Líderes legislativos, políticos y analistas reaccionan a la controversia
Expertos opinan que el organismo no debe tardar en informar sobre la posible comisión de delitos
Más allá de todo el ruido y acusaciones de parte y parte que ha generado el escándalo por el despido de la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, al tiempo que se sometían seis referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced y otros funcionarios, expertos en temas legales coinciden que en estos momentos lo indicado es esperar por la determinación que tome el Panel de jueces del FEI para conocer el curso que tomará esta controversia.
De igual forma, coinciden en que la designada secretaria de Justicia, Wandymar Burgos, no debió interrumpir el proceso de referidos al OPFEI.
De acuerdo con el abogado y exfiscal Ernie Cabán, sin importar qué digan los referidos al Panel del FEI, está ahora en sus manos determinar si habrá una investigación criminal contra la gobernadora.
“Ese informe puede contener dos cosas: recomendaciones de que se designe un FEI, porque entienden que hay comisión de delitos; o que no se recomiende el FEI”, explicó sobre el proceso que debería seguirse.
“Pero independientemente de lo que diga, la última palabra la tiene el (Panel del) FEI, que tiene discreción para decidir si nombra un fiscal especial independiente (FEI) para investigar a la gobernadora. Ellos (los jueces del Panel) en los casos que recomienden, van a decidir: ‘sí, correcto, hay base para designar un FEI’. O pueden decidir, aun con una recomendación negativa, que pueden proceder con la designación de un FEI”, dijo Cabán.
“Una vez el Panel del FEI reciba los informes... ellos no tienen un término fijo para resolver. Pero yo esperaría que en una situación de tan alto interés público no tarden demasiado y se notifique que se refirió a ‘fulano’ o a ‘zutano’ por la posible comisión de algún delito, y designen al fiscal que hace la investigación a fondo, y que tiene 90 días para culminarla”, detalló el exfiscal.
Insistió en que esperaba que “el Panel, si no lo hace Justicia, le informe al pueblo quiénes están referidos. Y siempre lo han hecho, hasta que se intentó cambiar eso, precisamente con Longo, que tenía su filosofía al estilo de los federales que dan muy poca información. Y cuando informen, pues ya se sabrá si la gobernadora está referida o no”.
El abogado Antonio Sagardía, ex secretario de Justicia, explicó que la Ley del FEI le otorga jurisdicción a ese ente
para investigar esos referidos, incluyendo el que involucra a la gobernadora, y agregó que “es la única agencia de ley y orden que puede radicar cargos criminales a un funcionario en Puerto Rico”.
En cuanto a la controversia entre Vázquez y Longo, se limitó a expresar que aunque
ambas implicadas den versiones distintas “no se puede entrar en especulación. Eso crea confusión y levanta muchas pasiones y mucha crítica”.
“Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Ya los seis referidos los tiene físicamente el Panel del FEI. Al Panel ahora le van a enviar la evidencia que acompaña los referidos con los informes. El Panel lo revisa y los tres jueces deciden si amerita que se decida un FEI. Eso tardará -me imagino- una o dos semanas. Y ya entonces, si designan un FEI, entramos en otro capítulo, más largo y más complicado”, explicó Sagardía.
No obstante, detalló, los jueces deciden cada uno de los seis referidos de manera individual, y podrían determinar que en un caso es meritorio el FEI y en otros no.
“Los jueces van a decidir si el expediente amerita si se designa un FEI. Si se designa un FEI, entonces ese fiscal hará la investigación para determinar si se radica o no un cargo criminal”, dijo Sagardía.
Lacerada la confianza
En cualquier caso, el exfiscal Cabán sí considera que toda esta seguidilla de controversias “afecta la confianza” del pueblo en el funcionario público involucrado, como es en este caso la gobernadora Vázquez, y en su gestión.
“Desde el punto de vista de derecho, la cobija la presunción de inocencia y no está obligada a renunciar. Pero, obviamente, se lacera la confianza y se pone en duda la ejecutoria del funcionario”, afirmó Cabán.
Sin embargo, reiteró que, “un referido para investigación no justifica necesariamente un inicio para un proceso de residenciamiento”, como ya están reclamando algunos sectores de la sociedad.
Para un residenciamiento, detalló, se tiene que establecer “un delito de traición, de soborno, un delito grave o un delito menos grave que conlleve depravación moral”.
Explicó que la Cámara de Representantes “no necesita que se radiquen cargos para comenzar un proceso de residenciamiento”, pero alertó que para dar ese paso, “tienen que tener una base, una prueba, no debe ser por un bochinche, porque es un proceso muy importante que puede cambiar la voluntad democrática del pueblo”.
“No es delito (que Justicia haya detenido los referidos), pero es un acto contrario a la ley, que no se había dado antes...”
ERNIE CABÁN ABOGADO Y EXFISCAL