PELEARÁ CON GARRAS LA VALIDEZ DEL CONTRATO
La disputa contractual entre el boxeador Félix ‘El Diamante’ Verdejo y el manejador Ricky Márquez se extenderá a 12 asaltos.
Rafael Silva Almeyda, abogado de Márquez, aseguró ayer que el contrato que firmó Verdejo es “válido” y, además explicó que presentó en un recurso impugnando una sección del reglamento de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico.
“Radicamos una demanda contra terceros, en este caso el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), que es el ente regulador de la Comisión (de Boxeo), porque entendemos que un reglamento que restringe la cantidad de años en los contratos entre un manejador y un boxeador es inconstitucional. Eso atenta contra la libertad de contratación”, dijo Silva Almeyda.
El reglamento vigente establece en el Artículo 14 sobre las Responsabilidades Aplicables al Manejador, que “será nulo… un contrato entre el boxeador y el manejador que sea por un término mayor de cuatro años”.
“El artículo viola el derecho a un contrato. Entendemos que no hay interés apremiante del Estado que lo justifique. Verdejo firmó el contrato dos veces, primero cuando era menor y después como adulto. Las extensiones automáticas son normales en muchos contratos examinados”, apuntó.
Silva Almeyda sostuvo que la limitación de tiempo atenta contra la posibilidad de establecer una relación profesional prolongada.
“Es como firmar a un joven prospecto de 18 años, invertir tiempo y esfuerzo durante cuatro años para tener que dejarlo ir para que otro sea quien disfrute de los éxitos. Entendemos que no procede”, afirmó Silva Almeyda.
La Comisión Atlética de Nueva York es mucho más restrictiva. La Sección 209.4 del reglamento establece que los contratos entre boxeadores y manejadores “no podrán exceder tres años”.
“El DRD tendrá un tiempo para contestar la demanda. Enviaremos un interrogatorio para que Verdejo responda y luego comenzará el descubrimiento de evidencia. Esto está empezando”, concluyó Silva Almeyda.
Los abogados de Verdejo, mientras tanto, señalan en la demanda que el contrato contiene unas extensiones “abusivas” que podrían amarrar la relación por un máximo de 16 años.