PESQUISAS DE ÉTICA SOBRE ROSSELLÓ Y SUS “BROTHERS” PUEDEN IR PA’ LARGO
El nominado director de Ética Gubernamental pide tiempo para investigar exgobernador y los integrantes del chat
Los abogados de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que investigan posibles irregularidades cometidas por el entonces gobernador Ricardo Rosselló y los otros 11 miembros del chat de Telegram – así como la pesquisa contra el otrora secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, luego que se filtrara una grabación en el que él le solicitó apoyo financiero a jefes de agencia y contratistas para contribuir a la campaña del exmandatario- pudieran tardar hasta dos años y seis meses en concluir el proceso.
Así lo explicó a Primera Hora el nominado director ejecutivo de la OEG, Luis Antonio Pérez Vargas, al aseverar que por ley la oficina tiene hasta 30 meses para culminar una investigación y determinar si procede una querella.
A preguntas de Primera Hora, explicó que ambas pesquisas “están corriendo”.
“No puedo entrar en detalles, son investigaciones activas y hemos tenido ciertos avances pero toda investigación requiere colaboración… lo que la gente pueda creer en la calle, o lo que es evidente para otros aquí se tiene que corroborar. Somos una agencia cuasi judicial y necesitamos lujos de detalles, testigos que autentiquen las imputaciones. Aquí la prueba debe ser clara, robusta y convincente”, explicó quien hasta el sábado pasado fue el
subdirector de la OEG.
¿Ha tenido problemas en el caso de Llerandi (actualmente director ejecutivo de la Compañía de Fomento y Exportación) para ubicar testigos?, se le inquirió.
“No sabría decirle… yo era adjudicador de la agencia y no entraba en investigaciones… la función de un director o subdirector no es investigar”, justificó Pérez Vargas.
Una radioemisora reveló a principios de julio una grabación en la que se escuchó decir a Llerandi lo siguiente: “Hablando de política, la paciencia también está agotada. Yo creo que es momento en que aquellos que estén comprometidos caminemos juntos, los que no, que se echen hacia un lado y permitan que otros lo hagan... es así de sencillo”.
Otra parte del audio coloca a Llerandi diciendo: “¿Qué les vamos a pedir? Nosotros tenemos recursos internos y recursos externos... y para entendedor, pocas palabras bastan”.
Pérez Vargas explicó que una vez se refiere un caso se hace una evaluación inicial para determinar si procede una investigación, y luego, de haber causas para investigar, se levantan pruebas documentales o testificales para probarlas -incluso- en un tribunal.
Este proceso se hace a través de un oficial examinador.
Si prospera la pesquisa se levanta una querella que pudiera culminar con una resolución en el que se dictan violaciones y multas.
“Todo esto es necesario para garantizar un proceso limpio”, insistió.
Con relación al chat de Telegram dijo que se trata de un caso “bastante amplio”.
“Hay muchas personas que sonaron en ese particular y requiere una atención especial… estamos frente a un caso más elaborado porque entramos con otro tipo de evidencia que involucra asuntos tecnológicos”, expresó.
En ambos casos habrá que esperar si se determina hacer querella o se archivan.
“Repito, todo dependerá de la evidencia que se obtenga en al investigación y que sea una que se sostenga en tribunal…así es el proceso de derecho”, agregó.
En el chat – uno atestado de comentarios racistas, burlones y otras actuaciones que pudieran repercutir en delitos criminales- participaron Rosselló; Llerandi; el entonces secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el de Asuntos Públicos y actual director de la Autoridad de Puertos, Anthony Maceira; el entonces representante ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino; el entonces secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín; el entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el exrepresentante ante la JCF, Elías Sánchez; el entonces asesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona; los asesores en comunicaciones Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; y el publicista Edwin Miranda.
Rosselló y los participantes se referían entre sí -en muchas instancias- como “brothers”.
Confiado en ser confirmado
Pérez Vargas confía en ser confirmado por la Cámara de Representantes y el Senado para dirigir por 10 años la agencia fiscalizadora en la que labora desde 2007, cuando entró como empleado de carrera en funciones de promotor educativo.
Posteriormente, dirigió el área de Recursos Humanos y desde enero de 2018 se incorporó como su subdirector.
El funcionario -quien tiene 40 años, tiene dos hijos (de 1 y 3 años de edad) y está casado con la fiscal Thaizza Rodríguezreiteró que entre sus prioridades está reestablecer la confianza a la población sobre los procesos investigativos de la OEG y dar un énfasis particular al área de prevención.
“No podemos tapar el cielo con la mano o vivimos viéndola luna de Valencia. Pero en lo que a este servidor concierne puedo decir a los ciudadanos, al Gobierno y a los funcionarios públicos que me vean trabajar en la marcha y en ese proceso verán el calibre del señor Pérez Vargas y las de un funcionario que por más de una década ha tenido compromiso con esta agencia… hace algún tiempo aprendí que los gobiernos deben ser de leyes más que de hombres, y ese es el proceso”, expresó el nominado director a la OEG, quien tiene un bachillerato en administración de empresas, una maestría en administración pública y actualmente es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en San Juan.
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Verán el calibre de un funcionario que por más de una década ha tenido compromiso con esta agencia… hace algún tiempo aprendí que los gobiernos deben ser de leyes más que de hombres”
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Estamos frente a un caso más elaborado
(chat de Telegram) porque entramos con otro tipo de evidencia que involucra asuntos tecnológicos”
LUIS ANTONIO PÉREZ VARGAS NOMINADO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL