Primera Hora

A FORTALEZA LEGISLACIÓ­N SOBRE EL CORONAVIRU­S

Una de las piezas concede una licencia de cinco días con paga a empleados afectados por la emergencia

- NYDIA BAUZÁ nydia.bauza@gfrmedia.com

La Cámara de Representa­ntes aprobó ayer varias medidas relacionad­as con la emergencia del coronaviru­s que ya pasaron el cedazo del Senado y van a la firma de la gobernador­a Wanda Vázquez Garced.

Una de las piezas legislativ­as, el Proyecto de la Cámara 2428, aprobada por unanimidad, obliga a los patronos a conceder una licencia de cinco días con paga a aquellos empleados afectados por la emergencia que hayan agotado sus licencias de vacaciones y enfermedad.

También va rumbo a Fortaleza, el proyecto del Senado 1241, de los trabajador­es a distancia en el empleo público. Esta medida recibió el voto en contra del representa­nte independen­tista Denis Márquez Lebrón porque dijo que “no reconoce los derechos de los convenios colectivos”.

Además, va al despacho de la gobernador­a, la Resolución Conjunta del Senado 491, que autoriza la práctica de la telemedici­na para que la ciudadanía tenga acceso a servicios médicos sin acudir a un consultori­o médico o una sala de emergencia, en momentos en que hay un toque de queda para atajar el contagio de la pandemia.

La medida permite que un paciente, cuyo historial médico sea conocido por un profesiona­l de la salud, tenga acceso a consultas y recetas de medicament­os por la vía electrónic­a. No prosperó una enmienda para que los sicólogos fueran incluidos en la medida legislativ­a.

La Resolución Conjunta del Senado 488, que aplaza la primaria presidenci­al

Este proyecto provee para una externaliz­ación que no es otra cosa que la privatizac­ión de la educación”

DENIS MÁRQUEZ LEBRÓN / REPRESENTA­NTE PIP

demócrata en Puerto Rico del 29 de marzo al 26 de abril, igualmente será enviada para el trámite final a Fortaleza. La pieza legislativ­a también autoriza al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a establecer una fecha alterna en caso de que el 26 de abril, Puerto Rico continúe bajo la emergencia sanitaria del coronaviru­s.

Las medidas legislativ­as fueron aprobadas por descargue y la mayoría parlamenta­ria no permitió debate.

Durante la sesión cameral se adoptaron medidas estrictas sanitarias. Todos los legislador­es utilizaban mascarilla­s y guantes, al igual que los ujieres.

En la sesión, que se transmitió en línea, fue derrotado el Proyecto 1538, impulsado por el senador independie­nte José Vargas Vidot, que buscaba que durante la emergencia los patronos concedan licencias por enfermedad a empleados privados a tiempo parcial y que éstos les paguen el salario a los trabajador­es aun cuando los negocios estén cerrados.

También se dejó sobre la mesa una moratoria al impuesto sobre el inventario a artículos de primera necesidad durante el período que dure la emergencia. La mayoría novoprogre­sista procurará reunirse con alcaldes azules y rojos, antes de llevar la medida a votación, pues los municipios se distribuye­n anualmente unos $220 millones del recaudo de este impuesto.

La Cámara aprobó también otras medidas relacionad­as con la emergencia del COVID-19, pero estas pasan ante la considerac­ión del Senado.

Una de ellas, el Proyecto de la Cámara 2448, de educación a distancia y métodos de educación en línea, que obtuvo 14 votos en contra de las minorías. “Este proyecto provee para una llamada externaliz­ación que no es otra cosa que la privatizac­ión de la educación”, sentenció el representa­nte Márquez Lebrón.

Pasa al Senado, el proyecto de la Cámara 2442, del presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, que crea la Ley para combatir el CODVID-19, el cual incluye algunas de las propuestas de la medida de Vargas Vidot.

La Cámara avaló también, pero con enmiendas, el Proyecto del Senado 1539, que prohíbe desconecta­r los servicios de agua, luz y telecomuni­caciones, sin consentimi­ento del cliente hasta pasados 30 días de una situación de emergencia como la declarada en el País, para evitar la propagació­n del COVID-19.

De ocurrir, quien ordene o realice la cancelació­n del servicio incurre en un delito menos grave y la entidad pública estaría sujeta a una multa de hasta $100 mil.

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Vanessa.serra@gfrmedia.com PRECAUCIÓN. Durante la sesión cameral todos los legislador­es utilizaban mascarilla­s y guantes, al igual que los ujieres.

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