitivo”. Ese proceso inicial se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2017, seis días luego del huracán, según consta en el contrato.
Dijo que en varias enmiendas al contrato fue que vendió los drones a $500 cada uno, pues se le exigía la instalación, el mantenimiento y reemplazo de estos en caso de que se los robaran o se dañaran. Sostuvo que cada 15 días enviaba personal a las carreteras por las cuales se le contrató para verificar que allí estuviesen los drones y las señales de tráfico que advertían de los peligros de las carreteras.
Manifestó que los drones no dieron problema mientras estuvieron a su cargo.
“La gente lo que se llevaba eran los rótulos para arreglar sus casas y sus cosas”, comentó Carro Ortiz, quien figura en la Oficina del Contralor Electoral como donante político del gobernador Ricardo Rosselló, el exgobernador Luis Fortuño y el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill.
El empresario también afirmó que, tras acabarse el contrato en abril pasado, dejó los materiales que le vendió a la ACT instalados en las vías.
Dijo desconocer el estado actual en que se encuentran.
Reacciona ACT
La directora de Carreteras, Rossana Aguilar, confirmó que por un año el empresario contratado tuvo la responsabilidad de vigilar y reemplazar las señales de tráfico que fuesen hurtadas o dañadas.
Alegó que actualmente personal de la ACT está a cargo de la supervisión del equipo adquirido. No pudo informar, sin embargo, el estado en el que se encuentran.
Explicó que el contrato, al igual de otros similares que pactaron tras María, se hiciete ron bajo la anuencia del Departamento federal de Transportación.
“Sabemos el impacto monumental que tuvimos debido al paso del huracán María. En la red vial de nosotros, fueron un sinnúmero de incidencias, de derrumbes, de desprendimiento, una cantidad histórica. Ante esto, nos tuvimos que dar a la tarea de inmediato ir a las áreas a atender e instalar dispositivos de seguridad para alertar a los conductores que transitaban por esas vías y garantizar su seguridad. Fuimos a instalar drones de seguridad, barreras, rotulación, dispositivos reflectivos, entre otros”, expuso.
Agregó que para atender la multitud de casos, buscaron “contratistas que nos fueran a instalar estos dispositivos. Anel impacto de María y es conocido, aumentó la demanda de estos dispositivos y de todos los materiales de construcción. Y si aumenta la demanda y la oferta es poca, los materiales incrementan”.
Cuando se le indicó que otros contratos de empresarios establecían precios mucho más económicos, expuso que la agencia se dejó llevar por los precios globales del proyecto y no por el costo de un solo producto. Alegó, de hecho, que la cotización de Carro & Carro Enterprises fue $400,000 más económica de la de los otros dos postores de la zona.
“Se beneficia al interés público, porque el pago era menos”, dijo.
Aguilar, sin embargo, no pudo explicar la razón específica por la que un contrato de $1 millón culminó con un monto total de $3.6 millones.
La ACT no proveyó a Primera Hora la cifra total de drones que poseía antes de María y las que tiene en la actualidad.
La funcionaria comentó que no eran muchos, porque en la mayoría de los proyectos de repavimentación de carreteras lo que hacen es que llegan a acuerdos de alquiler con el contratista.
Aclaró que con motivo del huracán decidieron comprarle a los empresarios los drones, porque desconocían cuándo estarían reparadas las vías.
La explicación la dio luego de que Torres denunciara una supuesta práctica de reutilización de vallas y drones de parte de contratistas.
Aguilar, entretanto, rechazó que sea común que en la agencia se hagan subastas por invitación. Alegó que esa determinación de llamar a los empresarios solo se tomó por la magnitud del impacto del ciclón.